La medida, dictada en la víspera, tendrá una vigencia de 30 días e involucra a la vivienda ubicada Calle Fernando Castrat N° 177, en el distrito de Surco.

Al respecto, Julio César Espinoza, abogado de Humala, indicó que el juez Concepción Carhuancho decidió declarar fundado el pedido de suspensión de la ejecución de la desposesión de la vivienda donde residía la ex pareja presidencial.

"La medida del juez no es para el conjunto de inmuebles (cinco), ¿qué ocurrió?, ayer decidimos, alrededor de las 2 de la tarde, presentar un escrito de aclaración. Yo firmé un escrito en el que le indicaba el juez algo que es elemental", declaró en RPP Noticias.

Datos

Pocas horas después de afirmar en una entrevista el domingo en la noche que había salido de la cárcel “sin ánimos de rencor ni venganza”, las autoridades incautaron dos inmuebles al ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia y les ordenó que la abandonasen. La medida alcanzó a la residencia de la suegra del ex mandatario, Antonia Alarcón, y a la vivienda de la amiga de la ex primera dama y ex funcionaria Rocío Calderón.

El espectacular despliegue de efectivos de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la policía, vestidos con uniformes de combate y provistos de subfusiles de fabricación estadounidense Sig Sauer MPX de 9 mm., sorprendió a todos porque se produjo a una semana de que la ex pareja presidencial dejó la prisión en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional

A las 10 de la mañana del lunes, cuando ya se había iniciado el proceso de incautación, el Ministerio Público en su cuenta de Twitter informó: “El fiscal Germán Juárez (Atoche) de la Fiscalía de Lavado de Activos dirige diligencia de incautación luego de obtener la autorización judicial de cinco inmuebles del ex presidente Ollanta Humala y otros investigados en los distritos de Surco, La Molina, La Victoria y Lurín”.

Cuando se rumoró que se trataba de una incautación de evidencias, por la misma vía el Ministerio Público aclaró: "Incautación de los inmuebles implica su desposesión y entrega al Pronabi (Programa Nacional de Bienes Incautados), debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito".

¡Abran paso!
Documentos obtenidos por La República demuestran que el fiscal Germán Juárez solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho la medida extrema de incautación de bienes, a las 9 y 44 de la mañana del miércoles 11 de abril de este año. Es decir, al día siguiente que los magistrados del Tribunal Constitucional empataron a 3-3 la votación del habeas corpus de la ex pareja presidencial, y dejó el caso a la espera del voto del magistrado Luis Espinosa-Saldaña, que ya se sabía que era a favor de la excarcelación (ver documento).

Pero, además, el fiscal Juárez pidió la incautación cuando la pareja se encontraba en la prisión y sus hijos en la vivienda familiar, lo que implica que lo que buscaba la autoridad era desalojar a los menores de edad que residían ese momento en el domicilio.

Otro documento firmado por el propio fiscal Germán Juárez (el Oficio N° 444-2018-MPFN-2°FISLAAPD/3ER.D), confirma que pidió al magistrado Richard Concepción el decomiso de los inmuebles el 11 de abril de este año, cuando los Humala estaban encarcelados.

Hechos encadenados
El requerimiento del fiscal Juárez se produjo en el contexto de las duras declaraciones y advertencias del coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, jefe inmediato de Germán Juárez. Vela dijo que un fallo del TC a favor de los Humala sería muy cuestionable: “Por el propio funcionamiento y sanidad del sistema de justicia, no debe de haber un nivel de intromisión excepcional que no corresponde. (...) Estamos en la clara expectativa de que se respeten la majestad y los fallos judiciales del Poder Judicial”, dijo el 3 de abril.

Curiosamente, el mismo 11 de abril que Germán Juárez solicitó la incautación, el presidente del TC, Ernesto Blume, respondió categóricamente a Rafael Vela: “A mí me parece muy mal que este señor fiscal trate de presionar al tribunal con declaraciones tremendistas, tratando de influenciar en la voluntad de los señores magistrados. Ese caballero debería saber que tiene que respetar la Constitución y la Constitución le ordena que respete las competencias del Tribunal Constitucional”. Blume no sabía que luego que salieran de la cárcel por mandato del TC, la fiscalía endurecería su acción sobre los Humala incautándoles su vivienda familiar.

En efecto, como si se cumpliera un guion, el jueves 26 de abril, el Tribunal Constitucional finalmente difundió que dispuso la excarcelación de los Humala. Y al día siguiente, el viernes 27 de abril, coincidentemente el juez Richard Concepción, a pedido del fiscal Juárez, dispuso la incautación de las viviendas de los Humala, la suegra Antonia Alarcón y Rocío Calderón.

Ollanta Humala declaró en la puerta de su casa que la vivienda ya se encontraba embargada y bloqueada en Registros Públicos, por lo que consideró que la decisión judicial era un exceso. “En todo este proceso que estamos llevando, no nos hemos ido como otros se han escapado o se han ido a otros lugar esperando que prescriban los delitos. Nosotros nos hemos quedado y hemos acatado cada disposición que se ha venido dando”, dijo.

Anunció medidas legales para levantar la incautación.

Familia Humala recurrirá a instancias internacionales
- Después de las 10 p.m., plazo que le otorgó el Ministerio Público, Ollanta Humala y Nadine Heredia no abandonaban su vivienda en Surco, que les fue incautada en el marco del proceso que se les sigue por supuesto lavado de activos.

A las 11.30 p.m. continuaban con los funcionarios del Pronabi en el interior del inmueble recogiendo sus pertenencias y respondiendo a las interrogantes sobre la casa. No obstante, su abogado Wilfredo Pedraza aseguró que ambos dejarían la propiedad un par de horas después.

- Pedraza anunció, además, que hoy apelarán la medida judicial y que incluso prevé recurrir a instancias internacionales. Igualmente, indicó que Humala solicitará al Pronabi alquilar la vivienda.

Los argumentos de la resolución judicial
- La resolución del juez Richard Concepción Carhuancho de allanamiento y desposesión de la casa de Nadine Heredia, esposa del ex presidente Ollanta Humala, concluye que no existe otra medida menos lesiva para asegurar que los bienes no puedan ser transferidos o vendidos a terceros.

La incautación se sostiene, como medio probatorio, en la declaración del colaborador eficaz 03-2015, el único que sostiene que la campaña de Humala del 2006 recibió dinero de Venezuela a través de la empresa Kaysamak, supuestamente sustraído del Estado por el fallecido ex presidente Hugo Chávez. Sin embargo, no existe una investigación sobre ese tema en Venezuela, ni lo habrá contra una persona ya fallecida.

Ese dinero supuestamente recibido en la campaña del 2006, que habría sido apropiado ilícitamente por el ex presidente Hugo Chávez, habría llegado a Nadine Heredia a través de su madre, Antonia Alarcón, y de su amiga Rocío Calderón. Luego, ese dinero se habría utilizado para adquirir el inmueble de la calla Castrat.

La Fiscalía solicitó el allanamiento el 11 de abril, y el juez lo aprobó el 27 del mismo mes, cuando Humala y Heredia se encontraban presos y en la casa vivían sus hijas menores de edad.

"Sigo creyendo que el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia debe llegar a juicio. Pero estas incautaciones me parecen innecesarias". César Azabache, Abogado

"Cuando los fiscales y jueces buscan notoriedad e impacto mediático en su trabajo pierden el rumbo. Bienes embargados y asegurados ahora se incautan. No era necesario afectar hogar familiar y sin acusación". Juan Jimémez Mayor, Ex primer ministro.

"Tras fallo del TC (que excarceló a los Humala), el juez pretende castigar al ex presidente, su esposa e hijos dejándolos sin hogar". César Nakazaki, Abogado defensor.

(Publicado por Gestión y La República - Perú, 8 mayo 2018)
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