martes, 9 de outubro de 2018

Medio Ambiente

Fallo que suspendió operaciones en mina San Rafael incentiva a las empresas a negociar con comunidades: Guatelama

La Minera San Rafael sigue suspendida y luego de analizar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida el 3 de septiembre pasado la empresa mantiene preocupación, no solo por los plazos para que se realice la consulta a la población indígena en el  área de influencia,   y así  poder entrar a operar, sino por los términos y nuevas condiciones que se están fijando en este fallo.

Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos y abogada de la compañía explicó que con ese fallo se están violando varios derechos a la empresa y que, a su consideración, incluso se viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿El Ministerio de Energía y Minas (MEM) puede iniciar  algún  proceso en la actualidad?

Para que el MEM y las demás entidades ejecuten el proceso se necesita firmeza de la sentencia, para ello deben estar  conocidas, resueltas y notificadas las resoluciones de ampliación o aclaración solicitadas por las partes. La  CC tiene 48 horas para resolver después de recibidas la  ampliación o aclaración, y de  nuevo se está  excediendo, pues hasta el 5 de octubre van 28 días, y no sabemos cuántos días más.

¿Hay  acciones legales que  pueda  efectuar la empresa en esta fase?

No hemos pensado en presentar alguna otra acción por el momento. Estamos tratando de hacer el caso  de conocimiento público para que existan pronunciamientos. Ya  se han escuchado varios discursos del presidente —Jimmy Morales— y de diferentes personas que  piden que  se resuelva.

¿A qué atribuye que no se le permita operar a la mina mientras se hace la consulta, como se estableció con la hidroeléctrica Oxec?

Es una opinión de abogada, pero considero que esta sentencia refleja un activismo judicial extremo que se desenmarca del Convenio 169 y  de la sentencia del caso Oxec.  El  artículo 6 del Convenio 169 establece que el Gobierno debe consultar, pero no hace una diferencia  por proyecto, por área o por  industria. Sin embargo, la Corte sí hizo esa diferencia.

Vemos que   resolvió   con un  argumento  no  fundamentado, ni en la ley ni en ese Convenio, sino con base en el   análisis del expediente que el MEM  aportó, ya que indicó que  como hay personas en desacuerdo con el proyecto    se evidencia conflictividad, por lo que  no es procedente que opere hasta que se vuelvan a sentar a hablar en relación con la conflictividad.

Con esa  resolución pareciera  que cualquier proyecto donde hay conflictividad estaría sujeto a ser suspendido, cuando vemos que   Guatemala es un país con alta conflictividad provocada para  lograr la suspensión de proyectos. Esa visión  atenta  y viola la Constitución de la República y el Convenio 169 de la OIT, así como sentencias internacionales y de esa Corte.

Siendo el Convenio 169 de la OIT un acuerdo internacional, ¿cabe una acción ante la entidad que creó ese acuerdo?

La OIT es una institución tripartita formada por empleadores, los empleados y el Gobierno,  las reclamaciones las tiene que hacer alguna de estas tres partes. En el Cacif, la organización que  agrupa a los empleadores, se está tocando el tema de revisar si esta sentencia vulnera el Convenio 169.  Debo agregar que la  vulneración más importante  es respecto de cómo se estableció  quién hace la consulta y la facultades de las partes.

¿A qué se refiere?

El Convenio 169 establece que quien debe hacer la consulta es el Estado. Incluso hay países donde la consulta se hace sin siquiera con la participación de la empresa inversora, porque muchas veces el  Gobierno piensa hacer un proyecto sin tener aún un comprador o inversionista. Pero en este caso de  la Minera San Rafael, la sentencia usa terminología que el Convenio no utiliza nunca, y  así se pierde el objeto del Convenio. Pone  a la empresa como parte de la negociación, ya que  dice que el MEM es un mediador,  conciliador y coordinador, y  que las partes de la consulta son los pueblos indígenas y la empresa.

Eso está preocupando  mucho al sector privado, porque la sentencia lo que hace es agarrar a todas las empresas y sentarlos en una mesa de negociación en donde todos sabemos nada más quién va a perder, pero ni siquiera sabemos quién va a ganar.

Menciona que detectaron que se cometen varias violaciones a principios.

Esta sentencia transgrede muchos principios del Derecho. Uno importante es que no se  identifica expresamente el delito que está denunciando, cuándo y por qué. Además, la Corte  reconoce que el único hecho reclamado es la  supuesta no consulta por parte del MEM, pero también dice que  como el derecho de consulta es un derecho macro  también se puede asumir que se está  violado el derecho ambiental, y lo añade.  Así, transgredió  el  principio constitucional legal, derecho de defensa, derecho legal y otros, e  interpretó lo que el amparista quiso haber dicho.

Consideramos que la Corte amplió los actos reclamados para poder darle validez a la correpresentatividad de Calas —oenegé que impugnó el proyecto—, ya que esa organización no tiene  representatividad de ningún pueblo indígena.

También dice —la Corte—  que  está en duda el tema ambiental y la determinación del área de afectación, por lo que pidió una revisión del  área por medio del estudio de impacto ambiental (EIA). Eso ya existe, pero no lo revisaron ni lo leyeron, ni le dieron copias a las universidades. Es   ilegal, porque la Corte, la OIT y otros han dicho que quien determina el área de afectación de un proyecto es el EIA,  y no otras entidades.

Impacto económico, según la minera:

- A este lunes la minera lleva 460 días sin operar, desde la suspensión ordenada el 5 de julio del 2017.
- Las pérdidas en la economía son de Q5.1 millones diarios, que llegan a Q2 mil 346 millones a este lunes.
- De ese monto, alrededor de Q503 millones corresponden a impuestos y regalías, indicó el vocero de la minera, Andrés Dávila.
- Minera San Rafael es propiedad de la firma canadiense Tahoe Resources, pero el 58% de las acciones corresponde a estadounidenses.
- Según Dávila, el impacto a Tahoe es que perdió más de la mitad del valor de la empresa debido a ese caso. Las acciones pasaron de cotizarse en casi los US$27 a US$2.5.

Sentencia del TC

En la  resolución, los magistrados confirmaron la primera sentencia que mantiene la suspensión de la mina, pero ordena al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, realizar la consulta.

"La omisión de atender esta decisión judicial irrogará al titular de la cartera las responsabilidades civiles y penales correspondientes y provocará la nulidad de las licencias que sean otorgadas con inobservancia de lo dispuesto en este numeral", agregó el fallo.

El pleno de magistrados emitió la resolución con cinco votos a favor, un voto razonado disidente y un voto razonado concurrente.

Martín Guzmán, secretario de la CC, aseguró que el fallo responde a que se determinó la existencia de población xinca en el área de influencia de la mina, por medio de requerimientos de información a órganos técnicos especializados de las universidades San Carlos y Del Valle.

Refirió que el área de influencia  se determina según la zona de explotación que opera el proyecto El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.  “Se hace ver que, aun cuando no hubiera —población xinca—, de llegar a determinar que hay comunidades indígenas de otra etnia, de igual manera se debe llevar a cabo la consulta”, aseguró el secretario.

Después de 425 días sin operar, la Minera San Rafael reporta unas 700 personas despedidas y una pérdida para el Estado de Q467.5 millones en impuestos y regalías.

Antecedentes del caso

En julio del 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera San Rafael.

Entre los argumentos de los demandantes estaba que la minera no había seguido los mecanismo legales para instalarse en el lugar, como el incumplimiento de la consulta a las comunidades aledañas, así como un estudio de impacto ambiental más profundo.

En octubre del 2017, representantes de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) presentaron ante la CC el recurso Amicus Curiae o Amigo de la Corte, dentro de ese proceso constitucional de amparo para el caso de Minera San Rafael, que busca reanudar operaciones de la empresa.

En febrero del 2018, la Asociación de Empleados de Minera San Rafael presentó también un recurso ante esa corte para que resuelva la situación en definitiva de esa compañía.

En marzo del 2108, la CC solicitó a tres entidades que efectúen un estudio antropológico en el municipio de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, para ampliar la información y así poder emitir una sentencia en el caso de la Minera San Rafael ubicada en esa zona.

La CC expuso que durante el análisis que han efectuado se ha visto la posibilidad de que habite población indígena en el área de influencia del proyecto de la Minera San Rafael.

El estudio fue solicitado al Ministerio de Cultura y Deportes, al Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos, y al Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle.

Expertos habían advertido de que la tardanza de la CC en resolver sobre el caso podría motivar a un verdadero estallido social entre quienes reclaman que la minera sea suspendida en definitiva y aquellos que la defienden como una fuente de trabajo; de hecho, grupos de ambos bandos se apostaron con carpas frente a la Corte en espera del fallo.

En mayo del 2018, la embajada de Estados Unidos en Guatemala instó a la Corte a resolver sin demoras, apegada a los derechos humanos y leyes ambientales el caso de la minera San Rafael, que no puede operar desde hace 271 días

(Publicado por Prensa Libre - Guatemala, 9 octubre 2018)
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