El sistema
de justicia, formado por el Poder Judicial, Ministerio Público y el Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM), asumió el compromiso de actuar con mayor
eficiencia y rigurosidad frente al tema de la seguridad ciudadana.
Tras una
reunión de coordinación, que incluyó al Colegio de Abogados de Lima (CAL),
Pablo Talavera, del CNM, explicó que la idea es dar un mensaje a la ciudadanía
de un compromiso institucional en el desarrollo de sus funciones.
"Queremos
pasar de las palabras a los hechos en función del principio del consenso y la
coordinación de las instituciones del sistema de justicia y, además, porque el
problema de la inseguridad ciudadana es de todos", expresó.
Este
compromiso, añadió, no solo significa estar en mejores posibilidades de
enfrentar la delincuencia, sino también generar canales de comunicación con la
ciudadanía para recibir sus reclamos, quejas y denuncias.
Asimismo,
se ha previsto llevar a cabo la capacitación de jueces, fiscales, abogados y
policías, al coincidir en que ello permitirá una actuación más homogénea y acorde
a los fines de lo que se pretende aplicar.
"Queremos
el fortalecimiento de las instituciones, que la delincuencia retroceda pero
para ello necesitamos que todas las instituciones, magistrados, abogados,
medios de comunicación y población se sumen", dijo.
Rechazan
justicia popular
Por su
parte, Víctor Ticona, presidente del Poder Judicial, sostuvo que existe una
posición firme frente a la inseguridad ciudadana y, a su vez, de rechazo total
a la convocatoria de la justicia popular.
"Y
como contrapartida a este rechazo está nuestro compromiso y el de los jueces de
tener un sistema judicial más eficaz y oportuno que de respuesta efectiva
inmediata frente al tema", indicó a la prensa.
Sobre ese
punto, recordó que en Tumbes se aplica un plan piloto para delitos flagrantes,
que se implementó el 1 de agosto y que ha permitido, por ejemplo, tener una
sentencia en una hora y 40 minutos para un caso de conducción bajo los efectos
del alcohol.
Esta
experiencia, dijo, toma como base el Decreto Legislativo 1194, con el cual,
afirmó, el Poder Judicial puede estar a la vanguardia y dar una respuesta
efectiva y oportuna frente a la delincuencia común, dándole tratamiento
especial a los delitos flagrantes.
A su turno,
el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, refirió que a iniciativa de la Fiscalía
de Arequipa no se va a esperar la entrada en vigencia de las normas penales
sobre flagrancia, que está prevista en unos 90 días.
"Hemos
dado el consentimiento para que se aplique con las directivas necesarias que a
ello corresponde", afirmó al reiterar que existe la mayor voluntad de
trabajar de manera interinstitucional en el sistema de justicia.
También
hizo hincapié sobre el presupuesto que se requiere para contar con más fiscales
y apoyo logístico, por lo que hizo un llamado a fin de que se les haga llegar
un mayor monto a través de un crédito suplementario.
En la cita
acudió, como titular del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, quien
coincidió en el compromiso de los abogados de trabajar por disminuir la
inseguridad ciudadana.
En otros
puntos se acordó, además, solicitar al Congreso poner a debate y se apruebe la
Ley de Carrera Fiscal, la Ley Orgánica del CNM y las modificaciones a la Ley de
la Carrera Judicial. La próxima cita de coordinación será el 21 de setiembre en
la sede del Poder Judicial.
(Publicado por Agencia Peruana de Noticias, 10 septiembre
2015)
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