En medio de las repercusiones por las nuevas revelaciones publicadas esta semana en el caso de los Panama Papers, el país centroamericano finalmente cedió a las presiones foráneas y se comprometió a compartir de manera instantánea la información de cuentas financieras con otros países.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales anunciaron ayer que la nación latinoamericana, junto con Baréin, Líbano, Nauru y Vanuatu, acordaron intercambiar automáticamente la información de cuentas financieras con otros territorios.
A través de una carta enviada el lunes a la entidad con sede en París, la canciller Isabel de Saint de Malo de Alvarado detalló que su país adoptará "mecanismos recíprocos bilaterales con todas aquellas jurisdicciones (…) interesadas en suscribir un acuerdo que permita el intercambio automático de información con Panamá, que cumplan con los requerimientos de confidencialidad y protección de la información necesarios para la implementación de dicho intercambio".
El gobierno ya estaba trabajando para adoptar el Estándar Común de Reporte cuando se filtraron los documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca a comienzos de abril, situación que reveló el fracaso de las autoridades locales para cooperar en los esfuerzos globales para luchar contra la evasión tributaria. La OCDE había advertido en febrero que la nación no estaba cumpliendo su compromiso original.
Con estos cinco pactos, ya son 101 jurisdicciones alrededor del mundo las que han acordado compartir datos según la norma común elaborada por la OCDE y el G20 con el apoyo del Foro Global en 2014 y que deberá regir desde septiembre de 2018.
"Asistimos ahora a un movimiento imparable hacia el intercambio de información, sobre la base de una norma común única formulada por la OCDE con el respaldo de la comunidad internacional," declaró en un comunicado Ángel Gurría, secretario general del organismo.
El mexicano llamó a las naciones a dejar el discurso de lado y actuar. “Estos compromisos políticos de sumarse a la lucha contra la evasión fiscal deben plasmarse en la realidad práctica, a través de la adopción de las normas y de un intercambio efectivo de información. Es hora de que los actos pesen más que las palabras”, manifestó.
El costo de la corrupción
En tanto, a un día de que se celebre en Londres la Cumbre Anticorrupción convocada por el primer ministro británico, David Cameron, el Fondo Monetario Internacional publicó un ensayo sobre la materia escrito por su directora gerente, Christine Lagarde.
En el documento titulado “Abordar la corrupción abiertamente”, la francesa aseguró que este problema afecta a los países en todas las etapas de desarrollo y detalló que una estimación recientemente actualizada apunta a que anualmente se pagan entre US$ 1,5 billón (millón de millones) y US$ 2 billones -es decir, cerca de 2% del PIB global- en sobornos a nivel mundial.
La jefa del FMI precisó que el soborno es sólo una de muchas formas de corrupción, lo que implica que el costo total, en términos de mermas tangibles y de oportunidades perdidas, es muy elevado.
“Si bien los costos económicos directos de la corrupción son bien conocidos, los costos indirectos podrían incluso ser más considerables y debilitantes, llevando a un bajo crecimiento y a una mayor desigualdad de ingresos”, afirmó.
A su juicio, se requiere una perspectiva multifacética para combatir esta mala práctica. "Quizás el ingrediente más importante para un enfoque anticorrupción exitoso es el desarrollo de instituciones sólidas, centradas en un servicio civil profesional que sea lo suficientemente independiente tanto de la influencia privada como de la interferencia política", expresó.
(Publicado por Agencias, 12 mayo 2016)