El Congreso
de Argentina probablemente derogue dos leyes que han impedido al país poner fin
a una disputa legal que afectó a sus finanzas, dijeron este lunes un legislador
clave y analistas.
Un acuerdo
en el litigio permitiría al nuevo presidente argentino acceder al mercado de
bonos globales y reactivar la economía sin imponer el tipo de ajuste fuerte que
erosionó el poder de otros gobiernos en el pasado, incluso causando su salida
antes de término.
El
presidente Mauricio Macri ganó las elecciones en noviembre sobre una plataforma
de orientación más ortodoxa en lo económico después de ocho años de fuertes
aumentos del gasto público bajo el gobierno de Cristina Fernández, considerada
como populista por Wall Street.
La anterior
mandataria se había rehusado a negociar con los fondos de cobertura que litigan
contra el país por sus bonos incumplidos.
El juez
estadounidense encargado del caso insinuó el viernes su voluntad de levantar
unas órdenes que había colocado para impedir pagos de la deuda, si el Congreso
argentino deroga dos leyes específicas.
Una de
ellas permite que el pago de los bonos sea procesado en Buenos Aires en lugar
de Estados Unidos, y la otra prohíbe que el gobierno ofrezca mejores términos
que los que fueron incluidos en las reestructuraciones de deuda del 2005 y el
2010.
Los fondos
han estado en negociaciones con la administración de Macri en semanas recientes
en Nueva York para resolver la disputa, que ya lleva años. La decisión del
viernes restó influencia de los fondos en esas discusiones, al poner en duda el
futuro de las órdenes que impiden los pagos.
"Creemos
que vamos a tener el número para lograrlo", dijo Nicolás Massot, uno de
los líderes del partido PRO de Macri en la Cámara de Diputados, a radios
locales.
Los
analistas coincidieron con que Macri probablemente conseguirá los votos
necesarios en el parlamento, apelando a los miembros moderados de la oposición
peronista, que quedó sin un líder claro desde que Fernández concluyó su mandato
en diciembre.
Se prevé
que los gobernadores provinciales cabildeen en el Senado para derogar las dos
leyes a fin de mejorar las finanzas de sus propios distritos y conseguir
recursos para muy necesarios proyectos de infraestructura y obras públicas.
"Las
peleas de facciones dentro del peronismo y la situación financiera crítica de
las provincias deberían ayudar a que Macri consiga la derogación de ambas leyes
en el Congreso", dijo Ignacio Labaqui, quien sigue a Argentina para la consultora
Medley Global Advisors en Nueva York.
El país
quedó fuera del mercado global de bonos desde que incumplió pagos de su deuda
soberana en 2002. Un 93 por ciento de los acreedores aceptaron alrededor de 30
centavos por dólar en las reestructuraciones del 2005 y el 2010.
Pero un
grupo de fondos "holdouts" acudieron a la justicia para reclamar el
pago completo. En 2014 convencieron a un juez federal estadounidense para que
prohibiera el pago de los bonos reestructurados hasta que se alcanzara un
acuerdo.
El juez del
caso dijo el viernes que serviría al interés público levantar esa orden,
siempre que Argentina derogara las dos leyes y pagara a los acreedores que
aceptaron un primer acuerdo al 29 de febrero.
El Congreso
argentino vuelve a sesionar el 1 de marzo.
Jimena
Blanco, una analista de Verisk Maplecroft en Gran Bretaña, coincidió con que
Macri debería ser capaz de juntar los votos necesarios para la derogación.
"Acordar
con los holdouts es la única forma en la que el gobierno puede continuar
aplicando un ajuste económico gradual", dijo Blanco.
"Sin
financiamiento externo, la única opción sería un tratamiento de 'shock'. Macri
intentará evitar esto por todos los medios posibles", añadió.
Nuevo acuerdo
El gobierno
argentino llegó a un nuevo acuerdo con otros cinco tenedores de bonos por US$
250 millones y 185 millones de euros, que equivalen a un total aproximado de
US$ 450 millones, según informó el mediador del litigio con los fondos buitre,
Daniel Pollack.
Se trata de
Lightwater Corp, Old Castle Holdings, VR Capital, Procella Holdings y Capital
Ventures International, precisó Pollack, a través de un comunicado.
Old Castle
y Lightwater fueron los primeros fondos que metieron una demanda conjunta ante
el despacho del juez Thomas Griesa, luego del default en el 2002. La suma
alcanzada, en el marco de las negociaciones que Argentina lleva adelante para
solucionar los reclamos de los holdouts, llega a un total de US$ 250 millones y
185 millones de euros, detalló el mediador.
Este
principio de acuerdo, al igual que los anteriores, están sujetos a que el
Congreso nacional derogue la "Ley Cerrojo" y la "Ley de Pago
Soberano", y a que el juez Griesa levante la medida judicial que impide al
país pagarle a los bonistas reestructurados.
El mediador
señaló que continúa "trabajando con la República Argentina y con todos los
bonistas interesados, para ayudar a alcanzar un principio de acuerdo".
Entre los holdouts que aún no se sumaron a la oferta realizada por el país el 5
de febrero en Nueva York, se encuentran cuatro de los principales holdouts,
entre ellos NML Capital y Aurelius.
(Publicado por El Clarín - Argentina, 23 febrero 2016)
__________