La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó el pedido de inconstitucionalidad planteado por la el fiscal Enrique Viana respecto de la ley de Megaminería en el entendido de que la minería a cielo abierto y en gran escala que viene preparando la empresa Aratirí "acarreará significativos y negativos impactos territoriales".
En su petición la fiscalía expresa que "se ha vuelto un hecho más que notorio que desde el Estado – Poder Ejecutivo se ha venido negociando un Contrato de Inversión con la citada Corporación (Zamin Ferrous Group – Aratirí), por el cual se facilitarán salvaguardas, prebendas y privilegios de todo tipo en favor de la empresa".
Y agrega que "el éxito lucrativo de la metodología extractiva de la Minería de Gran Porte depende estrechamente de la destrucción y la contaminación ambiental graves".
Según se informa en su página web, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad desestimó el excepcionamiento de inconstitucionalidad ejercitado, señalando, entre otros muchos argumentos, que si bien la fiscalía adujo que se trata de "una ley que justifica o legitima el daño ambiental constitucionalmente prohibido" y que "ese es su único propósito: evadir el artículo 47 de la Constitución", dicho argumento no encuentra respaldo en el texto legal impugnado (art. 1º ley 19.126)
Los pasos del mega proyecto minero
Al inicio de 2014 con bombos y platillos desde el gobierno se anunció avances del proyecto minero, inclusive hasta con la posible firma del contrato de concesión con Aratirí. El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, en diálogo con Gente & Negocios analizó las distintas etapas hasta llegar al permiso ambiental.
Sin embargo, la evaluación ambiental del Proyecto Valentines de Aratirí en la Dinama estaba prácticamente estancada, hubo un proceso dinámico que se siguió hasta la aprobación de la Ley que definió un lugar específico para localizar un único puerto de aguas profundas en la zona de El Palenque, en Rocha. La empresa había presentado inicialmente una propuesta de localización de su terminal portuaria en otro punto de Rocha y frente a la exigencia de la nueva Ley deben ajustar dos componentes importantes del proyecto, la terminal portuaria y el mineroducto que une el distrito minero con esa nueva terminal. Esto no se hace en poco tiempo y eso explica el período actual en que no hay novedades en el proceso de evaluación ambiental, según informo el entonces director de la Dinama.
Participación pública
“Luego de analizar la nueva información que se recibirá se debe considerar el inicio de una etapa clave que es la de la participación pública. Se deberá presentar un informe ambiental resumen por parte de la empresa que se debe poner de manifiesto durante 20 días hábiles a fin de recibir comentarios por parte de los actores que pueden sentirse afectados por el emprendimiento. Analizados estos aportes se pasa a la etapa de audiencia pública en que se trata el proyecto y sus impactos ambientales en forma presencial en la zona donde éste se propone localizar”, agregó el jerarca.
Cláusula contractual
El contrato de la concesión minera debe contar con la aprobación ambiental para que pueda ponerse en marcha. Pero la firma del contrato no está atado al permiso ambiental. "Se puede firmar el contrato poniendo una cláusula en la que figuren determinadas exigencias ambientales de tal forma que si no se cumple con dicha cláusula, no se pone en marcha el contrato", agregó Rucks.
El proyecto de la multinacional Zamin Ferrous estima invertir más de 1.000 millones de dólares en un complejo de 6.210 hectáreas, además de la construcción de un minero ducto de 212 kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
(Publicado por El País - Uruguay, 15 octubre 2015)
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