María Ysabel Cedano, abogada de Demus, informó que la resolución fiscal tiene graves omisiones respecto a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado peruano en materia de derechos humanos, además de carecer de enfoque de género y de interculturalidad.

Según refirió, la representación peruana será citada en Panamá la primera semana de diciembre.

"Esperamos que el Estado vaya y responda sobre los cuestionamientos que hemos hecho a esta resolución. Pedimos que se aplique correctamente la jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad y consentimiento informado. Gracias a la intervención de la CIDH ante las irregularidades en el archivamiento del caso en el año 2009, este se reabrió en el 2011. Y cuando se archivó parcialmente en el 2014, la CIDH también se pronunció exhortando al Estado a que mejore los estándares de investigación", precisó.

Pronunciamiento de la Fiscalía

La fiscal supraprovincial Marcelita Gutiérrez archivó el caso de las esterilizaciones forzadas, al considerar que no hay delito de lesa humanidad ni autoría mediata del ex presidente Alberto Fujimori y los ministros de Salud nombrados entre 1996 y el 2000.

Para sustentar su decisión, asegura que el “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000” fue una política de Estado que per se no estuvo destinada a vulnerar derechos fundamentales. Añade que, sin embargo, por las deficiencias en su diseño e implementación, permitió en casos individuales y concretos la vulneración de derechos fundamentales.

Indica que los hechos no constituyen delito de lesa humanidad porque no se presentan de manera concurrente los requisitos exigidos para su configuración: presencia de una organización, ataque sistemático contra un determinado grupo, ni política de Estado.

Agrega que las operaciones quirúrgicas no ocuparon el primer lugar, sino el cuarto, quinto o último puesto en el uso de métodos anticonceptivos entre los años 1996 y 2000.

También recalca que de las 2.636 víctimas interrogadas por la fiscalía, 1.293 han dicho que consintieron las operaciones, 946 que fueron convencidas y solo 397 que la operación se realizó sin su consentimiento.

Asimismo, expone que los altos funcionarios del Poder Ejecutivo y los servidores del sector Salud desempeñaron labores que se encuentran en el normal desarrollo de sus funciones y que el interés que mostraron en los objetivos del Programa de Planificación Familiar fue el normal en un funcionario del Estado.

La fiscal argumenta, incluso, que la denuncia formulada por los médicos del Centro de Salud Materno Infantil de Castilla (CESAMICA), de Piura, pone de manifiesto que estos y el personal asistencial que ejecutó el Programa de Planificación Familiar a nivel nacional tuvieron la oportunidad de oponerse a las disposiciones de los funcionarios del Ministerio de Salud.

Sin consentimientos

Sin embargo, hay varios puntos que se deben aclarar, como el caso de los documentos que dan fe de que la paciente está al tanto de lo que es una anticoncepción quirúrgica, los riesgos que esto implica y que se somete por su voluntad. A esto se llama consentimiento informado, el cual tiene que estar en su propio idioma y en un lenguaje comprensible.

Es obligatorio que estén en las historias clínicas; sin embargo, la fiscalía no ha dicho que cuenta con los consentimientos informados.

No es imposible acceder a las historias clínicas. En junio último, La República revisó el expediente médico de Lucía Zumaeta López, víctima de esterilización forzada en Pucallpa, y no encontró dicho documento. Si bien este caso no está incluido en la investigación fiscal, muestra cómo se actuó en esa época.

Incluso el médico Abner Ortiz, quien en los años 90 trabajó como ginecólogo en el Hospital Amazónico, confirmó a este diario que entre 1996 y el 2000 no pedían los consentimientos informados, y que solo había consejerías.

Testimonio médico

Los 12 médicos del Centro de Salud Materno Infantil de Castilla (CESAMICA) que en 1997 denunciaron las esterilizaciones forzadas afirmaron que les exigían 60 intervenciones quirúrgicas por día, sin tomar en cuenta que las operaciones masivas tendrían consecuencias para las afectadas.

El anestesiólogo Rogelio del Carmen Martino dijo a La República: “Nos exigían esterilizar en cantidades que no coincidían con lo que nosotros hacíamos habitualmente y de manera consensuada con las pacientes”.

Esto demuestra que fue una política de Estado, más allá de que los médicos pudieran negarse a intervenir.

El actual decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, aseguró a este diario que incluso les ofrecían 30 dólares por cada paciente que esterilizaban.

"Muchos iban por dinero y hacían operaciones rápidas, sin consentimiento y en condiciones no adecuadas. Por eso las pacientes se infectaban y morían", contó.

Por su parte, el ex decano de dicha institución César Palomino declaró el año pasado que el régimen fujimorista "impuso las ligaduras forzadas como un programa con metas, estímulos y sanciones contra la voluntad de miles de mujeres en condiciones de pobreza, en zonas rurales y quechuahablantes, sin condiciones adecuadas, como parte de su política contra la pobreza y de reforma de la salud". De esto nada dice la fiscal.

60 por día
El anestesiólogo Rogelio del Carmen denunció que les exigían 250 esterilizaciones en cuatro días. "Ni siquiera se hizo una reunión previa para informarnos de la campaña", recordó y cuando le preguntó al director del Cesamica, Manuel Girón Silva, este le aseguró que ya estaba todo arreglado y ellos solo tenían que ejecutarlo.

La denuncia presentada por los médicos ante la Fiscalía de Prevención del Delito, en julio de 1997, dice lo siguiente: "La jefatura del citado programa (de esterilizaciones masivas) ha previsto de manera unilateral, compulsiva y sin diagnóstico situacional de infraestructura y capacidad logística la exigencia de atender un mínimo de 20 personas y un promedio máximo de 60 personas por día".

El lugar que ocuparon las intervenciones quirúrgicas dentro del programa de planificación familiar no demuestra nada, pues los datos abarcan toda la población del país, mientras que las ligaduras de trompas se centraron en especificadas zonas del país, donde las pacientes no tuvieron otras alternativas.

Antecedentes del caso

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, demandó al gobierno peruano que constituya un registro de las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori y se sancione a la cadena de responsables.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2001 se efectuaron 272 mil 028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en el país. Amnistía Internacional alecciona al Estado peruano a que determine con exactitud el número de mujeres esterilizadas contra su voluntad.

"El gran número de esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar en los años 90 en el Perú ha dejado una ola de sufrimiento que solo podrá comenzar a remediarse si sus víctimas tienen acceso a la justicia y a reparaciones", explicó Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional.

"Es imperativo que las autoridades comiencen a remediar estos terribles abusos de manera urgente. Crear un registro de todas las mujeres que sufrieron este flagelo e iniciar investigaciones sobre la cadena de responsabilidad serían buenos primeros pasos", apuntó.

"Gran parte de las mujeres afectadas son indígenas y campesinas de bajos recursos y quechuahablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas", señaló por su parte la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro.

"En estos casos se han vulnerado los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar y la no discriminación. En algunos casos incluso se ha violado el derecho a la vida. El consentimiento informado para decisiones tan personales como una esterilización de carácter definitivo forma parte de la autonomía de cada persona protegida por los tratados internacionales de derechos humanos", apuntó Marina Navarro.
Aporte para el caso
Durante la conferencia de prensa que ofreció Amnistía Internacional para anunciar una campaña mundial a fin de que el Estado peruano aplique justicia a los responsables de las esterilizaciones compulsivas, se destacó el reportaje de investigación periodística de La República que reveló el caso de un grupo de médicos de Piura que por mandato imperativo del gobierno de Alberto Fujimori emprendieron campañas de esterilizaciones masivas a razón de 60 pacientes por día.

"El diario ha publicado suficiente evidencia de que se trató de una política de Estado y también del modus operandi de cómo se llevaban a cabo las esterilizaciones forzadas. Los hechos demostrados por el periódico contradicen a la candidata Keiko Fujimori, quien culpó a los médicos por las intervenciones quirúrgicas", argumentó el abogado de varias de las víctimas, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL). Este diario publicó una serie de documentos del Ministerio de Salud de 1997 que demuestran que durante el gobierno de Fujimori se organizaron "festivales de salud" que demuestran que era una forma de camuflar las esterilizaciones compulsivas. Ahora esta evidencia documental servirá como prueba para denunciar a los responsables.
El dato
En Moquegua un equipo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, presidido por la fiscal Wendy Calero, recogió el testimonio de más de un centenar de mujeres que fueron sometidas a las esterilizaciones durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1995-2000.
El testimonio de Esperanza Huayama
Les voy a contar sobre mi caso en Huancabamba. Mandaron una comisión de Lima a cada caserío diciendo que nos iban a apoyar con alimentos, vitaminas y medicinas. Entonces me hicieron pasar a un local y me pusieron la bata y me anestesiaron. Yo estaba embarazada de tres meses, y ellos lo sabían. Yo no lo sabía, pero aun así me operaron. Yo al enterarme les dije: 'No me quiten a mi hijito, prefiero morir junto a él. No me saquen a mi hijito'.

Lo mismo les hicieron a muchas señoras ese día. Cien por lo menos. Primero nos ofrecieron medicina, pero luego como animales nos trataron. Una vez que cerraron el puesto de salud, ya nos sacaron a todas las señoras y a cada una las llevaban con una ambulancia a otros lugares. Algunas señoras murieron, a otras sus esposos las abandonaron. Todo fue una desgracia.

(Publicado por La República - Perú, 5 octubre 2016)
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