La ausencia
de un fiscal especializado no sólo deja al Sistema Nacional Anticorrupción incompleto,
sino también afecta a la procuración de justicia, ya que sin el nombramiento,
las modificaciones y el endurecimiento del código penal en el apartado de
sanciones por corrupción se mantendrán en una pausa aletargada hasta que el
Senado apruebe dicha posición, indicaron expertos.
Éste es uno
de los temas importantes que se deben tomar en cuenta de cara a la entrada en
vigor de las leyes anticorrupción nacionales y estatales el próximo 19 de
julio, opinó Luis Carlos Ugalde, director general de la consultora Integralia y
miembro del Comité de Acompañamiento creado por el Senado para la designación
del titular de la nueva Fiscalía Anticorrupción.
En el marco
del Foro Empresarial Anticorrupción Ciudad de México 2017, realizado por la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el también ex
consejero presidente del IFE indicó que el tema ha sido retomado por la clase
política a través de disputas y descalificaciones a las mismas leyes, la cuales
fueron —dijo— creadas por ellos mismos.
Precisó que
el tema del combate a la corrupción puede ser retomado por los partidos
políticos y los candidatos en la próxima elección presidencial, lo que
politizaría el tema, dejando de lado el verdadero interés por erradicar la
problemática.
En esta línea,
el director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan
Pardinas, enfatizó la importancia que tendrá la designación de los magistrados
que ocuparán la titularidad de las salas especializadas en materia de sanciones
a servidores públicos por corrupción.
Pardinas
refirió que los postulantes a dichas salas, presentadas al Congreso de la Unión
por parte del Ejecutivo federal, "no cumplen con los requisitos de
independencia política", ya que algunos aún tienen intereses partidistas.
Señaló que,
de no funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, no sólo fracasarían las
instituciones que lo conforman y la sociedad civil que ha pugnado por su
creación, sino todo el país. Este fracaso, aseveró, se traduciría a otros
rubros de políticas públicas como el combate a la inseguridad o incluso el crecimiento
económico del país.
Por otra
parte, otro de los factores que puede hacer que el Sistema no funcione de
manera adecuada son los Sistemas Locales, los cuales están librando batallas
propias en los Congresos estatales, mismos que, coincidieron especialistas, han
"mostrado debilidad" en su función como contrapeso entre poderes.
Tanto Luis
Carlos Ugalde como Juan Pardinas coincidieron en que la independencia del poder
Legislativo en los estados será crucial para el fortalecimiento de los Sistemas
Locales.
En tanto
que del lado empresarial, se coincidió en el Foro, hay responsabilidades claras
que se pueden tomar con mayor seriedad.
Vanessa
Silveyra, coordinadora del programa de Transparencia Mexicana, afirmó que el
sector privado puede implementar tres acciones que ayudarían a combatir la
corrupción:
Contar con
una política anticorrupción clara y de fácil acceso tanto al interior como al
exterior de la organización, así como publicitar la estructura de los
consorcios y los informes financieros de las empresas que los integran.
(Publicado
por El Economista - México, 12 julio 2017)
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