El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avala el proyecto de Real Decreto por el que se crean o constituyen 89 unidades judiciales dentro de la programación de 2017 para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. El informe, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, apunta que "puede contribuir a paliar la situación de desequilibrio existente en la planta judicial y paliar parte de las deficiencias estructurales existentes en la distribución de cargas de trabajo", pero sigue considerando necesaria la ampliación de la planta judicial tanto en órganos judiciales como en plazas de magistrados de órganos colegiados.
Además, el CGPJ propone modificar la sede y el orden jurisdiccional de trece de los nuevos Juzgados previstos al considerar de más urgente creación otros órganos judiciales. El informe subraya, en cualquier caso, que todos los Juzgados previstos son necesarios, y que se requiere seguir ampliando la planta judicial para favorecer una distribución de las cargas de trabajo existentes y permitir así una adecuada respuesta a la ciudadanía.
Por otra parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer tomar en consideración, "como principios programáticos de su actuación en materia de protección social de la Carrera Judicial", las 130 propuestas contenidas en el documento elaborado por el Grupo de Trabajo sobre protección social de la Carrera Judicial, constituido en febrero de 2016 por acuerdo de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.
Algunas de las propuestas exigen reformas legales y, en particular, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este sentido, apuestan por introducir un precepto, tanto en la LOPJ como en el Reglamento de la Carrera Judicial, donde se reconozcan genéricamente los derechos y obligaciones de los miembros de la Carrera Judicial, como ocurre con el estatuto de los trabajadores o con el estatuto del empleo público.
También que se reconozca la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres como derecho de los miembros de la Carrera Judicial; la conciliación de la vida personal, familiar y profesional; la protección frente a la violencia de género y, en general, a toda clase de violencia y acoso en el ámbito profesional.
También aboga por eliminar o reducir las incompatibilidades por razón de parentesco, sustituyéndolas por otros mecanismos que, garantizando la colegialidad de los tribunales y salas de gobierno, la doble instancia procesal y la imparcialidad, no sean invasivos de la vida personal y familiar de los jueces y juezas. Además, busca implantar medidas justificadas en la idea de la jubilación gradual y flexible una vez que el juez o jueza haya alcanzado la edad que normativamente se fije.
(Publicado por El Economista - España, 27 julio 2017)
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