La Audiencia Nacional investigará el presunto trucaje de los motores diésel de Volkswagen. El juez Ismael Moreno se ha declarado este miércoles competente para investigar las querellas interpuestas contra el Grupo Volkswagen y ha citado a la empresa el 10 de noviembre, a las 10.30 horas, para que se persone, tal y como establecen los artículos 118, 119 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando se imputa a una persona jurídica, que deberá designar un representante, abogado y procurador.
El magistrado acepta en un auto dictado hoy la petición de a Fiscalía, que pidió a la Audiencia que se investigara al grupo automovilístico alemán por fraude por publicidad engañosa, fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente. La querella de la fiscalía se sumó a las interpuestas por diversos colectivos, como Manos Limpias, una agrupación de afectados por motores de Volkswagen y la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras. El juez acepta la personación de estos tres grupos, condicionada a que depositen una fianza de 5.000 euros cada uno en el plazo de 10 días y a que se personen con un mismo abogado.
En su resolución, el juez Moreno acepta las diligencias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas, pedir al Ministerio de Industria que remita toda la información con la que cuente sobre el trucaje de los motores, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos y los informes que haya recibido de la propia empresa. El magistrado considera que estas diligencias son "pertinentes y necesarias" y se refieren a cuestiones de "absoluta trascendencia" para el esclarecimiento de los hechos.
El juez pide también que Volkswagen entrege la relación de vehículos afectados vendidos en España, el organigrama del grupo en nuestro país "con especificación de funciones vinculdas a los hechos y determinación del personal responsable del mismo", la identificación de la empresa a la que se encargó el software y un informe sobre las medidas adoptadas para subsanar los perjuicios causados. Moreno pide también las periciales que hayan podido realizar sobre los coches manipulados el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En el informe remitido a la Audiencia Nacional, la Fiscalía argumentaba que lso juzgados centrales debían hacerse cargo de la investigación por tratarse de un presunto fraude que ha dejado afectados por toda España. En su escrito, el ministerio público explica que la manipulacón de los motores "parece consistir en la manipulación de un programa informático que detecta cuándo el vehículo se encuentra en un banco de pruebas" y reduce sus emisiones contaminantes para adaptarse a la normativa medioambiental.
(Publicado por El País, España - 28 octubre 2015)