A partir de agosto del 2017, los investigadores han solicitado a las entidades públicas todos los contratos suscritos con CWE, por considerar que pudo haber pagos de sobornos.

Estas primeras sospechas se reforzaron tras la delación hecha en septiembre por José Conceição Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador. El brasileño dijo que el vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera presuntamente aplicaron un esquema de corrupción, similar al de Odebrecht, con firmas chinas.
Ese sistema consistía en pedir, supuestamente, un porcentaje de dinero, para dejar participar a las contratistas en las licitaciones, según Santos.

La información ya es parte del expediente por asociación ilícita, donde están procesados Glas, Rivera y 16 sospechosos.

Sin embargo, Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, cuestiona esas aseveraciones por falta de pruebas. De hecho, las califica de "infames".

CWE intervino en la construcción de la central Toachi-Pilatón y en obras para el control de inundaciones en Guayas. Además, levantó 13 residencias estudiantiles y 34 casas en Yachay, Imbabura.

EL COMERCIO accedió a un informe elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (Uafe), por pedido de la Fiscalía. En el documento, de 64 páginas, el ente analizó los movimientos económicos de CWE.

Allí se detalla que entre el 2010 y agosto del 2017 CWE registró ingresos por US$ 920,9 mlls. en Ecuador. El mayor crecimiento de la firma se produjo en el 2013, cuando sus ingresos aumentaron en un 266%, respecto a las del 2012.

La mayor recaudación de dinero se obtuvo con el proyecto Toachi-Pilatón, que ahora es investigado por la Fiscalía.

Según los documentos recopilados por los investigadores, CWE ganó de forma directa el contrato para construir la obra civil, en diciembre del 2010, por US$ 240 mlls. En el 2014, la empresa suscribió un acuerdo complementario por otros US$ 23,6 mlls.

La Contraloría ha ejecutado, al menos, tres exámenes especiales a la participación de la empresa china en la central. En un primer examen, elaborado en el 2012, señaló que la contratista no incorporó en el proyecto al personal técnico principal incluido en su oferta. Eso ocasionó un déficit de expertos calificados, la disminución en la calidad de los trabajos y retrasos en la obra.

En otros dos informes, realizados entre 2013 y 2015, se volvieron a mencionar los retrasos en el proyecto. Incluso se fijó una multa de 3,25 mlls. A octubre del 2017, la construcción de la central no concluye.

Desde mediados de septiembre, cuando se conoció la investigación de la Fiscalía a CWE, este Diario buscó a sus representantes a través de correos electrónicos y llamadas, pero no ha recibido respuesta. Las oficinas aparecen registradas en la calle Suecia, en Quito. Allí aseguraron que la firma se cambió de lugar.

En el informe de la Uafe también se señalan las trasferencias que la compañía ha hecho desde el 2010 al extranjero. China, Estados Unidos, Hong Kong y Suiza aparecen entre los principales países a los cuales se envío dinero.

Celec Hidrotoapi, la Empresa Pública del Agua y Yachay han cancelado más de US$ 251 millones a CWE, por los contratos adjudicados desde 2010.

En el expediente por asociación ilícita están los contratos que Senagua (ahora Empresa Pública del Agua) suscribió en 2012 con la firma china, para el control de inundaciones.

Walter Solís, entonces titular de la entidad, firmó esos acuerdos, según los documentos recopilados por la Fiscalía. En los oficios también aparece el nombre de Carlos Villamarín, quien en ese entonces era subsecretario técnico.

Villamarín está detenido desde junio pasado por el caso Odebrecht. Según el testimonio deSantos, él habría recibido US$ 2,1 millones para favorecer a la constructora en la adjudicación del trasvase Daule-Vinces. Esos pagos supuestamente fueron exigidos por Solís, según Santos. No obstante, su abogado ha dicho que no hay ninguna evidencia de esto.

(Publicado por El Comercio - Ecuador, 10 octubre 2017)