El Poder Judicial fue declarado oficialmente en emergencia por un plazo de noventa días, tal y como había adelantado su presidente, Duberlí Rodríguez, en atención a la difusión de audios que revelan negociaciones entre jueces, empresarios y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
A través de resolución administrativa 203-2018-CE-PJ, se confirma el estado de emergencia de este poder del Estado en atención a la "problemática que se presenta en la realidad judicial peruana".
"Resulta imperativo adoptar medidas urgentes e inmediatas para restablecer el normal, eficiente, eficaz y transparente desarrollo de las actividades jurisdiccionales", indica el documento.
La declaratoria de emergencia alcanza a los órganos administrativos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. También a todos los distritos judiciales del país, la Sala Penal Nacional, el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y a la Gerencia General del Poder Judicial.
También se confirmó la aprobación del plan de trabajo que planteó el presidente del Poder Judicial para que sea aplicado progresivamente.
La sala plena del Poder Judicial decidió la declaratoria de emergencia ante la divulgación de información denunciando negociaciones y favorecimientos a diversas personas desde el CNM.
Producto de la difusión de estos audios se ha detenido preliminarmente a Walter Ríos, ex juez superior del Callao, y se ha dictado impedimento de salida del país contra Julio Gutiérrez, renunciante miembro del CNM.
Congreso
El Congreso realizará una legislatura extraordinaria el próximo viernes 20 de julio , tal como pidió el presidente Martín Vizcarra, pero solo se podrá analizar los avances en la investigación que realiza la Comisión de Justicia, informó hoy el titular del Parlamento, Luis Galarreta .
"Frente a la citación de un pleno de parte del presidente constitucional Martín Vizcarra , informamos que este poder del Estado va a participar como corresponde, desde la Constitución, frente a una citación que el Parlamento ya tenía programada para el lunes 23 de este mes", indicó.
Aunque manifestó que el Congreso ya tenía programado una reunión extraordinaria para el lunes 23 de julio para debatir los avances en la investigación.
Explicó que existen dos formas de convocar a una sesión extraordinaria del Pleno, una es la autoconvocatoria con las firmas de más de 70 congresistas; y la segunda es por pedido del presidente de la República.
"El señor Vizcarra mandó un oficio pero no tenía valor hasta que mandó un decreto, creo que le informaron eso; tal vez por apurado no lo hizo, y ya está convocado formalmente para el viernes 20", añadió.
Sin embargo, consideró difícil que para el viernes 20 se haya invitado a los demás miembros del CNM que tienen pendiente acudir a la Comisión de Justicia, ya inicialmente se le había dado plazo hasta el lunes 23 para elaborar un informe sobre las investigaciones a sólo dos consejeros del CNM.
"Para el 20 está convocada la legislatura extraordinaria por el presidente de la República, y hasta ese momento vamos a ver cuánto ha avanzado en el debido proceso la Comisión de Justicia (...). Tal vez para el lunes 23 sí la Comisión de Justicia haya podido avanzar un poco más pero si se puede hacer el mismo 20 pues perfecto", dijo.
Galarreta se refirió también a la propuesta de que organismos internacionales tengan injerencia en resolver la crisis judicial en el Perú y enfatizó que "se defenderá la autonomía y la independencia" del Congreso para afrontar esta situación.
"Este no es un país republiquete, nosotros tenemos claramente, como Congreso de la República y primer poder del Estado, que tenemos que tomar decisiones dentro del marco institucional. No podemos tomar decisiones por temor, por miedo o porque tenemos que correr inmediatamente frente a situaciones que requieren que pongamos un punto final a una crisis muy complicada", aseveró.
El congresista de Fuerza Popular indicó que la Junta de Portavoces decidió continuar con las investigaciones y fiscalización de aquellos que hayan cometido actos ilícitos, ya sean delitos o infracción constitucional.
"Los peruanos tienen que tener claro que su Congreso no sólo va a ver la sanción y la fiscalización sino la ansiada reforma que se requiere en nuestras instituciones", comentó.
En ese sentido, reveló que para el período legislativo 2018 - 2019, la Comisión de Constitución tendrá un trabajo "adicional y especial", que es elaborar una propuesta de reforma del sistema judicial nacional.
Para ello, la comisión se reunirá una vez por semana, adicional a la que tiene para analizar otras reformas, para debatir todos los temas relacionados con la reforma del sistema jurisdiccional del Perú, que incluye al Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y al Tribunal Constitucional.
"Es el momento de que se tenga una respuesta institucional adecuada y responsable, dentro de los marcos constitucionales", dijo.
Para esta labor, la Comisión de Constitución podrá citar a representantes de las distintas instituciones que se evaluarán como parte de la reforma judicial.
"El Congreso va a hacer aquella reforma que durante años ha estado paralizada y una reforma requiere de un estudio especial, y eso es lo que va a hacer la Comisión de Constitución, Reglamento y ahora también será de Reforma Constitucional para efectos de sistema jurisdicional", detalló.
También pidió calma a los peruanos y no dejarse llevar por aquellos que quieren motivar la toma de calles, que la institucionalidad no funciones y generar zozobra sobre las instituciones del Estado peruano.
"Esa no es la salida que corresponde a un país democrático", dijo.
(Publicado por Gestión - Perú, 18 julio 2018)
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