El juez de la Corte Superior de Ontario, Canadá, Glenn Hainey, aprobó el convenio el viernes, pero muchos detalles aún no se han dado a conocer, entre ellos el monto a pagar.

La minera, que se vio obligada a declararse en bancarrota en 2011 luego de la expropiación de Las Cristinas, pidió al juez la aprobación del acuerdo y aseguró que este podría ser el pacto más grande relacionado con un laudo arbitral que Venezuela ha hecho.

Al revisar los convenios anteriores que ha tenido Venezuela, todo indica que la negociación con Crystallex supone un gasto de más de 1 millardo de dólares.

Uno de los directores de Crystallex dijo que el gobierno había acordado realizar una serie de pagos en cuotas. El pago total cubriría con creces los reclamos de los acreedores de Crystallex, aseguró.

Las dudas. En las últimas semanas, las empresas calificadoras han declarado a Venezuela y Pdvsa en default por el retraso en el pago de algunos bonos y, aunque el gobierno dijo que intentará reestructurar su deuda, aún no hay claridad al respecto.

Los retrasos en el pago ponen en duda cómo se le pagará a Crystallex, una vez que se llegue a un compromiso final. Gold Reserve, otra empresa canadiense que también llegó a un acuerdo con el gobierno sobre los activos expropiados, afirmó el miércoles 22 que las sanciones que ha impuesto Estados Unidos han retrasado los pagos de Venezuela.

Desde que se impusieron las sanciones en agosto, los bancos intermediarios no han querido traspasar el efectivo de Venezuela a las cuentas bancarias de Gold Reserve en Estados Unidos, informó la empresa en un comunicado.

Confiscación de bienes

En agosto, la minera canadiense Crystallex había conseguido ante una corte estadounidense una orden para confiscar fondos propiedad del gobierno de Venezuela que están depositados en una cuenta en Bank of New York Mellon Corp (BNYM), según documentos judiciales.

La medida de un juez estadounidense sigue a una larga disputa de Crystallex para cobrar al gobierno sudamericano unos 1.400 millones de dólares en compensación por la nacionalización de una mina de oro que operó la compañía en esa nación hasta 2008.

Los documentos no muestran cuanto dinero tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro en esa cuenta en el banco BNYM. La agresiva maniobra legal de la compañía evidencia los riesgos que Venezuela enfrenta al mover fondos a través del sistema financiero estadounidense para gestionar sus pagos de rutina, en medio de la creciente presión que ejercen en Estados Unidos las autoridades y sus acreedores.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos emitió el 26 de julio el auto de ejecución contra Venezuela. Crystallex lo había solicitado un mes antes, pero la decisión se hizo pública el jueves, según los registros judiciales.

Venezuela mantenía desde 1992 fondos en una cuenta de BNYM como parte del acuerdo por un contrato de 315 millones de dólares con la empresa Ingalls Shipbuilding, ahora parte de Ingalls Industries Inc, para el mantenimiento y reparación de fragatas navales de las fuerzas militares de ese país, informó la minera al tribunal.

A raíz de una disputa por ese contrato, la empresa Ingalls demandó a Venezuela ante un tribunal de Mississippi y en 2002 consiguió una orden judicial para impedir que el dinero depositado en ese banco en Nueva York fuera transferido de vuelta al país sudamericano, según una copia de la orden judicial incluida en la demanda de Crystallex.

BNYM, uno de los mayores bancos de custodia del mundo, se negó a comentar del caso. Huntington Ingalls y el Ministerio de Información de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La decisión se conoce cuando el sistema financiero internacional limita cada vez más las transferencias al gobierno venezolano y sus agencias, en medio de sanciones que viene aplicando el gobierno de Estados Unidos para impedir que sus ciudadanos hagan negocios con funcionarios venezolanos.

El viernes el presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe también a los estadounidenses negociar nuevas emisiones de deuda de Venezuela buscando presionar a Maduro para que detenga su “tiranía”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Unas 20 empresas buscan cobrar una indemnización por las expropiaciones del gobierno de Venezuela bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, mentor político de Maduro. Pero Crystallex es de las compañías que más lejos ha llegado para obtener la compensación.

La minera canadiense ya ha ganado órdenes judiciales para conseguir activos de Venezuela en el banco japonés Nomura y el chino Haitong International Securities Group Ltd.