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Reestructuracion judicial en la Fiscalía General de la Nación : Colombia

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, destacó que la prioridad del ente acusador será la Unidad Especial de Investigación

jueves, 1º de junho de 2017

El nuevo Decreto 898, de la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, consiste en desarrollar y consolidar la estructura que define la preservación de la seguridad ciudadana y la dirección de atención al usuario.

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, destacó que la prioridad del ente acusador será la Unidad Especial de Investigación, que tiene como fin luchar contra las fuentes de apoyo del paramilitarismo y demás redes al margen de la ley, evitando que líderes de derechos humanos se vean afectados.

Martínez enfatizó que la Unidad Especial también se fundamentó para preservar los derechos de las personas que se reincorporan en la vida social, en medio de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y las Farc.

El director del ente acusador aseguró que la lucha en el territorio nacional será determinante a la hora de defender a personas que hayan sido vulneradas por causa del conflicto armado.

Martínez destacó la labor adelantada por el ente acusador, e indicó que ha sido positiva la cantidad de imputación de cargos hechos en las últimas semanas, al parecer el 42% de los casos presentados en el territorio nacional han llegado a un feliz termino.

De acuerdo con el director de la entidad, la transformación que tendrá el organismo también se debe a los lineamientos que implementarán frente a los casos de enriquecimiento ilícito y ofensivas contra el crimen organizado. El propósito será erradicar por completo esta serie de hechos judiciales que desangran al país.

Con aras de continuar con la labor encomendada por el Gobierno Nacional en esta era de posconflicto, el ente acusador contará con 5.000 fiscales en el territorio nacional y más de 8.000 investigadores judiciales.

La Fiscalía General de la Nación tiene como objetivo replantear la organización judicial del Estado, preservando la seguridad y los derechos humanos de los ciudadanos.

(Publicado por la República - Colombia, 1 junio 2017)
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