Los periodistas saturan un auditorio de la Universidad Anhembi Morumbi, expectantes de lo que dirá el juez Sergio Moro, a cargo del megajuicio de corrupción denominado Lava Jato. Esperan algún dato nuevo. Transcurre el segundo día del congreso de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI), donde otros ponentes notables son el argentino Jorge Lanata –dirá que nunca sabremos quién asesinó al fiscal Alberto Nisman a pocas horas de sustentar su acusación contra Cristina Kirchner– y Laurent Sourisseau, más conocido como Riss, el actual director de Charlie Hebdo. Sobrevivió a la masacre del 7 de enero pasado, no sin recibir un balazo en la espalda. Aquí habló el 4 de julio. Cada uno de los que ingresaban al auditorio era palpado por un cuerpo de seguridad, para comprobar que no llevaba un arma.
Aún más alto
Pero Moro no suelta primicia. Es un juez que ve casos de lavado de activos y crímenes financieros en el Estado de Curitiba, donde empezó y continúa Lava Jato. En 2014 fue el personaje del año para varios medios importantes. Ahora, reunido ante buena parte de los más destacados periodistas de Brasil, decide hablar solo generalidades al referirse al proceso.
–¿Cuál es su estrategia de investigación? –preguntó un asistente.
–Zero –dijo–. Es tarea de la Policía Federal y el Ministerio Público.
En el caso, que tiene como centro a Petrobras, se investigan sobreprecios, fraudes en licitaciones, pago de sobornos y lavado de dinero por aproximadamente seis mil millones de reales. El perjuicio final para la empresa es aún incalculable. Según la Policía Federal llega a 19 mil millones de reales. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso lo calcula en 34 mil millones (unos doce mil millones de dólares), sin contar los sobornos. Con testimonios de una veintena de delatores, la mayoría empresarios y ex ejecutivos de Petrobras, hasta marzo del 2015 el Ministerio Público había presentado más de veinte cargos criminales contra más de cien personas. El mes pasado, con las detenciones de las máximas autoridades de Odebrecht y Andrade Gutiérrez, crema y nata del empresariado brasileño, parecía que la investigación llegaba a lo más alto.
Pero quizá no.
Gran delación
El empresario Ricardo Pessoa, dueño de la constructora UTC, ha negociado con las autoridades un acuerdo de delación premiada cuyo contenido “es demoledor”, según la revista Veja, que tuvo acceso a los documentos. Pessoa dijo que entregó 7.5 millones de reales a la campaña de Dilma Rousseff en 2014. Hizo dos entregas de 2.5 millones, el 5 y 30 de agosto, y luego 2.5 más, de un total de diez millones ofrecido. No pudo completar su aporte –lo haría luego de las elecciones– porque cayó detenido. El dinero provenía de los contratos que tenía Pessoa con Petrobras. Según el empresario, fue Edinho Silva, entonces tesorero de la candidata y hoy ministro de Comunicación Social de la presidencia, quien lo instó a colaborar. Fue de esta manera:
–Usted tiene obras con el gobierno y Petrobras. ¿Quiere seguir teniendo?
Por otra parte, Pessoa dice poder demostrar que en 2006 entregó 2.4 millones de reales en efectivo para la campaña de Lula. Este dinero también provendría de Petrobras.
Antes de que se conociera la delación de Pessoa, Ibope comprobó el desmoronamiento del apoyo ciudadano a Rousseff. La aprueba solo un 9% –hace un año, el 53%– según una encuesta realizada en 141 municipios del 18 al 21 de junio. Esta dramática impopularidad no solo es causada por la corrupción, sino por la crisis económica. Encima de lo cual, una investigación sobre desvíos de fondos ilícitos de Petrobras hacia su campaña electoral puede tener efectos destructivos para ella.
El impeachment
A pedido del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) el Tribunal Superior Electoral (TSE) abrió una investigación sobre la campaña de Dilma. Conocida la delación de Pessoa, el TSE pidió al juez Moro que le permitiera declarar en su proceso. Moro ha respondido que eso depende del Supremo Tribunal Federal, que autorizó el acuerdo de Pessoa con los procuradores. El TSE ha citado a declarar a Pessoa el 14 de julio. El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) presentó un recurso para impedirlo, pero el TSE lo rechazó. Todo indica que la investigación va a continuar. La presidenta puede terminar afrontando un impeachment, un juicio político ante el Congreso. Tanto por este caso como por otro no menos peliagudo. El Tribunal de Cuentas la investiga por ocultar cifras de gasto del gobierno, un delito constitucional por el que responde personalmente.
Aecio Neves, presidente del PSDB, que perdiera por pocos puntos las elecciones de 2014, ya expresó sus dudas de que Rousseff continuara con capacidad de gobernar. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del PT y poderoso en el Congreso, está a la expectativa. Su líder, Michel Temer, es vicepresidente. Si Dilma renuncia o es apartada de su cargo para afrontar una acusación constitucional, Temer la reemplazaría. Salvo que las investigaciones concluyan que Temer también se benefició de fondos de Petrobras para su campaña electoral. En ese caso iría al impeachment conjuntamente con Dilma. Si ambos son apartados, habría nuevas elecciones.
Las possibilidades
Todas las posibilidades dependen de dos variables. Una, las consecuencias del manejo de la crisis económica, que requiere un ajuste fiscal lo antes posible. Otra, la evolución del caso Lava Jato, que depende de la solidez de las pruebas sobre el financiamiento ilícito de la campaña de Dilma (y eventualmente de la de Temer). En un momento determinado una negociación respecto de la cabeza de Dilma entre el PSDB y PMDB es posible, aunque el sucesor desearía tomar el gobierno cuando el impopular ajuste ya se haya producido.
Entretanto, los del PT han reaccionado. Presionaron al Ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para que controle las investigaciones de la Policía Federal, que está bajo su mando. Pero Cardozo, que en privado reveló deseos de renunciar, poco puede hacer. Aunque depende administrativamente de Cardozo, esta policía es autónoma en lo funcional y podrá cargarse a la presidenta si es necesario. Su director general, Leandro Daiello, ha dicho: “El ministro tiene conocimiento de una investigación el día en que la operación fue desencadenada”.
El método Moro
Los métodos del juez Sergio Moro son, por otra parte, duramente cuestionados. En una de las mesas del congreso de ABRAJI, dos abogados de acusados del caso Lava Jato, Fabio Tomic y David Azevedo, criticaron la forma en que el juez inclina la balanza a favor de la acusación mediante la delación premiada. Para Tomic la distorsión es de tal naturaleza que se convirtió en un instrumento extorsivo. El juez usaría la prisión preventiva, que se aplica para prevenir fugas y proteger pruebas, como una forma de obtener delaciones premiadas.
La propia Dilma atacó el sistema. Comparó estas delaciones hechas en el marco de la ley, con las confesiones extraídas bajo tortura durante el período dictatorial. Ella, como se sabe, fue torturada. Ahora sufre un tormento diferente.
En su presentación ante ABRAJI Moro justificó las detenciones, atribuyéndolas a la calidad de las pruebas. Se presentó como un juez sin pasiones pero inflexible. Un periodista le preguntó qué opinaba de lo dicho por Rousseff.
–La presidenta merece todo nuestro respeto –dijo.
(Publicado por Agencias, 7 julio 2015)
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