La sentencia, cuyo recurso debe ahora considerar el foro de arbitraje y conciliación del Grupo del Banco Mundial (BM), insta al Estado boliviano a pagar $us 48,6 millones a la empresa minera de Chile Quiborax por una presunta obstaculización a “la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones” de dicha compañía “a través de medidas injustificadas o discriminatorias”, señala el fallo inicial del CIADI. El hecho ocurrió en 2004 durante la presidencia de Carlos Mesa, cuando se anuló la licencia de explotación de la empresa.

Según el comunicado de la PGE, la secretaria General del CIADI, Meg Kinnear, hizo conocer el registro del recurso de anulación, informando que solicitará “al presidente del Consejo Administrativo del CIADI que proceda (…) al nombramiento del Comité ad hoc que considerará la solicitud de anulación” y que aceptó la petición de suspensión de la ejecución del laudo.

La determinación de presentar el recurso de anulación se asumió tras evidenciarse que el laudo contiene gravísimas violaciones a las normas de procedimiento y que además fue dictado con exceso y extralimitación de facultades, en perjuicio de Bolivia. En esta línea, el procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó el lunes no reconocer la demanda de Quiborax, ya que “no ha habido una inversión legal y legítima dentro del país”.

Procesos similares abiertos

El caso de Quiborax es uno de los siete procesos derivados de procesos de nacionalización. En los otros casos están Abertis Infraestructura SA; South American Silver Limited (Bermudas); Jindal Steel Bolivia SA; Iberdrola SA; BP Global-BP International-BP Asia y la minera Glencore.

(Publicado por La Razón - Bolivia, 24 septiembre 2015)