Fiscales del estado de Sao Paulo presentaron el miércoles cargos contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de una investigación por lavado de dinero, aumentando el escrutinio sobre el político que la semana pasada fue interrogado en un caso paralelo sobre corrupción.
El portavoz de los fiscales no especificó los cargos presentados contra Lula, pero investigadores del estado han dicho que sospechan que la familia del ex mandatario posee un departamento frente al mar en la ciudad de Guaruja que no ha sido declarado.
Investigadores federales reiteraron las acusaciones después de que detuvieron brevemente el viernes a Lula para interrogarlo bajo custodia policial, agravando una crisis política que ha golpeado a su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff.
Lula ha negado cualquier ilícito y rechazó la idea de que él sea dueño de un condominio de lujo en Guaruja, construido por el grupo de ingeniería OAS, uno de los conglomerados involucrados en un enorme escándalo de corrupción relacionado con la petrolera controlada por el Estado Petrobras.
El abogado de Lula dijo que los cargos son un intento del fiscal Cássio Roberto Conserino por manchar al ex presidente.
"Conserino convirtió dos visitas a un departamento en Guaruja en una propiedad oculta", dijo el abogado defensor Cristiano Zanin Martins en un comunicado en el que pide al Supremo Tribunal Federal que decida si la jurisdicción corresponde a fiscales del estado o federales.
Los cargos podrían sumar urgencia a que Lula acepte un cargo en el Gobierno de Rousseff, en caso de que se lo ofrezcan.
Medios brasileños informaron el miércoles que miembros del Partido de los Trabajadores estaban presionando a Rousseff para que le ofrezca a Lula, su fundador, el mando de un ministerio, lo que lo protegería de una posible detención.
Si es designado, Lula sólo podría ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, lo que lo dejaría fuera del alcance del magistrado federal que investiga el caso de sobornos en Petrobras.
Defensa dice que hay acoso
El vicejefe de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados de Brasil, Wadih Damous, denunció hoy el acoso de que es objeto el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por parte del fiscal paulista Cassio Conserino.
Ese fiscal está persiguiendo a Lula y tiene que ser castigado por tomar una decisión sin tener la competencia debida, sostuvo.
El parlamentario consideró irresponsable, parcial, direccionada y totalmente irregular la denuncia contra Lula que presentó hoy Conserino ante la justicia de Sao Paulo, acusándolo de robo, falsificación, organización criminal y blanqueo de dinero, según reportaron medios de prensa.
Existe una persecución política clara contra el expresidente, insistió Damous, quien afirmó que el inquisidor pudiera ser procesado por daños morales, pues ya es conocido por otros actos irresponsables como la filtración de información a la revista Veja.
La denuncia de Conserino se sustenta en el supuesto de que Lula ocultó ser propietario de un inmueble en Guarujá, en el litoral paulista.
En una declaración por separado, el Instituto Lula negó las acusaciones y reiteró que el exgobernante no es dueño ni del apartamento en Guarujá ni de un sitio en Atibaia, cuya propiedad también le es atribuida.
La institución denunció hoy también que agentes de la Policía Federal secuestraron ilegalmente toda la comunicación de la organización al apropiarse de la contraseña de sus cuentas de correo electrónico.
El secuestro de toda nuestra autonomía y privacidad en las comunicaciones electrónicas constituye una violación contra la democracia, la libertad de organización y de expresión, sostuvo la entidad.
Advirtió, además, que el hecho no solo posibilita a la Policía Federal revisar los correos, sino también les permite crear nuevos (e ilegítimos) mensajes con el dominio institutolula.org y enviarlos desde cualquier cuenta del Instituto.
El sábado pasado, en el inicio de la fase 24 de la operación anticorrupción Lava Jato, Lula fue conducido por la fuerza a declarar ante la Policía Federal, en un hecho ampliamente reprobado por los más diversos sectores de la sociedad.
Al fijar su posición, el gobernante Partido de los Trabajadores catalogó la acción de la Policía Federal, el Ministerio Público y la Red Globo como "un nuevo e indigno capítulo de la escalada golpista" que busca desestabilizar al gobierno de Dilma Rousseff.
Sectores de los aparatos policial y judicial del Estado, mancomunados con grupos de comunicación y la oposición de derecha, son el núcleo dirigente de un plan destinado a subvertir el resultado de las urnas, subrayó.
Denunció que "el festival de investigaciones selectivas, filtraciones ilegales y atropellos de garantías individuales evidencia que la nación está siendo desangrada por la construcción de un régimen de excepción y arbitrio".
(Publicado por Agencias, y Gestión - Perú, 10 marzo 2016)
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