El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este jueves la sentencia constitucional  0076/2017 que declara la inconstitucionalidad del parágrafo II del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, referido a los derechos y obligaciones de las personas que opten por el cambio de identidad de género. Con ello, veta los matrimonios y adopciones para los transexuales.

La determinación activó protestas, como la del colectivo  LGBT (lesbianas,gais,bisexuales,trans), que se movilizó en un mitín de protesta en la plaza Murillo, en La Paz. "Nos están quitando todos nuestros derechos, es un grave retroceso y no nos queda más que recurrir a instancias internacionales", anunció la activista Tamara Núñez del Prado.

Por el contrario, quienes impulsaron la demanda de inconstitucionalidad celebraron la decisión que tomó el TCP. "Esta sentencia constitucional está dando la razón a todos aquellos que en Bolivia creemos en la familia constituida por un hombre y una mujer, a quienes hemos visto que no se puede jugar con lo más sagrado  que nes el nucleo fundamental de la sociedad", opinó el diputado Horacio Poppe.

La promulgación de la Ley 807 de Identidad de Género derivó en el rechazo de sectores religiosos y conservadores, que se opusieron al matrimonio trans y una eventual adopción de hijos con la interpretación que se podía dar al artículo 11. 

En 5 meses, 72 personas cambian de identidad de género

La denominada ‘Plataforma por la vida y la familia’ y un grupo de seis asambleístas de oposición promovieron ante el TCP una acción de inconstitucionalidad abstracta en la que observan varios artículos de la ley.

"El artículo 11 daba el derecho, supuestamente, a las personas del mismo sexo contraer matrimonio, de poder adoptar y la posibilidad de acceder a ciertos beneficios como cuotas en instancias de poder. Está sentencia dando la razón a todos aquellos en Bolivia que creemos en la familia", afirmó Poppe.

El secretario General del TCP, Álvaro Llanos, detalló que el fallo contiene dos partes y la primera parte determina que el concepto de identidad está garantizado y protegido por la constitución, por lo que se admite que se pueda cambiar de imagen, nombre e identidad de género.

"El artículo que se refiere como inconstitucional es el que dice que estos cambios de datos generan nuevo derechos. La sentencia aclara que el cambio del dato de identidad no conlleva  derechos como matrimonio, adopción, derechos políticos como la paridad de género", explicó en declaraciones a la red Patria Nueva

En marzo de 2017 se conoció el caso de Luna, una persona de 27 años quien optó por cambiar de identidad con la Ley 807, logró casarse con Henry, un joven heterosexual de 20 años. Es el primer caso amparado en la norma.

Luna cambia de identidad de género y logra casarse por lo civil

En junio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió una resolución que instruye a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil (Sereci) permitir el matrimonio civil entre personas transexuales y transgénero que hayan realizado su cambio de nombre propio.

Proponen debate para reformas por fallo del TCP

Aunque persisten dudas sobre el alcance del fallo constitucional en torno a derechos de los trans, en el oficialismo ya se alistan para abordar el tema y hablan de reformas que incluso pueden llegar a plantear la “apertura” de la Constitución Política del Estado.

No hay nada claro aún, pero las voces apuntan, como lo señala el propio fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, a centrar el debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional para garantizar los derechos del colectivo LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans), más allá del cambio de identidad en sus documentos.

El jueves se hizo pública la resolución que desató críticas y cuestionamientos a los magistrados, que incluso fueron calificados de homofóbicos, por considerar se creaba una ciudadanía de segunda al eliminar de la Ley de Identidad de Género la frase: "...permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales...".

Ese hecho fue interpretado como la anulación de varios de los elementales derechos de esta población, aunque desde el control constitucional se hizo hincapié en que toca a matrimonios, adopciones y participación política, entendida como cupos.

Para el diputado Víctor Borda, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), ahora el tema debe ser abordado en el Legislativo, entendiendo que las decisiones del control constitucional son de cumplimiento obligatorio.

"La Asamblea tiene la obligación de hacerlo (debate) en el tema de matrimonio, adopción, participación política, grupos y colectivos y obviamente sacar una resolución coherente respecto a este tema y qué es lo que se puede cambiar o modificar en la Constitución y en las propias leyes", perfiló el legislador.

La mención a la Carta Magna se debe a que en ella se establece precisamente el principio de matrimonio entre hombre y mujer. En el parágrafo I del artículo 63 se establece: "El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges".

Como consecuencia de ese principio, el artículo 44 del Código de las Familias fija como limitantes: "El varón antes de los dieciséis años cumplidos y la mujer antes de los catorce años cumplidos, no pueden contraer matrimonio".

La población LGBT anunció recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que el fallo vulnera sus derechos. En Bolivia ya hubo matrimonios, amparados en la Ley de Identidad de Género, entre personas que cambiaron de identidad, aunque para Borda ese hecho se dio a partir de una interpretación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque no estaba en el espíritu de la ley.

El diputado de oposición Horacio Poope, en representación de la Iglesia Católica y otras opuestas al matrimonio entre personas del mismo sexo, presentó el recurso.

Al momento, según datos del TSE, 161 personas cambiaron de identidad de género, es decir nombres, sexo y otros datos en documentos de identidad. El grupo LGBT reportó la existencia de al menos 6.000 trans en el país.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, lamentó el viernes el contenido de la sentencia constitucional por considerar que restringe derechos de sectores vulnerables y abogó por trabajar en mecanismos legales para garantizar derechos de este grupo de la población.

Instó "a todos los sectores a buscar soluciones objetivas a través de iniciativas principalmente legislativas, trabajadas en conjunto con toda la sociedad boliviana", según un boletín institucional.

En el otro frente, la opositora Lourdes Millares aseguró que la sentencia es clara y que no es necesario hablar de reformas constitucionales, aunque dijo que podría legislarse sobre aspectos como seguro social y posesión hereditaria de las parejas de trans, que más allá de lo jurídico existen.

El presidente del Senado, el también oficialista Alberto Gonzales, informó que no recibió aún el fallo, pero anticipó que está abierto a cualquier debate para restituir los derechos que se les pudo haber quitado a los trans.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que puedan tener nuevamente sus derechos, así de simple es mi posición", afirmó, sin aventurarse a anticipar los mecanismos o las vías, como anticipó Borda.

El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia también lamentó la decisión del Tribunal.

Por el momento el debate apunta a centrarse en el Legislativo y el oficialismo perfila colocar en agenda y tratar el tema en la reunión de bancada de este martes, de acuerdo con Borda.

La sentencia

El ejercicio de ‘identidad de género no significa el ejercicio absoluto de los derechos fundamentales como la unión libre o el matrimonio ... la CPE (reconoce esto) solo entre varón y mujer.

Como todo  derecho, el mismo no es absoluto, y encuentra límites legítimos a su ejercicio, en el respeto que debe garantizarse a los derechos de terceros, como es el caso de los niños sujetos pasivos de adopción.

El Órgano encargado de la supervisión del proceso de formación, ejercicio y control de poder político reconoce la participación de los trans de acuerdo a la identidad de género asumida; a criterio del TCP esto puede dar lugar a espacios de incertidumbre y desacuerdo.

(Publicado por La Razón – Bolivia, 10 noviembre 2017)
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