La iniciativa que será dictaminado por la Comisión de Cultura y Cinematografía, pretende sancionar la publicación en Internet de obras protegidas por derecho de autor y propiedad intelectual de obras artísticas, literarias y fonogramas sin la autorización explícita de los titulares de los derechos.

Esta propuesta dota al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de las facultades para realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial o derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de Internet.

El Artículo 232 Bis de la iniciativa señala sanciones que van desde la suspensión de la puesta a disposición del público, distribución o facilitación de la reproducción de obras, fonogramas, videogramas, ediciones, protegidas por esta ley por medio de Internet; a multas de 5,000 hasta 40,000 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

Esta iniciativa ha sido considerada por algunos defensores de los derechos digitales como un nuevo intento regular Internet bajo los argumentos de proteger a la industria de producción cultural bajo el argumento de combate a la piratería, como han sido la Ley ACTA o la Ley Beltrones (también llamada Ley Sopita del PRI).

"El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados pretende aprobar modificaciones a las leyes de propiedad industrial y del derecho de autor, conocidas como #LeyBeltrones, en las que, de nuevo, pretende otorgar facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar la censura de contenidos, e incluso, de sitios de Internet enteros, con el pretexto de la protección de derechos de autor", dijo el colectivo Red en Defensa de los Derechos Digitales R3DMX.

"Lo anterior, además de ser claramente contrario a la prohibición de censura previa establecida en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, al imponer sanciones de hasta 2.8 millones de pesos, incluso respecto de usos que no representen un beneficio económico y amenazar con el bloqueo total de sitios de Internet, se generan incentivos para que proveedores de servicios en Internet ejerzan medidas de censura privada que frecuentemente terminan afectando información de interés público", agregó.

Antonio Martínez Velázquez, defensor de los derechos digitales y fundador de la revista Horizontal, consideró que la multa es desproporcionada principalmente porque la iniciativa abre la posibilidad a que se considere como infracción el uso de obras sin ánimos de lucro.

"Esta ley es un ejemplo de cómo ignoran que existe tensión con otro derecho. A costa de privilegiar los propietarios del derecho de autor, están vulnerando los derechos de las personas y de los usuarios de Internet, están vulnerando los derechos de muchos por privilegiar los de unos pocos", consideró.

Riesgo de "fast track"

La presentación de la iniciativa suscrita por los diputados Héctor Gutiérrez de la Garza y Aurora Denisse Ugalde Alegría, del PRI corre el riesgo de aprobarse en "fast track" sin una consulta abierta a la ciudadanía para crear un equilibrio entre derechos fundamentales como la libertad de expresión y acceso a la información, señalaron expertos.

"Me parece preocupante el proceso. Los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados quieren hacer una aprobación fast track, sn mucha discusión de la Ley y eso es preocupante por muchas razones. Las últimas regulaciones de propiedad intelectual en el mundo pasan por una discusión pública donde participan todos los actores involucrados. Aquí no está pasando y de entrada suena mal", dijo Martínez Velázquez.

Carlos Ponce Beltrán, presidente de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), se pronunció a favor de un debate abierto de la iniciativa que considere a todos los actores involucrados.

"La nueva versión del diputado Gutiérrez nos parece interesante como para continuar el debate. Es un tema que les corresponde a los legisladores atender y sólo diría que nos escuchen tanto a los creadores como a la gente de la infraestructura, los ISP y los proveedores de servicio en línea. Seguramente nos van a invitar a opinar y vamos a ver cómo se da la agenda en la Comisión de Cultura para esos debates", dijo.

Aunque R3DMX acusó consideró en un comunicado que: "se pretende aprobar sin mayor discusión y sin permitir a la sociedad civil participar en el proceso legislativo, se pretende además otorgar facultades amplias y vagas para que el IMPI pueda requerir cualquier tipo de información, inclusive datos sobre las comunicaciones de personas en Internet, lo cual amenaza el derecho a la privacidad".

Lo cierto es que una regulación antipiratería en Internet parece inminente, aseguró León Felipe Sánchez, abogado especialista en propiedad intelectual y propietario del despacho Fulton & Fulton.

"El tema de los remedios expeditos para la protección de derechos de autor en el entorno digital, no es un debate de si tiene que pasar o no, sino más bien cuándo va a pasar y cómo va a pasar, y habrá que dar opiniones para enriquecer ese tema es una cuestión de cuándo va a pasar sino cómo va a pasar", dijo al ser cuestionado durante su participación en los Diálogos sobre Gobernanza de Internet.

Dejar fuera infraestructura

La iniciativa, si bien asegura que no se suspenderá el acceso a Internet para los usuarios, sí marca que, en caso de reincidencia del titular o administrador del sitio de Internet, se suspenderá el acceso al sitio que se haya utilizado para cometer las infracciones. Este bloqueo sería realizado a través del ordenamiento a los proveedores de servicios de Internet.

Carlos Ponce, de la Amipci, dijo estar en contra de la piratería pero consideró que los lineamientos de protección en ambientes digitales no deben afectar la infraestructura de los proveedores de servicios de Internet.

"Compartimos todo proyecto de política pública en contra de la piratería pero tenemos que ver el cómo. No recargarse en la infraestructura porque es lo más fácil de hacer" afirmó".

Martínez Velázquez agregó que la iniciativa, como está planteada, representa un riesgo para el desarrollo de Internet y derechos como la privacidad.

"Las restricciones no deben hacerse del punto de vista del afectado sino de las consecuencias de la arquitectura de internet por privilegiar a unos cuantos. El poder bloquear sitios de Internet, requiere una inversión tecnológica, de algún tipo de vigilancia y almacenamiento de datos personales y esto vulnera la arquitectura de la red. Si toda la regulación parte de este enfoque, que trata de hacer un balance correcto entre derechos humanos y de propiedad intelectual, no se llegarían a estas conclusiones", dijo.

También criticó que sea el IMPI el encargado de decretar las infracciones y establecer las sanciones, cuando, dijo, debería ser una autoridad judicial quien determine, caso por caso, la existencia o no de una violación.

Diana Arredondo, coordinadora Jurídica de Televisa, agregó que este tipo de iniciativas requieren mayor trabajo y un equilibrio entre los titulares de los derechos de autor y propiedad intelectual, y el ejercicio de la libertad de expresión.

(Publicado por El Economista - México, 18 febrero 2015)
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