El tribunal, además, condena a España a pagar otros 11 millones de euros cada seis meses mientras no se resuelvan los problemas en todos los casos. A día de hoy, según la Comisión Europea y el tribunal, en nueve de esos 17 casos los problemas no se han solventado. Se trata de localidades fundamentalmente de Andalucía, aunque también hay un caso de Canarias y otro de Asturias.

El tribunal europeo resalta que "el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante". Y añade: "con arreglo a la información facilitada por España, la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años en relación con el plazo que fija" la directiva que España ha incumplido.

La sanción llega después de que la Comisión Europea demandara a España en abril de 2017, tras un sinfín de avisos, cartas de emplazamiento e incluso una condena, aunque sin multa, del mismo tribunal en 2011. Aquella sentencia hacía referencia al incumplimiento en 37 aglomeraciones.

Las 17 localidades afectadas

Las 17 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes por las que España fue llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE son:

Andalucía. Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate.

Asturias. Gijón Este.

Galicia. Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo.

Comunidad Valenciana. Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira.

Canarias. Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar.

Datos sobre el caso

En los últimos 27 años ha dado tiempo para que España tenga tres presidentes socialistas y dos populares. Pero ninguno de estos Ejecutivos del PP y del PSOE ha cumplido completamente con la directiva sobre el correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas. La norma data de mayo de 1991. Y, tras un sinfín de avisos de Bruselas, cartas de emplazamiento e, incluso, condenas –aunque sin sanciones–, la primera multa por los incumplimientos sostenidos de la normativa comunitaria está previsto que llegue este miércoles desde el Tribunal de Justicia de la UE. Y será millonaria, como han reconocido el Ejecutivo español y la Comisión.

España se unirá así al club de países de la Unión Europea –entre los que figuran ya Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Portugal e Italia– sancionados por estos mismos incumplimientos.

Cuando la ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, llegó al cargo sabía lo que se venía encima. "Estamos a punto de recibir la notificación de multas coercitivas muy importantes por el incumplimiento de las obligaciones de saneamiento y depuración", adelantaba en una entrevista com la prensa. Unos días después, en el Congreso de los Diputados, insistió en la misma idea y en "los deficientes y preocupantes niveles de depuración de aguas residuales" de España. La ministra Ribera propuso "un plan de choque". El anterior Ejecutivo ya declaró algunas depuradoras de "interés general" para asumir las costosas obras de construcción de esas instalaciones, que requieren de varios millones de euros de inversión.

Norma de 1991
España tiene abiertos cuatro expedientes por incumplimientos de aquella directiva de tratamientos de las aguas residuales urbanas de los años noventa. El expediente sobre el que se pronunciará este miércoles el Tribunal de Justicia de la UE y que acarreará esa primera sanción hace referencia a las obligaciones que tenían que cumplir las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes –la norma era más o menos estricta en función del tamaño de las localidades–. La directiva de 1991 establecía que los municipios de más de 15.000 habitantes tenían que cumplir con una serie de requisitos sobre colectores y tratamiento para evitar que se vertieran aguas residuales sin control a los ríos o mares. Y la fecha tope que se daba era el 1 de diciembre de 2000.

Llegó 2008 y los Ayuntamientos y comunidades autónomas de España no habían cumplido. La Comisión Europea demandó entonces al país ante el Tribunal de Justicia. España fue condenada en 2011 por el incumplimiento en 37 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes.

PL del cambio climático

Teresa Ribera (Madrid, 1969) tiene claros sus dos objetivos inmediatos: llevar al Congreso la futura ley de cambio climático —que la Cámara baja ya reclamó en 2011— y elaborar el plan energético para la próxima década que debe presentar ante Bruselas. La ministra para la Transición Ecológica sostiene que estos dos textos —claves para marcar el futuro energético y medioambiental de España— los tendrá rematados a final de año, entre noviembre y diciembre. Con el Gobierno anterior estas normas se retrasaron, entre otros asuntos, por las discrepancias entre los ministerios de Medio Ambiente y Energía. Ribera tiene ahora ambas competencias.

Pregunta. ¿Tendrá España una ley de cambio climático esta legislatura?

Respuesta. Me encantaría. Voy a hacer todo lo posible. Remitiremos al Parlamento antes de final de año una ley cuyo primer borrador me gustaría dar a conocer al conjunto de la sociedad española antes del 1 de agosto. Es fundamental para orientar las grandes decisiones de inversión. Mi impresión es que hay una mayoría muy amplia entre los grupos parlamentarios para respaldarla. La novedad es que lo que parecía imposible ahora parece una realidad y hasta el grupo popular tiene interés en aprobar esta ley. La norma necesita dejar al margen las miserias políticas con las que creo que se gestionó este asunto por parte del Gobierno anterior.

P. ¿Qué miserias políticas?

R. No es razonable pensar que después de siete años en el Gobierno y teniendo un mandato claro por parte de la Comisión de Cambio Climático del Congreso desde 2011 no se haya trabajado en ese proyecto de ley. No es razonable que, después de haberse anunciado que se iba a trabajar en ello por parte del presidente del Gobierno en 2015, durante mucho tiempo no se diera un texto. Tampoco, las discrepancias públicas entre los distintos ministros. Además, no es muy respetuoso ni con la sociedad ni con las instituciones que, de repente, el portavoz del grupo parlamentario popular se saque de la manga un texto de una proposición de ley que coincide con el estado de los trabajos de los servicios del Ministerio de Medio Ambiente.

P. ¿Qué objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero considera adecuados para 2030?

R. El objetivo debería estar alrededor de un 20% menos con respecto a las emisiones de 1990. Traducido a las cifras de hoy, significaría algo más de un 45% de reducción. Esto significa un impulso inmenso en las medidas de eficiencia energética y un nivel de penetración muy fuerte de las renovables, dejando prácticamente a final de la década de los veinte o principios de los treinta un sistema eléctrico con muy pocas emisiones.

P. ¿Y se plantea incluir un objetivo de renovables para 2030?

R. Sí, pero eso lo tendremos que ir viendo en función del ajuste de las estimaciones de comportamiento en términos de eficiencia y, por lo tanto, de demanda de energía. Para esto es clave contar con otra pata que no está dentro de la ley, pero que es extraordinariamente útil para un inversor: el plan nacional integrado de energía y clima. Servirá para planificar inversiones, políticas y orientar la tarea de los distintos responsables públicos y privados. Ahí estamos más retrasados, parece que hay un modelo teórico, es decir, no hay nada. Es un documento muy complejo que hay que presentar antes de final de año. Miguel Arias Cañete, comisario de Energía y Clima, tiene entre sus obligaciones facilitar que el conjunto de los planes de energía y clima —que los miembros de la UE deben presentar este 2018— ofrezcan una visión creíble y coherente con el objetivo de reducción global de emisiones que se ha marcado Europa. Habrá hecho números y vendrá a visitarnos. Y nos contará qué espera de España. En todo caso, este asunto forma parte de la prioridad número uno de este ministerio: debemos acabar el texto de la ley sobre la que poder trabajar en las siguientes etapas y estar en condiciones de poder presentar un plan solvente de energía y clima en diciembre.

P. Cuando venga el comisario, ¿qué le va a ofrecer España? ¿Un calendario de cierre de las centrales térmicas de carbón?

R. Deberemos ver cuál es el análisis de un observador cualificado, como es la Comisión Europea, respecto al potencial de España para combinar reducciones de emisiones en todos los sectores energéticos y cumplir con nuestra cuota en términos de PIB, demográficos... Y con respecto a nuestra propia previsión sobre las centrales de carbón, habrá que ir viendo. Es obvio que hay elementos del conjunto de las políticas comunitarias que van dejando fuera de rentabilidad determinadas inversiones energéticas. Y es obvio que si no avanzamos en la reducción de las emisiones donde son más intensas, como es el caso del carbón, habrá que avanzar en reducción de emisiones en otros campos. Y si no reducimos las asociadas al transporte, habrá que pensar que tendremos que avanzar con reducciones asociadas a vivienda o agricultura, donde es mucho más costoso, difícil y se tarda más tiempo. No es porque una tenga especial manía a un determinado sector, sino porque el potencial, el coste y la visión de futuro da una cierta orientación de cuáles son las grandes líneas de la mejor combinación. Vamos a trabajar en ir cerrando de manera razonable todo ese potencial térmico de carbón. Pero eso no se puede hacer de cualquier manera.

P. ¿Da por hecho que no habrá centrales de carbón en 2030?

R. Veo poco claro que pueda haber ninguna central de carbón eficiente desde el punto de vista económico —en el contexto regulatorio actual y de demanda social— en Europa más allá de 2030. Es prácticamente imposible. Alguna excepción habrá. Pero, aunque el Gobierno no hiciera absolutamente nada, es ilusorio pensar que las centrales podrían superar esa fecha.

P. Respecto a las minas de carbón, ¿alguna en España seguirá abierta más allá de 2019, cuando ya no habrá ayudas públicas?

R. En este asunto este Gobierno se lo ha encontrado todo hecho. No hay más que hacer. Solo trabajar con las personas, los sindicatos y los trabajadores, a los que todavía no se les ha ofrecido con seriedad una alternativa. Pero el contexto de la minería está cerrado previamente a nuestra llegada. Es un debate estéril que crispa donde no debería.

P. ¿Y qué ofrece el nuevo Gobierno a las comarcas afectadas?

R. El nuevo Gobierno ha querido escenificar desde el primer momento un compromiso serio con los sindicatos, trabajadores y comarcas para buscar las soluciones locales que permitan un futuro económico inversor, solidario, de capacitación y recualificación profesional que dé perspectivas de estabilidad para la gente que vive allí. Uno de los grandes problemas de España es la pérdida de población y lo que deberíamos plantearnos es qué tipo de servicios, de incentivos, pueden dar un futuro para la gente joven y el conjunto de la población de zonas que durante mucho tiempo han estado volcadas en un monocultivo. Sabemos que no es fácil, pero es importante que se haga desde la cercanía. Hay que ofrecer un futuro, y no solo decir que se mantenga lo que hay, aunque no tenga ningún sentido.

P. ¿Esto debería ser lo primero?

R. Sí. El presidente y la ministra de Trabajo ya han tenido encuentros con sindicatos. Y yo tengo la intención de verme con ellos muy pronto. Hay una visión de conjunto en la transición ecológica que va más allá de la visión sectorial de algunas secciones sindicales. Lo que importa es que todos los trabajadores tengan posibilidades de futuro. Que va a haber ganadores y perdedores en este cambio tan importante de la economía está claro, pero lo que hay que facilitar es que todo el mundo encuentre un espacio dentro de las apuestas ganadoras.

P. ¿Va a permitir el Gobierno que las nucleares superen los 40 años de vida?

R. Debo saber antes algunas cosas. No sé por ahora cuánto cuesta que sigan operando, ni de cuántos recursos se dispone para ello o quién financiará esas inversiones; tampoco qué ocurre con la estimación del volumen de residuos que se generen o si es lo más eficiente en el escenario de cero emisiones del sector eléctrico que sigan. Luego está lo que mantiene el programa del PSOE, que a priori yo no cuestiono y es que las centrales vayan cerrándose de manera ordenada según vayan cumpliendo el tiempo de diseño para el que fueron concebidas, 40 años. Es un debate que está teniendo lugar en muchos países. Pero todavía es pronto para responder, porque solo hace tres semanas que llegué al ministerio.

P. Pero usted conoce bien el sector...

R. Aun conociéndolo, me faltan los números.

P. ¿Pero cree que los nucleares de España son viables más allá de 2030?

R. En los próximos 20 meses todos los titulares de centrales nucleares solicitarán prorrogar las licencias de operación o que se les autorice el cierre. La pregunta es: ¿en algún sitio existe un conjunto de escenarios, con datos económicos, financieros y requerimientos técnicos para poder resolver con solvencia a esa pregunta? Sospecho que no ha habido una voluntad de poner los números claramente encima de la mesa. Seamos serios y responsables a la hora de hacer propuestas. Entendamos cuáles son los pros y contras de la prórroga o el cierre. A mí no se me puede olvidar que hay un mensaje muy claro en el programa del PSOE, pero seamos serios con respecto a lo que tengamos delante y planteemos el debate social con la perspectiva de cero emisiones en 2050.

P. ¿Qué hará el Gobierno con el almacén para residuos nucleares de Villar de Cañas?

R. Forma parte de la misma discusión. No existe un plan. El nivel de falta de anticipación del anterior Gobierno es tal que no sabemos cuánto cuesta mantener o cerrar las centrales y, por lo tanto, no sabemos cuánto es el volumen de residuos que tenemos que gestionar, ni tampoco las dimensiones que tendría que tener un Almacén Temporal Centralizado. Es un asunto lo suficientemente serio para esperar a tener una primera foto de conjunto en la que encajen las piezas.

P. De momento, no se ha instalado prácticamente nada de la potencia de renovables que el anterior Gobierno subastó. Estamos en serio riesgo de no cumplir con los objetivos europeos de renovables en 2020. ¿Tienen algún plan de emergencia?

R. En primer lugar, deberíamos sacar adelante un plan de choque en materia energética, con algunas primeras herramientas que permitan reactivar las señales de transición. En segundo lugar, el diseño de subastas que ha aplicado España ha sido objeto de contestación y preocupación en algunos foros. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con por qué incluso lo adjudicado está costando que se instale. Probablemente tiene que ver con esas ofertas que se hicieron y ese modo en el que se propusieron las subastas, que no siempre van a permitir que se pueda construir inmediatamente con la conexión y la evacuación a la red necesaria. Este es uno de los aspectos inmediatos que tenemos que resolver, porque tenemos que garantizar el cumplimiento de los objetivos de renovables a 2020. Mi intuición es que no solamente la cuestión de las renovables está en duda. Sospecho que, dado el comportamiento de las centrales térmicas en los últimos años, las emisiones de gases de efecto invernadero de 2017 nos van a dar algún disgusto. Creo que no adoptar medidas sistémicas y retrasar algunos cambios importantes acaban generando un cuello de botella que hace que tengas muy poco margen de maniobra.

P. ¿Podrían volver las primas a las renovables?

R. Estamos en un momento en el que se está perfeccionando el sistema de subastas de tecnologías, lo que no significa que no pueda haber primas para algo puntual. Quizás, para determinadas tecnologías no maduras se necesita un acompañamiento de esas características. Pero, básicamente, se ha pasado ya del modelo de primas a las renovables al de subastas con carácter general.