Los detalles de las operaciones de Odebrecht en México comienzan a salir a la luz. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano que fiscaliza los recursos públicos en el país, encontró irregularidades en dos contratos del 2014 entre Petróleos Mexicanos y la empresa brasileña. Representantes de la constructora que protagoniza el mayor escándalo de corrupción en América Latina confesaron en diciembre pasado haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado mexicano. El pago, según las confesiones hechas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.
En su informes de resultados de la cuenta pública de 2015, el órgano fiscalizador expuso que tras revisar uno de los contratos que tuvo por objeto el desarrollo de la primera fase del proyecto Conversión de Residuales de una refinería en Salamanca, Guanajuato, se encontró que la contratista consideró 75 salarios mensuales para el desarrollo de las actividades por un monto, que a juicio de la ASF, representa un cargo injustificado por 822.200 dólares. “Toda vez que dichos salarios no cuentan con el soporte documental para determinar su razonabilidad”, se detalla en la auditoría. Tras el señalamiento, el Subdirector de Auditoría al Desempeño y Control de Petróleos Mexicanos proporcionó información complementaria a fin de solventar la observación de la ASF.
En otra de las auditorías, la 523, el órgano fiscalizador consideró injustificado un gasto por 120,8 millones de pesos (unos 6 millones de dólares) en la construcción del proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula, en el Estado de Hidalgo. En el informe se expone que durante una visita de verificación realizada el 8 de junio de 2016, se constató la subutilización del 95% del inmueble construido para la residencia de obra del proyecto en Tula.
Además la petrolera nacional no proporcionó la documentación que fundara y motivara el costo y las dimensiones del inmueble, en razón de la densidad ocupacional, costo por metro cuadrado de área construida y la razón de los precios y de los soportes de los insumos utilizados, por lo que considera que se realizó un gasto injustificado en su construcción y ello repercutirá en un alto costo del mantenimiento del inmueble. Finalmente Pemex aclaró que el costo del inmueble era meno y solventó las observaciones hechas por el órgano fiscalizador.
A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la Secretaría de la Función Pública, la instancia que se encarga de investigar los casos de corrupción en contra de los servidores públicos en México, dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos era una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.
El miércoles pasado, una investigación de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que desde el 2010, Pemex y la Secretaría de la Función Pública tenían evidencias de una serie de anomalías, como sobrecostos y pagos ilegales, en los contratos otorgados a Odebrecht. Pese a esta evidencia, el Gobierno mexicano le entregó más contratos sin licitación a la constructora brasileña, en vez de demandarla o sancionarla. Estos contratos se otorgaron en el mismo periodo en que hubo sobornos a funcionarios mexicanos, según las declaraciones hechas por los directivos en EE UU.
Esta jueves, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), Raúl Cervantes Andrade, viajó a Brasil para reunirse con sus homólogos de otros países de América Latina. En un comunicado oficial se informó que fue invitado por el fiscal general de aquel país en relación a las investigaciones de las autoridades brasileñas respecto de actos de corrupción en el caso Odebrecht. "La PGR llevará a cabo este tipo de acciones de cooperación internacional, en cumplimiento a su compromiso en el combate a la corrupción", apuntó
(Publicado por AP, 17 febrero 2017)