A fines de 2013, el entonces intendente de Río Cuarto, Juan Jure, rechazó por decreto la instalación de un "centro de investigación y mejoramiento de variedades de soja e híbridos de maíz, anexo depósito de agroquímicos y maquinarias agrícolas" de Monsanto.

Fundamentó su decisión en el estudio de impacto ambiental efectuado por la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Ente Descentralizado de Control Municipal, el informe de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable y el dictamen jurídico previo de la Fiscalía Municipal. Todos los entes aconsejaron no habilitar a la empresa.

Desde la compañía siempre plantearon que la tarea a desarrollar era técnica, sin impacto ambiental, y que básicamente se apuntaba a "clasificar semillas para poder sembrar al año siguiente y mejorar variedades".

Las idas y vueltas judiciales continuaron tanto del lado de Monsanto como del municipio hasta desembocar en la decisión de hoy del Tribunal Superior.

Según el fiscal municipal de Río Cuarto, Julián Oberti, no hubo un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, pero que la compañía queda habilitada a reformular su demanda contra la comuna.

Oberti, en declaraciones a Quatro TV de Río Cuarto, afirmó que el actual intendente, Juan Manuel Llamosas comparte el criterio de Jure de rechazar la llegada de Monsanto, "por una cuestión de defensa del medio ambiente".

En Córdoba, además del conflicto en Río Cuarto, Monsanto no pudo concretar su radicación en el municipio de Malvinas Argentinas. Era una inversión de $ 1500 millones para construir una plantas de procesamiento de maíz y generar 800 empleos. Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país acamparon casi cuatro años en el ingreso del predio que, en 2016, fue vendido por la multinacional.

(Publicado por La Nación - Argentina, 28 septiembre 2017)
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