Pregunta. La UE tardó más de un año en hacer público cuál era su mandato negociador, que acabó filtrándose. Y solo ahora la Comisión empieza a difundir cuál es la posición inicial de la UE en cada asunto. ¿No diría que, en transparencia, Europa ha empezado mal la negociación?

Respuesta. Empezó mal, sí. Fue un error no publicar el mandato de negociación, y también fue un error no hacerlo cuando ya circulaba por Internet. Pero no fue un fallo de la Comisión. En el Consejo de la UE no había unanimidad. Mi predecesor, el comisario Karel de Gutch, pidió muchas veces que se publicase, y el Consejo se negó. Y en ese tiempo crecieron las sospechas, la mitología...

P. Si Barack Obama logra ahora el mandato reforzado del Congreso de EE UU, la negociación entrará en su fase decisiva. ¿La Comisión publicará los documentos con los acuerdos parciales que se vayan alcanzando?

R. Eso dependerá de si en un tema que se negocie logramos un documento definitivo, porque muchas veces quedan cosas por precisar. Y depende también de si EE UU está de acuerdo con publicarlos antes. Pero vamos a ampliar la cantidad de documentos que haremos públicos.

El acuerdo EE UU-UE se empantana

P. El nivel medio de los aranceles entre ambos países es bajo, pero en algunos casos, como la importación del tabaco en EE UU, se penaliza con un 350%

R. Y en Europa, cargamos un 34% a la ropa que viene de EE UU, o un 35% a los zapatos…

P. Obama se puso como meta lograr un arancel cero para todas las mercancías. ¿Lo ve posible?

R. No en todas las áreas. Habrá un arancel casi cero, pero a ambos lados hay sensibilidades especiales en el sector agrario. Nosotros no podremos llegar al arancel cero en la carne de ternera, las aves de corral y algún caso más.

P. ¿Les ha comunicado EE UU alguna excepción?

R. Sí, ellos también tienen alguna reserva en el sector agrario, pero, en el resto, el objetivo es el arancel cero. Esto va mucho más allá de los aranceles, el acceso al mercado es muy importante. EE UU es muy cerrado en algunos sectores y para las empresas españolas estaría muy bien poder entrar en sectores como las telecomunicaciones o el tráfico marítimo. Y está también la idea de coordinar la regulación.

P. EE UU tiene una ley (Buy American) que prima los productos estadounidenses en contratos públicos. ¿Renunciarán a ella?

R. Con elecciones en EE UU en 2016, no es realista pensar que van a cambiar una norma que tiene casi cien años. Lo que queremos es una lista lo más amplia posible de sectores que pueden acogerse a excepciones a la ley.

P. Las reticencias francesas eran conocidas, pero no el rechazo mayoritario de la sociedad alemana a un acuerdo con EE UU.

R. Al final, todos los países de la UE tienen que decir sí al acuerdo. Eso vale para Alemania, para Malta o para Eslovenia.

P. Alemania no es un país más.

R. La canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho muy claro que quiere un acuerdo. Yo tengo la responsabilidad de entablar un diálogo con la sociedad alemana. Pero es el Gobierno el que tiene que convencer a sus ciudadanos.

P. El temor es que la negociación comercial debilite los controles ambientales, de seguridad alimentaria o del ámbito laboral. ¿Se incorporará algún blindaje específico para estos temas?

R. Queremos hacer algún tipo de declaración conjunta con los americanos, porque es muy importante también para ellos. En el mandato negociador europeo está muy claro que no se rebajarán los estándares legales. Y siempre que la UE negocia, los servicios sociales que no están abiertos a la competencia privada en un país, como la educación o la sanidad, quedan excluidos.

P. Los sistemas jurídicos de EE UU y la UE son los más garantistas para la inversión privada. ¿Es necesario el tribunal de arbitraje, que permita a las empresas litigar con los Estados fuera del sistema ordinario?

R. Hay casos, con mucho dinero en juego, de discriminación, de nacionalizaciones, de cambio de autorizaciones sobre la marcha... Ahí las empresas europeas no están protegidas por la ley americana, que no prohíbe discriminar [por el origen de la compañía]. En estos casos, muy, muy limitados debe haber la posibilidad de recurrir al tribunal de arbitraje

P. Pero ha habido casos en los que ha habido un uso abusivo de los arbitrajes. ¿Cómo evitarlo?

R. En el acuerdo comercial que firmamos hace poco con Canadá ya se daba más transparencia al proceso. En la selección de los árbitros se puede hacer más, como publicar una lista oficial de jueces, se limitará más en qué casos se puede utilizar, habrá la posibilidad de recurrir el arbitraje. No debe considerarse un tribunal secreto para VIP, sino un arbitraje para casos muy específicos.

P. EE UU rechaza incorporar la regulación sobre la banca a la negociación. ¿Creen demasiado débil la normativa europea?

R. Lo que queremos es discutir cómo cooperar dentro de las obligaciones que se nos exigen en otros foros, como el G20, pero el Departamento del Tesoro creyó que lo que queríamos era armonizar la regulación, no es así.

P. Se planteó el reconocimiento mutuo de todo tipo de autorizaciones cuando el nivel de protección sea similar. ¿Se está cumpliendo esa ambición inicial?

R. Es uno de los capítulos donde más hemos avanzado.

P. Y para el futuro, se quiere coordinar en un foro el proceso previo a la formulación de nuevas normas en EE UU y la UE. ¿No se condicionará así la elaboración de leyes antes de que los Parlamentos se pronuncien?

R. Hay muchos intereses comunes, exista este foro o no exista, y vamos a intentar hacerlo lo más abierto posible para que se discuta, se compartan experiencias, se hagan propuestas, pero no es para hacer leyes, eso corresponde a los Parlamentos.

Qué negocia EE.UU. y UE

El TTIP se botó a principios de 2013 con el objetivo de relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. El entonces comisario de Comercio de la UE, Karel de Gutch, enfatizó la ambición del empeño -"iremos más allá de lo que puede conseguir la Organización Mundial del Comercio"- y de la apuesta política, al aventurar que habría acuerdo a finales de 2014. Y todo eso quedó bautizado como Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, más conocida por sus siglas en inglés (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Tan claro ha quedado ya que la negociación es más lenta y compleja de lo anunciado, como que la UE y EE UU discuten mucho más que un tratado de libre comercio. El resto de objetivos -armonizar normas, controles y exigencias administrativas, coordinar las leyes que vayan a tener impacto comercial o facilitar las inversiones-, es lo que da una medida de su ambición. También, lo que ha llevado a una temprana división entre detractores y partidarios del proceso.

Un nuevo gigante comercial

Estados Unidos y la Unión Europea suman cerca del 60% del PIB mundial, un tercio del comercio internacional de bienes y servicios y 800 millones de consumidores. El TTIP llevaría a la "mayor zona de libre comercio del mundo", en palabras del expresidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso.También, según cálculos previos, contribuiría a elevar el PIB anual en ambos bloques un 0,5% del PIB a los diez años de ponerse en marcha o a generar hasta dos millones de empleos en los países industrializados. Voces críticas como la del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, recuerdan que este tipo de previsiones suelen pecar de optimismo, cuando no cambiar de signo. Otras, como las de la economista Susan George, relativizan el impacto: "El valor del que hablan [aumentar el PIB en 120.000 millones de euros] es equivalente a una taza de café semanal por ciudadano en 2027, en el mejor de los casos".

Primero, los aranceles

Aunque haya sido considerado como "mucho más que un acuerdo de libre comercio", la primera piedra de toque del TTIP será comprobar si se llega al desarme arancelario total, que abanderó Obama en la última cumbre con la UE. El promedio de tarifas aplicadas es ya bajo: las que impone la UE a las mercancías es del 5,2%; en sentido contrario, es apenas un 3,5%. Pero las medias esconden aún algunas divergencias significativas: la UE carga mucho más la importación de vehículos de motor o alimentos elaborados; EE UU penaliza la adquisición de material ferroviario y llega al proteccionismo extremo en algunos productos agrícolas (el arancel al tabaco es del 350%).

Luego, las normas

Aquí es donde EE UU y la UE quieren forjar una nueva referencia. Porque donde uno ve leyes que le privan de competir (trayectos internos de compañías aérea en EE UU), el otro ve normas proteccionistas (las denominaciones de origen europeas para productos agrarios), y ambos ven subvenciones para tirar los precios (Airbus y Boeing) o reglas excluyentes (los requisitos para ejercer de abogado o arquitecto). La negociación pretende atacar estas restricciones por una doble vía: allá donde el nivel de protección es similar, aunque se alcance por vías administrativas distintas (ya sea exigencias de seguridad alimentaria, controles a los vehículos, niveles de experimentación de medicamentos o cuestiones de diseño), establecer el mutuo reconocimiento: la autorización en la UE, valdría en EE UU, y viceversa. Y allí donde las posiciones sean distinta, ir a una regulación cada vez más semejante.

¿Se rebajará la protección de derechos?

Esta es la pregunta inmediata que ha suscitado en numerosos y muy dispares colectivos la idea base del TTIP: la homologación de normas y exigencias administrativas. Las normas europeas son más restrictivas en cultivos transgénicos o ebn el uso de hormonas de crecimiento, los suplementos alimenticios o la aplicación masiva de antibióticos en el ganado, como también lo son en la privacidad de los datos, las explotaciones de hidrocarburos con la técnica del fracking o cuestiones laborales. La Comisión Europea insiste en que esa es una línea roja que no se va a traspasar, que ese es el mandato recibido por los Veintiocho de la UE. Pero solo los textos permitirán comprobarlo.

Antes incluso de que haya normas

Se pretende que la regulación común vaya más allá de identificar niveles de protección similares y evitar duplicidades, o de limar diferencias en normas ya existentes. El TTIP quiere ampliar ese objetivo a las leyes y reglamentos con impacto en el comercio y la inversión (o sea, casi cualquier norma), antes incluso de que nazcan. Se negocia que se obligue a informar a la otra parte de proyectos legales con una posible incidencia en las relaciones económicas transatlánticas y se plantea incluso la creación de un órgano (un cuerpo de cooperación regulatoria) para supervisar que la norma en discusión tenga en cuenta como está regulada la cuestión al otro lado del charco. El objetivo es homologar la regulación desde la cuna para evitar divergencias que restrinjan el comercio y la inversión. La crítica es que esta supervisión puede debilitar la iniciativa parlamentaria, y da acceso antes a los lobbies en el proceso legislativo.

Un tribunal para las empresas

La protección de la inversión extranjera es uno de los objetivos del TTIP. Y para ello plantea la creación de un tribunal de arbitraje que permita a las empresas obviar el sistema jurídico de cada país y recurrir directamente ante esta instancia cuando crea que un Estado se ha saltado lo convenido en el tratado, con la posibilidad de imponer multas multimillonarias. EE UU insiste en este punto, al recordar que una salvaguarda así es habitual en otros acuerdos bilaterales y sostener que tiene por objetivo penalizar expropiaciones o tratamientos discriminatorios a sus empresas. Pero ni más ni menos que Francia y Alemania han transmitido ya sus amplias reservas a la Comisión ante algunos precedentes en los que las multinacionales han impuesto sus criterios frente a los legisladores gracias a estos sistemas de resolución de conflicto inversor-Estado (en inglés, ISDS). Argumentan también que el nivel de protección de la inversión es equivalente a ambos lados del Atlántico, por lo que deberían usarse los sistemas jurídicos nacionales. Ante las críticas, la Comisión aboga por un sistema lo más transparente y limitado posible.

Secretismo

Los responsables de la negociación argumentan que se han visto sobrepasados por la atención pública a las conversaciones, una justificación débil habida cuenta del precedente del ACTA, la regulación antipiratería que descarriló en Washington y Estrasburgo, entre otras cosas, por la opacidad con la que se llevó a cabo. Lo cierto es que la Comisión Europea tardó más de un año en lograr que el Consejo de la UE le permitiera publicar el mandato negociador, cuando este ya había sido filtrado en Internet. Y lo mismo ocurrió con otros documentos intercambiados en la negociación. La nueva comisaria, Cecilia Malmström, trata de ponerse al día con la publicación de los textos con la posición inicial europea en cada uno de los temas tratados, pero la transparencia volverá a ponerse a prueba conforme la negociación avance.

Las líneas rojas

La negociación se abrió con proclamas de que no habría líneas rojas en la discusión. Pero desde el principio se comprobó que habrá excepciones. La UE asegura que no reabrirá el debate sobre la regulación de transgénicos o el uso de hormonas de crecimiento y antibióticos en la alimentación del ganado, mucho más permisiva en Estados Unidos. Por su parte el Gobierno de Obama no está dispuesto a cambiar la Buy American Act, que permite primar a productos estadounidenses en contratos públicos, y solo aceptará excepciones. En el mandato negociador de la UE se excluye al sector audiovisual, aunque se deja la puerta abierta a incorporarlo después, y se blinda la excepción cultural, como reclamaba Francia. Y el Ejecutivo estadounidense se niega a debatir una armonización de las normas sobre la banca, al considerar que la regulación europea es demasiado laxa.

(Publicado por El País - España, 9 marzo 2015)
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