El Tribunal Constitucional ha admitido este martes el primer recurso del Gobierno de Pedro Sánchez contra una resolución del Parlament. El tribunal ha aceptado por unanimidad estudiar la impugnación planteada por el Ejecutivo contra la moción por la que la Cámara catalana se ratificó el pasado 5 de junio en los objetivos políticos del 9-N de 2015 y abrió la puerta a volver a intentar la idependencia unilateral. La decisión implica la suspensión de la moción, aunque en este caso el tribunal no apercibe al presidente ni a los miembros de la Mesa de las consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de esta medida , ya que el Ejecutivo de Sánchez no pidió al tribunal que incluyera esas advertencias.
Según los magistrados, la moción del Parlament es una nueva versión sobre una normativa del Parlament que ya fue anulada y suspendida por el Constitucional en 2015. La moción constaba de seis puntos y el Constitucional ha anulado cinco, en los que se preveía, además de culminar la independencia, reiterar los objetivos del 9 de noviembre de 2015 y hacer efectivos artículos suspendidos de varias leyes autonómicas. “El Parlamento de Cataluña, antes las actuaciones del Estado, por medio del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía, de judicialización y persecución de los actos consecuentes con su mandato democrático ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlamento, para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña”, recogía la resolución.
La providencia acordada por el tribunal da traslado de la demanda y documentos presentados al Parlamento de Cataluña para que en el plazo de 20 días pueda personarse en el proceso y formular las alegaciones.
El texto del Parlament contó con 68 votos a favor de los tres grupos secesionistas y el rechazo de los ocho diputados de Catalunya en Comú. Los 56 del bloque constitucionalista -36 de Ciudadanos, 16 de PSC y cuatro del PP- no participaron en la votación al sostener que contravenía la sentencia del Tribunal Constitucional que, de hecho, ya anuló la resolución de 2015. Este documento logró el apoyo de 89 votos procedentes del Junts per Catalunya, Esquerra, PSC y los comunes y 43 en contra de Ciudadanos, PP y la CUP.
(Publicado por El País, Jul 17, 2018)
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