La revisión
de las tasas judiciales para prácticamente suprimirlas —que Mariano Rajoy
anunció casi en voz baja el pasado martes— es la última rectificación de un
Gobierno que en esta legislatura ha dado varias veces marcha atrás en su
política judicial. Ha ocurrido también en otros ministerios —quizá la mayor
rectificación de la legislatura sea la histórica subida de impuestos acometida
por un Gobierno que preconizaba lo contrario en su programa—, pero Justicia
tiene el récord. Estas son algunas medidas a las que Rajoy ha renunciado
(todas, salvo las tasas, aparcadas antes de llegar a aprobarse):
Tasas. Las
tasas judiciales ya existían antes de Gallardón, pero solo las pagaban las
empresas con cierto nivel de facturación. El exministro las extendió a todas
las empresas y —este fue el principal cambio— a las personas físicas
(ciudadanos particulares); además, duplicó las cuantías. Ante las protestas
generalizadas, Gallardón suavizó su ley ya en febrero de 2013, apenas dos meses
después de que entrara en vigor: rebajó las cuantías y aumentó los grupos de
población exentos de pagar. Finalmente, con otro ministro y en año electoral,
el Ejecutivo ha decidido eliminar del todo las tasas a ciudadanos particulares.
Ley del
aborto. La retirada de este proyecto de ley —cuando ya había sido aprobado por
el Consejo de Ministros y, por tanto, avalado por Rajoy— ha sido una de las
rectificaciones más sonoras del mandato del PP. El proyecto suponía acabar con
el modelo de plazos (en el que la mujer tiene derecho a abortar sin alegar
motivo en las primeras 14 semanas) y regresaba al modelo de supuestos que rigió
en España hasta 2010, pero endureciéndolo. Provocó el rechazo de toda la
oposición, de asociaciones feministas y de colectivos médicos (y el de la
inmensa mayoría de los ciudadanos, según las encuestas). El pasado septiembre,
tras guardarla en un cajón durante meses, Rajoy optó por retirar
definitivamente la ley y Gallardón presentó su dimisión. El PP solo va a
cambiar un aspecto puntual, el que obligará a las menores a contar con permiso
paterno para interrumpir su embarazo. Acepta por tanto que siga en vigor el
modelo de plazos, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie
sobre él.
Elección
del Poder Judicial. El PP se comprometió en su programa de 2011 a cambiar el
sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (el gobierno de los
jueces), de modo que dejara de estar íntegramente designado por el Parlamento.
Los populares proponían que 12 de los 20 miembros del CGPJ fueran elegidos por
los propios jueces, una reivindicación histórica de las asociaciones
judiciales. A mitad de legislatura el PP renunció a ese compromiso. Gallardón
lo justificó en la necesidad de alcanzar un pacto con el PSOE en un asunto central
de la política judicial.
Fiscales
instructores. Uno de los proyectos más ambiciosos de Gallardón, el Código
Procesal Penal que iba a sustituir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC)
del siglo XIX, ha sido también aparcado. El nuevo ministro, Rafael Catalá, ha
optado por una reforma limitada de la LEC. Esa reforma no incluye la principal
novedad de aquel proyecto: la cesión de la instrucción, que ahora realiza el
juez, a los fiscales. En este caso se ha dado, paradójicamente, una doble
rectificación: la cesión de la instrucción a los fiscales era una medida que
había sido defendida años atrás por el PSOE y rechazada por el PP; Gallardón,
al asumirla en su proyecto, rectificó esa posición del PP -se supone que con el
apoyo del presidente Rajoy-, pero al final el cambio de postura no ha
prosperado. La instrucción seguirá en manos de los jueces.
Registro
Civil. En 2012 Justicia anunció que delegaría la gestión del Registro Civil
(que llevan los jueces) en los registradores de la propiedad, y abrió la puerta
a cobrar a los ciudadanos por ciertos trámites. Esa medida, que muchos
interpretaron como un paso hacia la privatización de ese servicio público y
gratuito, fue finalmente enterrada en 2014.
(Publicado
por El País – España, 26 febrero 2015)
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