La ley que los senadores votarán esta semana destaca que los sujetos obligados deberán publicar el índice y precisar cuánto tiempo estarán reservados los expedientes. Sin embargo, para que el plazo no sea infinito, se les dará en primera instancia cinco años de reserva y un plazo extra por otros cinco años siempre y cuando haya justificación de las causas que dieron origen a la clasificación a través de la aplicación de una prueba de daño.

La prueba de daño deberá precisar por qué la divulgación de la información representa un riesgo real al interés público o a la seguridad nacional, los perjuicios de su difusión y si la limitación se adecua al principio de proporcionalidad.

"En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión", advierte el dictamen.

Cada sujeto obligado integrará un Comité de Transparencia conformado por un número impar, el cual será el encargado de darle mayor eficacia a las respuestas a las solicitudes de información. También determinará el plazo de ampliación a la respuesta, clasificará la información y establecerá programas de capacitación en la materia para los funcionarios públicos.

Entre los sujetos obligados que no tendrán Comité de Transparencia se encuentra el Cisen, la Seido, el Estado Mayor Presidencial, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y las autoridades investigadoras de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto porque las funciones de transparencia recaerán en el titular de la propia entidad o unidad administrativa.

Además, el dictamen destaca que se clasificará como confidencial la información que implique datos personales, así como los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal y bursátil.

El presidente del Senado, Miguel Barbosa, consideró que la ley constituye un avance significativo para sanear la vida pública nacional y terminar con la opacidad que ha caracterizado al sistema político.

Senado

El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que las leyes reglamentarias en materia de transparencia, que se discutirán y votarán en la sesión del miércoles, representan un paso significativo para sanear la vida pública nacional.

Además, el también coordinador de los senadores del PRD subrayó que estos ordenamientos también son un paso para terminar con la opacidad que por tantos años ha caracterizado al sistema político mexicano.

Puntualizó que esta reforma establece principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier autoridad, entidad de los Poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

También, abundó, distribuye competencias entre los organismos garantes de acceso a la información de la Federación y de las entidades federativas; regula los medios de impugnación, la organización, funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Expuso que con la reforma también se creará una Plataforma Nacional de Transparencia que permita cumplir con los procedimientos y obligaciones de los sujetos obligados, atendiendo las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

En ese sentido, Barbosa Huerta confió en que una vez que culmine el proceso legislativo de este ordenamiento en el Senado, "la Cámara de los Diputados pueda construirse también los consensos necesarios para que esta ley pueda aprobarse y comenzar a ser de utilidad para la sociedad".

(Publicado por El Economsita y El Financiero - México, 16 marzo 2015)
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