La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados abrió un "proceso investigativo" para determinar si el juez Carlos Fayt está en condiciones psicofísicas de seguir ejerciendo su cargo. Para hacerlo, citó a declarar a funcionarios de la Corte Suprema, colaboradores del magistrado y periodistas que denunciaron irregularidades en la actividad del máximo tribunal.
La decisión se tomó con el voto mayoritario del oficialismo, que aclaró que no se trata de un juicio político, sino de una investigación destinada a determinar el estado de salud del juez, de 97 años. Sólo si como resultado del proceso se determinara que el magistrado perdió la idoneidad se resolvería el próximo paso. Pero el kirchnerismo no cuenta con la mayoría requerida de dos tercios de los votos. La oposición rechazó la medida y denunció que se trata de un procedimiento ilegal para presionar a la Corte Suprema.
Además de las 13 citaciones, que incluyen a los periodistas que dijeron haber entrevistado a Fayt en su casa la semana pasada, se dispuso la realización de un peritaje caligráfico sobre la firma del juez en la acordada del 21 de abril. En ese documento, por el cual se aprobó de manera anticipada la reelección de Ricardo Lorenzetti en la presidencia del tribunal para el período 2016-2019, se afirma que Fayt participó del acuerdo, pese a que en realidad estaba en su domicilio.
Entre las medidas, para las que todavía no se fijó fecha, no se incluyen la realización de un examen médico a Fayt ni la citación del juez. El Frente para la Victoria (FPV) no quiere someterlo a un proceso "abusivo", argumentaron fuentes de la bancada que preside Juliana Di Tullio. Otros diputados oficialistas explicaron que en realidad se descartó esa medida porque la comisión no tiene herramientas para concretar los estudios si Fayt se niega a colaborar.
El listado de testigos convocados incluye, entre otros, al secretario general de la Corte, Jorge Kraut; los secretarios letrados, Cristian Abritta, Pablo Hirschmann, Cecilia Hockl, Gisela Dambrosi, Marcos Morán; al chofer de Fayt, Mario Degamba; los integrantes de la Secretaría Privada de Fayt, Adriana Vázquez y Rosario Horno; el periodista de Página 12 Horacio Verbitsky; la periodista de CN23 Ana Vainman, y los periodistas del programa Gente de Derecho, de Radio América, Leonardo Scolpatti y Sergio Paz.
La encargada de comunicar la decisión del oficialismo fue la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Anabel Fernández Sagasti, espada jurídica de La Cámpora en el Congreso. Argumentó que la Constitución establece que los jueces que superan los 75 años deben recibir un nuevo acuerdo del Senado, que en otros países hay límites de edad más estrictos para la finalización del mandato de los magistrados y que existían indicios de que Fayt no estaba asistiendo a la Corte.
"La investigación no pretende poner en duda la trayectoria ni honorabilidad del magistrado, sino corroborar las capacidades y habilidades de quien en su carácter de integrante de la Corte Suprema es llamado a decidir sobre las causas de mayor trascendencia institucional del país", dice el informe de Fernández Sagasti, que recomendó la apertura del "proceso investigativo". Se basó en un planteo hecho por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el año pasado, cuando todavía era senador.
La comisión aprobó el informe por 17 votos a 9. Elisa Carrió estuvo ausente en la votación. Pasó por la comisión, pero se fue rápido porque no la dejaron presentar un dictamen de minoría. Para el FPV, sólo cabía pronunciarse a favor o en contra del informe de Fernández Sagasti.
El que abrió el fuego opositor fue Pablo Tonelli (Pro). Sostuvo que, de acuerdo con el reglamento, la comisión sólo puede abrir investigaciones ante pedidos concretos de juicio político y que, como en este caso no hay ningún pedido, la comisión no está facultada para disponer medidas de prueba. "Es un embate de naturaleza política para minar la voluntad del doctor Fayt y es un embate contra la independencia de la Corte Suprema", afirmó.
Mario Negri, presidente del bloque radical, sumó argumentos para sostener la ilegalidad del procedimiento: sostuvo que el expediente en tratamiento está caído porque es del año pasado. Garrido advirtió que el oficialismo apelaba a un eufemismo para enjuiciar a Fayt. "Están haciendo algo llamándolo de otro modo. Es una caza de brujas", sostuvo.
El oficialismo respondió las objeciones reglamentarias sobre la base del artículo 90 del reglamento de la Cámara, que, además de facultar a la comisión para los casos de juicio político, le atribuye competencia para "investigar" las "quejas" y "denuncias" que se presenten contra los magistrados.
"El reglamento nos habilita a hacer la investigación. El que puede lo más puede lo menos", argumentó la secretaria parlamentaria del FPV, Teresa García. Héctor Recalde negó que se quiera estigmatizar al juez: "Todos queremos cuidar al doctor Fayt. Hay que ver cuál es la mejor manera de cuidarlo", sostuvo.
Reglamento
¿El reglamento de la Comisión de Juicio Político habilita la "investigación" sobre la salud de Fayt?
La oposición denunció que no se puede solicitar medidas de prueba porque no hay un pedido de juicio político contra el juez; el kirchnerismo argumentó que el cuerpo tiene la facultad para investigar
El Congreso volvió a ser el escenario del ataque del Gobierno contra el juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt . El kirchnerismo abrió ayer un "proceso investigativo" contra el magistrado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para conocer cuál es su verdadero estado de salud mental y certificar si aún es idóneo para seguir en su cargo de ministro del máximo tribunal.
La oposición denunció que la maniobra desplegada por el oficialismo en el parlamento fue antirreglamentaria, ya que en la comisión no se presentó ningún pedido de juicio político contra el jurista, de 97 años, que habilite al cuerpo a solicitar medidas de prueba para una investigación. En la reunión de ayer, el FPV pidió informes, documentos y un peritaje caligráfico de su firma; también citó como testigos a periodistas, secretarios del magistrado y a su chofer.
"Lo que aprobó el oficialismo no tiene ningún sustento legal. Preocupa que la Presidenta, en el final de su segundo mandato, en lugar de garantizar la calidad institucional, la está tratando de degradar", señaló a LA NACION Oscar Martínez (Frente Renovador).
Por su parte, Manuel Garrido (UCR) advirtió que el bloque oficialista "inventó" una figura ("proceso investigativo") que no existe en el reglamento. Para el ex fiscal anticorrupción, el trasfondo de la ofensiva del oficialismo contra Fayt en el Congreso es "la discusión política" por la designación de un reemplazante de Raúl Zaffaroni en la Corte antes de que termine el segundo mandato de Cristina Kirchner , una posibilidad que la oposición acordó rechazar.
"Se llenan la boca hablando de democracia, de instituciones y república, pero ellos dieron conferencia en la que anunciaron que no permitirán la designación de un nuevo miembro de la Corte. La crisis en el tribunal se produjo en parte por la irresponsabilidad de la oposición", aseveró a este medio María del Carmen Bianchi (Frente para la Victoria).
¿Qué dice el reglamento interno del cuerpo? ¿En qué se basa la estrategia del Frente para la Victoria? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué necesita el kirchnerismo para impulsar una acusación contra Fayt por mal desempeño? ¿El juez podría ser citado?
¿Como funciona la comisión de juicio político?
El artículo 53 de la Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar ante el Senado al presidente, el vicepresidente, los ministros y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia contra esos funcionarios públicos en la Cámara baja. El cuerpo encargado de analizar esas presentaciones es la comisión permanente de Juicio Político.
El kirchnerismo rechazó ayer los pedidos de juicio político contra Boudou, Gils Carbó y Timerman. Foto: Prensa FPV
Está integrada por 31 diputados. Diecisiete son representantes del bloque del Frente para la Victoria; cinco de la UCR; dos del Pro; tres del Frente Renovador; y los restantes se reparten entre la CC, GEN, Unidad Popular y el Frente Cívico por Córdoba. Al tener mayoría, el kirchnerismo puede designar las autoridades del cuerpo, rechazar in limine los pedidos de juicio político contra integrantes del Gobierno -como hizo ayer en los casos del vicepresidente Amado Boudou , el canciller Héctor Timerman y la procuradora general Alejandra Gils Carbó - o impulsar "una investigación" contra Fayt, entre otras medidas.
Hace una semana, el kirchnerismo reactivó la comisión -el año pasado se reunió apenas dos veces- para designar a Anabel Fernández Sagasti, integrante de la agrupación La Cámpora, como nueva presidenta del cuerpo. El sorpresivo cambio de autoridades coincidió con la ofensiva del Gobierno contra Fayt por la polémica acordada 11/15, mediante la cual Ricardo Lorenzetti fue reelegido como presidente del tribunal hasta 2019. La Casa Rosada duda de la validez de ese documento.
"Tiene que ver con este objetivo de amarrar la independencia del Poder Judicial y es la consecuencia de una Justicia que le ha puesto límites al Gobierno, algo que la Presidenta no acepta, ni tolera", dijo Martínez sobre el nuevo perfil de la comisión.
Denuncia, análisis y dictamen
El reglamento interno de la comisión marca los pasos que debe dar antes de impulsar un proceso de juicio político. Cuando ingresa un expediente, el presidente del cuerpo analiza si se dan las condiciones para realizar la apertura del sumario o si aconseja rechazar el pedido. Ambas decisiones deben ser consideradas por el plenario de la comisión (Artículo 9).
En caso de que se abra una investigación, el artículo 12 del reglamento indica que la Comisión puede adoptar distintas medidas de prueba como realizar "inspecciones", solicitar a un juez federal un allanamiento, pedir informes o citar testigos.
El artículo 13 prevé que el cuerpo puede convocar al denunciado para que preste declaración una vez que finalice la etapa de investigación y se reúnan "las actuaciones sumariales". El denunciado no está obligado a concurrir y puede presentar un escrito.
Por último, la Comisión resuelve si es procedente o no avanzar con el pedido de juicio político y emite un dictamen a favor o en contra. Para impulsar la acusación y que sea tratada en el recinto, se necesita una mayoría simple. En cambio, para que sea aprobada en la Cámara baja, requiere el voto de los dos tercios de los diputados presentes.
¿Uma manobra antirreglamentaria?
La oposición denunció ayer que el oficialismo violó el reglamento al pedir una decena de medidas de prueba que apuntan a verificar si el juez Fayt está en condiciones de seguir ejerciendo su cargo en la Corte Suprema.
Desde el arco no oficialista argumentaron que el expediente presentado el año pasado por Aníbal Fernández no incluyó un pedido de juicio político contra Fayt, sino que solicitó un estudio psicofísico para conocer su verdadero estado de salud. El artículo 7 del reglamento interno del cuerpo establece que uno de los "requisitos esenciales" que debe cumplir la denuncia contra un funcionario o magistrado para que sea investigada es que incluya cuál es "la causal de juicio político que invoca" el denunciante. Por ese motivo, la oposición advirtió que la Comisión no puede pedir medidas de prueba sin que haya una solicitud para que se abra un proceso para destituir al juez.
El artículo 7 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político.
"Tenés que hacer una denuncia para pedir las medidas. El escrito de Aníbal Fernández es muy genérico para abrir una investigación. El reglamento dice que la denuncia debe indicar contra quién es y cuál es la causal. Ese «proceso investigativo» no existe en ningún lado", señaló el diputado Garrido.
En tanto, el kirchnerismo se aferró al artículo 90 del reglamento interno de la Cámara de Diputados que fija las facultades que tiene la Comisión de Juicio Político. Dicho artículo, indica que el cuerpo puede "investigar y dictaminar" en las causas de juicio político y "en las quejas o denuncias" que se presenten contra los funcionarios y jueces de la Corte en el Congreso. Por lo tanto, sostienen desde el oficialismo, la Comisión es competente para abrir un proceso investigativo sobre la salud de Fayt.
Desde la bancada del Frente para la Victoria, aseguraron que fueron "cuidadosos" a la hora de solicitar las medidas de prueba para saber si Fayt puede seguir en su cargo. "No se está usurpando la voluntad del magistrado", afirmó Bianchi.
(Publicado por La Nación - Argentina, 13 mayo 2015)
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