El Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el preaviso laboral
que estaba establecido en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo y el
artículo único del Decreto Supremo 6813. Por esta razón, la COB decidió
retornar a las mesas de diálogo con el Gobierno.
"A partir de hoy (viernes) ya no
existe en la ley, en la norma jurídica, la figura del preaviso. Ese es el fallo
que emite el Tribunal Constitucional,
con lo cual estaría ratificando y fortaleciendo la estabilidad laboral
en el orden que manda la Constitución Política del Estado (CPE)”, declaró ayer
el presidente del TCP, Oswaldo Valencia.
El recurso
de inconstitucionalidad abstracta fue presentado por el defensor del Pueblo,
David Tezanos Pinto, que cuestionó el artículo 12 de esa ley y el Decreto Supremo
6813, que establece la figura del preaviso como un modo de desvinculación
laboral. "En estos momentos ha procedido a la notificación”, agregó.
Valencia aclaró que a partir de la emisión de esa resolución la figura del
preaviso laboral queda sin efecto.
"Queda inexistente el artículo 12 de la Ley General del Trabajo”,
afirmó, según ABI.
Sin embargo, explicó que para los
casos de preavisos, antes de esa
resolución de sentencia del TCP, surtirá efecto siempre y cuando el empleado o
trabajador lo hubiera aceptado, agregó la agencia estatal.
La anterior semana, la COB rompió el diálogo
con el Gobierno porque en el proyecto de Ley de Estabilidad Laboral, aprobado
en la Cámara de Diputados, se mantiene la figura de las cartas de preaviso.
Sin embargo,
como estas fueron eliminadas retornarán a las cuatro mesas de trabajo. Su
secretario de hacienda, Óscar Tapia, informó que el lunes volverán a
encontrarse con las autoridades nacionales.
"Considero
que a raíz de esta sentencia que ha emitido el TCP, dándole plena seguridad y
estabilidad laboral -como establece la CPE-,
tenemos que volver a la mesa de negociaciones.
Pero debo
recalcar con toda sinceridad y claridad que no vamos a afectar los derechos de
todos los trabajadores del país”, afirmó anoche el dirigente sindical.
Gobierno
Después de
que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) eliminó el artículo 12 de la
Ley General del Trabajo (LGT) para excluir el preaviso, el viceministro de
Transparencia, Gonzalo Trigoso, alertó que con ese fallo también desaparecieron
los tipos de contrato y la forma de cálculo del desahucio.
"En
primer lugar, eliminando en su totalidad el artículo 12, como se lo hizo, ahora
no existen modalidades de contrato laboral, ahora estaríamos librados a nuestra
suerte; en segundo lugar, al eliminarse el artículo 12, ya no existe la manera
de calcular legalmente el desahucio, con lo que este tema (también) queda en
una nebulosa”, aseveró Trigoso.
La
autoridad lamentó que el TCP no sólo haya eliminado el preaviso (modalidad de
despido de trabajadores), sino todo el artículo 12 generando este nuevo
problema entre los trabajadores en su relación laboral con los empleadores.
"Se
están afectando gravemente los intereses, derechos y garantías de los
trabajadores. Nunca el Tribunal Constitucional y menos la Central Obrera
Boliviana (que pidió la eliminación del preaviso) debieron (provocar) la
eliminación de los tipos de contratos laborales”, insistió.
El
Viceministro presume que ahora la relación de trabajadores con sus empleadores
será de la naturaleza que el empresario decida. Eso es un "gravísimo
error, los efectos de esta sentencia son demoledores para el derecho de los
trabajadores”, remarcó.
Asimismo,
sostuvo que al eliminarse la forma de cálculo del desahucio ahora no se conoce
con precisión cómo los trabajadores podrían acceder a un beneficio de esa
naturaleza.
"Solo
queda un decreto complejo que habla de hacer este cálculo, pero el empleador
puede lavarse las manos y supongo que puede pasar lo mismo en empresas
estatales porque la Contraloría les puede observar”, sostuvo.
Además
consideró que el TCP fue más allá de lo que se pedía sobre el tema del preaviso
e incorporó nuevas causales de despido justificado, como temas de fuerza mayor,
quiebra de la empresa, incapacidad física y mental del trabajador, edad de
jubilación, causa de indisciplina, entre otros.
"Hoy
en día, si un empleador hace uso de esta sentencia constitucional podría alegar
que está en quiebra. Cómo se va a regular la incapacidad física y mental de
trabajadores. Se da un cheque en blanco (a los empleadores) porque en la
sentencia dice ‘entre otras’. Es decir, esto genera un antecedente terrible”,
apuntó.
Empresarios
La Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acusó al Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) de generar un escenario de crisis en el sistema laboral y
empresarial con la aprobación de la sentencia 09/2017 que anula el artículo 12
de la Ley General del Trabajo (LGT).
El
presidente de la CEPB, Ronald Nostas, visiblemente molesto dio a conocer la
posición del sector privado sobre la cuestionada sentencia y pidió a las
autoridades nacionales restituir el equilibrio quebrantado.
Dijo que el
Tribunal Constitucional soslayó el análisis de las consecuencias y efectos que
causará su decisión porque “ha generado un escenario de crisis en el sistema
laboral y empresarial, con la falsa idea de otorgar mayores garantías a la
estabilidad laboral de los trabajadores, prevista en la Constitución Política
del Estado”.
Nostas
advirtió que con la sentencia 09/2017, el TCP originó un vacío normativo pues
no aclara cuál será el tratamiento que tendrán, a partir de la fecha, aspectos
esenciales como los modelos de contrato de trabajo, el procedimiento del
desahucio o el derecho que debe tener todo empleador de conocer oportunamente
la determinación de cualquier trabajador de renunciar a sus funciones.
"Los
empresarios y los trabajadores somos parte de un mismo sistema, que no es
excluyente ni antagónico, sino complementario. Es necesario que los bolivianos
superemos todo discurso anacrónico que pretende enfrentarnos; un discurso que
contradice a la realidad, y que es sostenido por algunos grupos que responden a
intereses ajenos a los trabajadores y a la misma ciudadanía”, expresó.
(Publicado por Página7 y ANF, 27 marzo 2017)
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