La Alianza
Social por la Gobernabilidad y la Justicia de El Salvador exigió hoy la
renuncia de los magistrados de la Sala Constitucional por considerar que
atentan contra la institucionalidad del país.
La
organización manifestó su rechazo a las resoluciones arbitrarias que
interfieren en las funciones de otros órganos estatales y constituyen golpes
institucionales, al referirse a la reciente medida que declara inconstitucional
a los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa.
También
hizo referencia a otras sentencias -motivadas por un supuesto antipartidismo
exacerbado- que han destituido a magistrados y presidentes del Tribunal Supremo
Electoral, Corte de Cuentas, Consejo Nacional de la Judicatura y de la propia
Corte Suprema de Justicia.
"Algunas
de estas resoluciones violentan flagrantemente disposiciones constitucionales y
son verdaderos atentados contra la institucionalidad de nuestro país",
alertó.
Al mismo
tiempo condenó también la actitud de boicot contra los ingresos gubernamentales
a través de sentencias como las que revirtieron el fondo para atender a las
víctimas de accidentes de tránsito.
Además, la
reforma tributaria que gravaba a empresas que declaran pérdidas para evadir al
fisco, el incremento del 13 por ciento a la tarifa de energética y la emisión
de 900 millones de dólares en bonos.
Con esos
fallos, la Sala impide al gobierno obtener recursos para financiar los planes
de seguridad pública, protección social a sectores vulnerables, salud,
educación, saneamiento ambiental, reactivación productiva, infraestructura,
entre otras acciones a favor del pueblo.
"Esto
violenta los derechos de la población y contribuye al agravamiento de los
problemas nacionales más sentidos", recalcó la organización.
Señaló
asimismo, que el nombramiento de los magistrados que integran las Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia "no fue transparente ni
legal".
Explicó que
su elección no resultó de un proceso abierto de evaluación de sus perfiles,
sino de una negociación extra parlamentaria efectuada en Casa Presidencial.
Añadió que
fue ilegal porque dos de ellos, los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo
González, no fueron propuestos originalmente por el gremio de abogados ni por
el Consejo Nacional de la Judicatura, únicas instancias que pueden proponer al
parlamento candidatos a magistrados de la Corte.
Aseguró que
"los magistrados de la Sala se han extralimitado en sus funciones,
violentan disposiciones constitucionales, menoscaban la independencia de poderes
estatales, han trastocado el orden jurídico-institucional del país y sabotean
permanente los esfuerzos del gobierno en la solución a los problemas" al
impedir obtener ingresos necesarios.
Exigió a
los cuatros magistrados a renunciar inmediatamente a sus cargos y de no hacerlo
señaló que la Asamblea debe destituirlos y elegir a nuevos magistrados que
defiendan la Constitución.
(Publicado
por PL, 21 julio 2016)
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