Ante esta orden, voceros de Uber en Colombia plantearon resistencia, pues : “el progreso sólo es posible a través del cambio e implica defender lo que es mejor para los ciudadanos (...) Estamos acudiendo a las instancias que ofrece el ordenamiento jurídico vigente para que ese derecho sea respetado”.

La orden que emitió la Superintendencia dicta que se debe “suspender la facilitación y promoción -en todo el país- de la prestación de servicios de transporte no autorizados”. Esto indica que no podrá divulgar, a través de voceros o medios, de los servicios catalogados como ‘ilegales’ con los que cuentan en su portafolio.

De incumplir la orden, a Uber se le impondría una multa superior a $344 millones, la segunda después de que en marzo la entidad ordenara pagar $451 millones por “facilitar la prestación de servicios ilegales”.

Pablo Márquez, abogado y exsuperintendente de Industria, resaltó que Uber está prestando un servicio que no está regulado, lo cual le da una ventaja, porque según la Constitución los particulares pueden hacer todo lo que no esté previsto por la ley.

En este sentido, aunque las multas desangren financieramente a la firma, “si la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina que fueron multas en contra del ordenamiento legal, se tendrían que reponer los daños causados a la empresa”.

Sobre esta pugna, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, resaltó que “lo que se debe hacer es acortar el espacio en los casos donde Uber opera de manera ilegal. Por ejemplo, los carros particulares como Uber X no pueden hacerle competencia a los taxis”.

(Publicado por La Republica - Colombia, 1 septiembre 2016)