La Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley de protección de datos personales, en línea con las recomendaciones de la OCDE para el país y que busca entregar certezas y más claridad para las personas y empresas en esta materia.
Según explica a "El Mercurio" el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, la normativa busca entregar claridad y reglas sobre una materia que hoy está en una nebulosa dado que la legislación que nos rige es de 1999 y quedó desactualizada.
El proyecto señala que las personas naturales serán las dueñas de sus datos y las empresas solo podrán utilizarlos y comercializarlos con la autorización expresa del cliente, lo que será aun más estricto en el caso de "datos sensibles"-que eventualmente pueden ser usados como elemento discriminatorio- y que dicen relación con la salud, género, raza, orientación sexual, política y religiosa de una persona. En estos casos, la autorización tiene que ser expresa e inequívoca y darse a través de una declaración escrita, verbal o por medios electrónicos.
Micco puntualiza que quienes realicen tratamiento de datos personales serán legalmente responsables del cumplimiento de los principios, obligaciones y deberes de conformidad a esta ley. Es decir, si una empresa comercializa y entrega los datos a una tercera empresa, igual se va a tener que hacer responsable. Para que ello ocurra, el usuario tendrá que haber autorizado que sus datos también sean entregados a una tercera empresa.
Además, las personas naturales tendrán una serie de nuevos derechos. Es decir, al recibir un llamado de un call center podrá solicitar conocer cómo la empresa accedió a su información personal y si lo hizo de forma lícita. También podrá solicitar que sea removida de las bases de datos de una determinada compañía.
Las reglas de uso también serán válidas para el sector público. Tal como lo detalló la Mandataria ayer, el uso que se hace de los datos personales va desde fines comerciales hasta la implementación de fichas médicas electrónicas, para un mejor historial de nuestras atenciones en salud, así como también sirve para el Registro Social de Hogares, que permite priorizar a las familias más vulnerables.
Sanciones sobre los $230 millones
Uno de los principales cambios que trae la nueva ley es la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del ministerio de Hacienda. Dicha agencia será fiscalizadora, y tendrá 21 funcionarios al principio y 30 en régimen, con una estructura similar a la que tiene hoy la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El presupuesto del proyecto es de $1.000 millones y el gasto será mayormente concentrado en personal e implementaciones tecnológicas. El director de la agencia será elegido por Alta Dirección Pública.
Dicho organismo podrá fiscalizar y recibir denuncias. Las multas van desde una UTM hasta cinco mil UTM (unos $231 millones). Los casos más graves dicen relación con el uso de datos sensibles y de manera masiva, en una gran magnitud. En casos excepcionales se contempla el cierre o clausura de las operaciones de tratamiento de datos.
El proyecto ingresará por el Senado a la comisión de Constitución, y Micco dice que tendrá discusión de largo aliento, dado que esperan que esté aprobado en primer trámite este año.
(Publicado por El Mercurio - Chile, 14 marzo 2017)
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