Una nueva demanda por indemnización de perjuicios enfrentan los ex socios y directores de la fallida Fernández Wood Corp (FW): Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal Ureta, Francisco Javier Errázuriz y Pedro Pablo Errázuriz.
Itaú presentó, a fines de noviembre, una acción judicial con la cual demanda un pago de $3.317.549.078 (unos US$ 5,47 millones), más reajustes e intereses, por parte de los ex directores, con el fin de que respondan “por todos los perjuicios que le ocasionaron por el incumplimiento de obligaciones válidas, vinculantes y enteramente exigibles”.
La medida, que también exige el pago de las costas del caso, también se hizo extensiva a sociedades ligadas a los ex directores: Inversiones y Asesorías Arlop Limitada (Aresti); Inversiones Neltume (Irarrázabal ); Asesorías e Inversiones Santa Cecilia (Pedro Pablo Errázuriz); Inmobiliaria El Cedro (Pedro Pablo Errázuriz Domínguez y Francisco Javier Errázuriz Domínguez); e Inversiones y Asesorías Las Cruces (Francisco Javier Errázuriz Domínguez ).
En el escrito, la defensa de Itaú explica que el banco fue contactado por los demandados, con el objeto de que renegociara y refinanciara las deudas que, a esa fecha, eran pasivos de FW y que, según se le indicó, ésta se encontraba imposibilitada de cumplir en los términos originalmente pactados.
"Mi representada concurrió al refinanciamiento resultando determinante el compromiso asumido por los accionistas, propietarios y controladores de FW, de asumir un conjunto de obligaciones, dentro de las que se cuenta la de hacer un aporte de fondos suficientes a FW para que ésta pagare, de ser necesario, de manera íntegra y total sus acreencias para con mi representada", dice la demanda de Itaú, banco en el que participa como accionista el Grupo Saieh, que a su vez es controlador de Copesa, empresa que edita La Tercera.
Los demandados, que fueron notificados el pasado 8 de enero, enfrentan otras acciones judiciales de la misma índole, entre ellas, una de Consorcio, por más de $ 3 mil millones y otra de Banco Santander, por $ 2.600 millones.
Quiebra
60 años cumplió la Inmobiliaria Fernández Wood (FW) en abril de 2017 en el mercado chileno.
La firma ligada a Vicente Aresti, a los ocho hijos de Juan Eduardo Errázuriz y al ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, en enero del año pasado, presentó una solicitud de liquidación voluntaria, al acumular deudas totales por $ 22.369 millones, de los cuales $ 19.567 millones son con el sistema financiero y otros $ 2.802 millones con proveedores.
La debacle se inició a fines de 2015, cuando se descubrió que la filial de construcción de FW presentaba resultados financieros peores a los informados por la administración de ese entonces, que encabezaba el gerente general corporativo, Rodrigo Gana. De acuerdo con las revisiones posteriores, las pérdidas entre 2014 y 2015 superan los $ 22 mil millones en Fernández Wood Constructora y sus filiales, siendo este uno de los motivos que empujaron a la liquidación y que obligó a la desvinculación de algunos ejecutivos.
En la oportunidad, según el gerente general corporativo de FW, Bernardo Domínguez, la situación se detonó por una "inexcusable actuación de un grupo reducido de ejecutivos liderados por el ex gerente general corporativo de FW (Gana) y el ex gerente de Administración y Finanzas (Julio Abud), quienes durante al menos dos años mintieron sistemáticamente, manipulando los estados financieros consolidados entregados al directorio de FW Corp, accionistas y al sistema financiero y se excedieron de sus atribuciones sin consultar al directorio".
El ejecutivo, quien antes de ocupar ese puesto se desempeñaba como director de la empresa, asumió la gerencia general en enero de 2016, con la meta de reestructurar a la compañía y salvarla de la liquidación. Al respecto, explicó que tras la salida de los mencionados ejecutivos se detectaron una serie de malas prácticas, entre las que se cuentan provisiones de ingresos abultados; traspaso de costos entre proyectos o incluso a iniciativas inexistentes; retasaciones de bienes inmuebles a valores sobre el mercado y la adjudicación de obras a valores muy por debajo del costo real, a fin de utilizar el anticipo para financiar otras iniciativas.
Serviu
Domínguez añadió que otro motivo que afectó la liquidez fue el monto adeudado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), correspondiente a $ 4.574 millones por obras ya ejecutadas en viviendas sociales y de reconstrucción y a $ 4.022 millones por reclamaciones. Pese a ello, aseguró que la empresa cumplió y terminó todos esos contratos.
En este escenario, dijo que el proceso ha sido "tremendamente doloroso" para el directorio, que se siente traicionado ya que los ejecutivos involucrados eran cercanos.
En ese sentido, reconoció que los actuales accionistas tienen pocas posibilidades de recuperar los $ 32 mil millones invertidos en la empresa a lo largo de sus 13 años de participación, en los que nunca retiraron dividendos. Tras la llegada de Domínguez a la gerencia general corporativa se cambió la empresa auditora, PwC, y se contrató a KPMG, la que en el marco de una investigación descubrió las pérdidas, denotando la ya mencionada salida de ejecutivos. El análisis arrojó que las ganancias estimadas en $ 2.300 millones en 2015, correspondían en realidad a pérdidas consolidadas por $ 15.023 millones, mientras que las ganancias por $ 1.483 millones reportadas en 2014, en verdad eran pérdidas por $ 5.377 millones.
Por lo anterior, los accionistas realizaron aportes para cubrir las necesidades de caja, que implicaron una inyección de $ 22 mil millones en 2016. Además, asumieron cargos ejecutivos y participaron de negociaciones complejas, entre ellas con el Serviu.
Así, se priorizó terminar las obras en curso de la constructora, pasando de un total de 30 en ejecución a sólo cuatro (El Descanso en Maipú, Arboleda en Huechuraba, Valle Norte en Chamisero y Borde Andino en Santa Elena (Colina)) y se bajó desde un total de 1.100 trabajadores a 430.
Con todo, Domínguez se mostró confiado en que las condiciones del proceso de liquidación permitirá que los cuatro proyectos puedan ser terminados ya sea por socios inmobiliarios o cualquier nuevo propietario, por lo que el impacto en los clientes debería ser acotado y dependerá de la celeridad con que ocurra el proceso de liquidación.
(Publicado por La Tercera - Chile, 12 enero 2018)
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