Tras la aprobación, por unanimidad, de la reforma a la justicia laboral en 17 estados del país, el gobierno federal promulgará los cambios a la Constitución que rompen con el corporativismo y cuya plena aplicación será más tardar en un año, una vez que se concluya con la elaboración de las leyes secundarias.
Así lo aseguró el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, quien detalló que con este cambio histórico, desaparecerán las Juntas de Conciliación federal y local y se creará un organismo administrativo autónomo para el registro de contratos colectivos de trabajo, lo que “frena la existencia de los contratos de protección”, indicó en conferencia.
“Terminar con la representación tripartita tiene como fin eliminar el “embudo” en el que se convirtieron las juntas de conciliación llevando la justicia laboral a resolverse hasta en tres años. Éramos el único país en donde se utilizaba el tripartismo para la impartición de justicia”, explicó.
Detalló que actualmente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) registra un total de 459,000 asuntos y en etapa de ejecución sólo está 30% “esto significa que 70% se encuentra en la parte gorda del embudo y se vuelve muy difícil. Si dividiéramos el número de personas que trabaja en la junta por número de asunto, a cada servidor público le tocarían 200 asuntos, lo cual hace imposible hacer una buena justicia expedita, rápida y que sea justicia”.
Enfatizó que es de enorme trascendencia que se haya modificado la Constitución para emprender un nuevo modelo de justicia laboral en donde todo el peso lo tendrían el poder judicial y serán ellos quienes decidan la manera en la que operarán, “ya sea creando una nueva sala especial o asignando a los jueces ya existentes. No quisimos ser nosotros los que determinemos esa parte”, de tal manera que será hasta entonces que se conozca el costo que implicará la nueva justicia laboral. En ese sentido, aclaró Navarrete, actualmente se encuentran en proceso de análisis sobre los recursos que tienen la JFCA para dar pie a la creación del nuevo organismo autónomo que se encargará, no sólo de la conciliación, sino del registro de contratos colectivos.
Finalmente, expuso que, una vez promulgada la ley, se dará paso a la elaboración de las leyes secundarias, las cuáles “contarán con un diálogo abierto entre los factores de la producción, particularmente empresarios y trabajadores, para juntos llegar a una propuesta que pueda ser analizada por el Poder Legislativo y lleve el mayor consenso”.
¿Qué sigue?
Una vez promulgada la reforma constitucional se tiene a más tardar un año para su aplicación tanto a nivel federal como local, periodo en el cual se llevará a cabo:
La elaboración de las leyes secundarias para el derecho a huelga.
Fijar el número de trabajadores para demandar la firma de un contrato colectivo.
Entrar en un proceso de transición de las Juntas federal y local al Poder Judicial.
Determinar los presupuestos de operación.
La creación del Centro de Conciliación Especializado.
Capacitación a los actuales trabajadores de las Juntas que puedan incorporarse al nuevo sistema de justicia laboral.
(Publicado por El Economista - México, 7 febrero 2017)
________________