Durante una sesión extraordinaria llevada a cabo el pasado viernes, el consejo ponderó que los jueces involucrados en asuntos judiciales de la compañía han negado que se les hubiera ofrecido cualquier dádiva, y enfatizó también que sus procesos judiciales los gestionan despachos externos, de modo que "el consejo acordó no separar al director jurídico, pero sí aislarlo de todos los procesos judiciales correspondientes".

Los miembros del órgano de gobierno externaron su confianza en lo que les reportó el director general de la compañía, Juan Osuna Gómez, respecto de la ausencia de cualquier pago irregular, pero "en aras de la máxima transparencia y acorde con las mejores prácticas de gobierno corporativo (...) se ha abierto una investigación, a cargo de una firma de abogados de reconocido prestigio en México, en relación con la reciente videograbación difundida".

En la reunión, Osuna Gómez informó a los miembros del órgano de gobierno de la empresa que se inició una investigación y las acciones judiciales contra "los autores de la campaña de desprestigio en la que se ataca tanto a la compañía como a sus inversionistas", según se informó en un comunicado que la empresa envió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Desde el 5 de mayo, cuando se divulgó un primer paquete de grabaciones en las que directivos de la empresa conversan sobre la existencia de sobrecostos injustificables en una sus vialidades (el Viaducto Bicentenario) y sobre una estrategia para elevar indebidamente sus tarifas, OHL México ha perdido 34.77% de su valor en la BMV.

El escándalo derivó ya en la separación del cargo del representante de la compañía en México, Pablo Wallentin, quien aparece en todas las conversaciones y "se saltó el código de ética de la compañía", según reconoció el presidente global de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien desde España ha defendido, no obstante, la integridad de la compañía, y denunciado una campaña de desprestigio y difamación.

(Publicado por El Economista - México, 2 junio 2015)
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