El Pleno de la Corte Suprema emitió ayer un informe en que se refería a uno de los artículos del proyecto de ley que modifica la ley antiterrorista, referente a la competencia de los tribunales con una jurisdicción distinta del lugar donde ocurrieron los hechos. Si bien informaron desfavorablemente sobre este punto, un grupo de seis magistrados del máximo tribunal (compuesto por 21) quiso ir más allá y decidió analizar el resto de la normativa en sus votos de prevención. La conclusión de Sergio Muñoz, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm, Carlos Künsemüller y Andrea Muñoz es que la normativa, que actualmente está en el Congreso y que el ministro del Interior, Jorge Burgos, manifestó que le dará urgencia a su discusión, afectaría el derecho a la defensa de los imputados porque permite el secreto de los antecedentes hasta la formalización, no deja claro si se pueden utilizar de agentes encubiertos sin autorización judicial y abre la puerta a que los antecedentes recabados por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) puedan ser presentados como pruebas en un juicio.
En este último punto hacen hincapié en que el artículo propuesto señala que “los antecedentes recopilados por la ANI y de otros organismo de inteligencia pertenecientes a las FF.AA. y de Orden y Seguridad, podrán ser utilizados como elementos de pruebas y no serán objetos de exclusión”. Esto actualmente no es posible, porque estos datos recopilados no pueden ser ocupados como evidencia por la fiscalía. Según los magistrados, "el propósito de la información de inteligencia y contrainteligencia es eminentemente preventivo. Lo que se busca es dotar (...) la imposibilidad de excluir del juicio este tipo de pruebas en la audiencia de preparación que se propone (...) genera una situación de prueba privilegiada para el Estado", indican en el informe. También manifestaron que no corresponde que se decreten medidas como agentes encubiertos sin una autorización previa de un tribunal y criticaron que no esté claro el límite del secreto de la investigación para los defensores, dado que sólo podrán acceder a la carpeta, señala en el proyecto, cuando se formalice.
El ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo ayer que ninguna de los artículos cuestionados fueron mociones presentadas por el gobierno. "Lo que nos interesa es convencer a los parlamentarios de que nuestro proyecto es bueno. Lo que hace es terminar con una ley especial, establecer el delito de organización terrorista", dijo.
(Publicado por La Tercera - Chile, 12 abril 2016)
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