El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) interceptó y capturó el sábado en Caracas al magistrado Ángel Wladimir Zerpa Aponte, nombrado como integrante principal de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con versiones aportadas por el Ministerio Público y la Mesa de la Unidad Democrática.

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Usurpación x abuso

La detención ocurrió a las 6:00 de la tarde del sábado, informó la periodista Marianella Salazar. El magistrado se encontraba junto a su esposa por la avenida Los Cortijos en una camioneta modelo Tucson, color gris, de acuerdo con la comunicadora.

La Fiscalía anunció que su subdirector de derechos fundamentales acudió en vano a la sede principal del Sebin en Caracas para intentar comprobar la salud de Zerpa Aponte. "Le negaron el ingreso", detalló la institución.

Ningún vocero del gobierno ha confirmado hasta el momento la detención del magistrado.

El Ministerio Público notificó que interpuso una acción de amparo, conocida como hábeas corpus, para la restitución de la libertad del abogado.

Ese despacho afirmó que Zerpa Aponte sí fue detenido en la urbanización Los Cortijos del municipio Sucre del estado Miranda (centro).

En un comunicado, insistió que el arresto viola la Ley Orgánica sobre Amparo y Garantías Constitucionales y el Código Penal, que exige una orden judicial o delinquir en flagrancia para tal fin.

El mismo Tribunal Supremo de Justicia había anunciado la posibilidad de detenciones contra los supremos jueces.

Su Sala Constitucional ordenó el viernes a los órganos civiles y militares del Estado actuar contra los magistrados, a quienes acusó de usurpación de funciones.

La Corte Suprema anuló esta semana la decisión del Parlamento de designar a 33 sustitutos de igual número de magistrados escogidos por la mayoría legislativa chavista en diciembre de 2015.

La oposición, de mayoría en la Asamblea Nacional corriente, consideró ilícita aquella designación, mientras el actual TSJ estima que la institución se encuentra en desacato y que todos sus actos son nulos.

El juez

Zerpa Aponte es un practicante y docente de las leyes de larga trayectoria, experto en derecho penal.

Fue profesor de pregrado y posgrado de hasta ocho universidades en Venezuela: la Central de Venezuela, la Católica Andrés Bello, la de Carabobo, la Católica del Táchira, la de Los Andes, la Santa María, la Católica Santa Rosa y la José María Vargas.

También ejerció como instructor en la Escuela de Fiscales dependiente del Ministerio Público.

Es considerado una figura cercana a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien denunció una ruptura del orden constitucional en abril y ha roto puentes con la administración de Nicolás Maduro al criticar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente.

El magistrado fue uno de los representantes legales de la funcionaria en el antejuicio de mérito en su contra, que se dirime desde hace dos semanas en el Tribunal Supremo de Justicia por petición del diputado y dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño.

El antejuicio de mérito es una figura legal en Venezuela que protege o salvaguarda a funcionarios de alto nivel, como el Presidente, los diputados, los magistrados, generales o el Fiscal General. Se debe solicitar un antejuicio al TSJ para determinar si hay o no razones para despojarlos de esa investidura proteccionista.

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El expediente de Zerpa Aponte también tiene su dosis de polémica.Ejerciendo como juez 18vo. del Tribunal de Control de Caracas, otorgó en 2001 dos veces medida de casa por cárcel a Luis Carrera Almoina, condenado por el secuestro, las torturas y la violación de la joven Linda Loaiza López.

Se trata de uno de los casos penales más impactantes y recordados de los últimos 20 años en Venezuela. El condenado, hijo del ex rector de la Universidad Nacional Abierta, se fugó cuando iba a ser trasladado de nuevo a prisión en noviembre de 2001.

MUD denuncia "terrorismo de Estado"

La oposición reaccionó encolerizada a la detención de Zerpa Aponte.

Diputados de la Mesa de la Unidad Democrática la calificaron como una práctica de "terrorismo de Estado" que busca intimidar a los nuevos magistrados, a los integrantes del comité legislativo de postulaciones al TSJ y al pueblo en general.

Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, consideró que el Gobierno violó el debido proceso penal, "ya que a un juez debe someterse a un antejuicio de mérito y tener derecho a la defensa".

Guevara manifestó que la detención es una represión política contra la Fiscal General de la República y su despacho. Exigió su inmediata liberación y el enjuiciamiento de los funcionarios involucrados en el proceso.

Operación contra "terroristas"

La aprehensión del primero de los 33 magistrados juramentados el viernes por la AN ocurre en el contexto de una operación de la policía política venezolana bautizada como "Tun Tun" por dirigentes del partido de Gobierno, en alusión al sonido que tradicionalmente hace un visitante en la puerta de una residencia cualquiera.

Diosdado Cabello, hombre fuerte del Gobierno y primer vicepresidente del partido oficialista, anunció a mediados de mayo pasado que activaría esa operación para neutralizar a los "terroristas" que atentan contra el proyecto revolucionario.

"La oposición va a llevar más palo que un gato ladrón", dijo, entonces, en su programa televisivo Con el Mazo Dando.

El término "operación Tun Tun" se ha popularizado en el glosario de los simpatizantes y voceros del gobierno.

Venezolana de Televisión, el canal del Estado, lo utiliza para calificar a las operaciones de inteligencia.

Para la oposición, es "terrorismo selectivo", como lo calificó días atrás Henry Ramos Allup, ex presidente del Parlamento.

David Gómez Gamboa, coordinador de la comisión de Derechos Humanos de la universidad pública del Zulia y director de la ONG Aula Abierta Venezuela, subrayó que "la estrategia 'Tun Tun' forma parte de un patrón generalizado y expansivo de conductas arbitrarias del Estado en materia de represión, uso de fuerza pública y contra la libertad general en Venezuela, que se ha robustecido en los últimos dos años".

Puntualizó que el Gobierno ha creado un marco normativo "ilegal" que, a su juicio, sirve de cheque en blanco a las autoridades del poder público para actuar según su discrecionalidad.

"Les llegó la 'operación Tun Tun' y ahora andan chillando. Es parte de la justicia", declaró Cabello en junio pasado, mientras arreciaban los choques violentos entre las fuerzas públicas y manifestantes de la oposición.

Audiencia de prisión

La tarde del lunes, 24/7, se realizó la audiencia del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia –Sala Político Administrativa– Ángel Zerpa, que fue detenido el sábado en Los Cortijos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia cuando se encontraba con su esposa. El hecho ocurrió un día después de ser juramentado –junto con otros 32 magistrados– por la Asamblea Nacionalcomo parte de las acciones que emprendió el Parlamento en respuesta al mandato de la consulta popular del 16 de julio y tras la manera irregular como fueron designados los jueces del TSJ en diciembre de 2015.

Desde temprano Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, informó en su cuenta en Twitter sobre la desaparición de Zerpa. Escribió que ni los abogados ni la Fiscalía tenían información de dónde se encontraba.

Más tarde se conoció la celebración de la audiencia de Zerpa, en la que no se permitió que la defensa estuviese presente. “Así procede la justicia militar”, destacó Romero. La jueza militar primera de control, Claudia Pérez, impidió el acceso e impuso una defensa pública.

El abogado penalista Alonso Medina Roa, especialista en derechos humanos y director del Foro Penal Venezolano, expresó: "Teníamos a los abogados desde la mañana a las puertas del tribunal militar. Nunca les permitieron la entrada, tampoco al subdirector de derechos fundamentales de la Fiscalía General dela República. Esto es una violación de todo al designar un defensor militar; es decir, los militares acusan, defienden y juzgan".

Se desconocen los cargos presentados contra Zerpa. El jueves el TSJ calificó de "delito usurpación de funciones" la designación de los nuevos magistrados.

El Ministerio Público comisionó el domingo a la Fiscal 85ª nacional para que investigue la privativa de libertad de Zerpa, que considera "ilegítima".

Al cierre de esta edición, continuaba la audiencia.

Juramento

Ángel Zerpa, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juramentado por la Asamblea Nacional (AN), inició una huelga de hambre luego de que un tribunal militar dictara la privación de su libertad, este lunes.

Así lo informó Alfredo Romero, director del Foro Penal, mediante su cuenta de Twitter.

A la defensa de Zerpa no se le permitió el acceso a la audiencia que estuvo a cargo de la Jueza Militar Primera de Control, Claudia Pérez.

Aún no se conoce el cargó del cual se le acusó al magistrado.

Zerpa fue designado como magistrado de la Sala Político Administrativa del alto ente judicial.

(Publicado por El Nacional - Venezuela, 25 julio 2017)
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