Todos los
tipos penales en materia de crimen organizado de ninguna manera podrán ser
legislados en el ámbito local si el Congreso de la Unión avala la propuesta
presidencial de una nueva Ley General de Competencias Penales. Sólo se abriría
la posibilidad de "nuevas formas de distribución de competencias".
Así lo
adelantó a Excélsior Humberto Castillejos, titular de la Consejería Jurídica de
la Presidencia, quien hizo ver que si se aprueba esta normativa, el hecho
delictivo deberá ser juzgado en un mismo fuero "y no tener dos investigaciones
y dos procesos penales —uno federal y uno local— al mismo tiempo".
"En 2008 pusimos como facultad exclusiva de la
Federación el legislar en materia de delincuencia organizada y en el
transitorio de la (actual) iniciativa se dice que esta facultad continuará en
el ámbito federal, pero se abre la posibilidad de que se establezca en una ley
general…
"Seguirá
siendo materia del Congreso de la Unión. No podrá ser legislado por el ámbito
local si fuese aprobada la Iniciativa; sin embargo, lo que sí se podría es
establecer nuevas formas de distribución de competencias en materia de
delincuencia organizada", explicó el especialista.
Interrogado
en el Senado en el marco de las audiencias públicas para analizar el llamado
Decálogo del presidente Peña Nieto en materia de Seguridad y Justicia,
Castillejos Cervantes y ratificó que si se aprueba la nueva Ley General de
Competencias Penales se establecerá a cabalidad lo que es la competencia
federal, frente a lo que se denomina fuero común, en materia delictiva.
En esta
iniciativa, dijo, deberán trabajar, para enriquecerla y sacar un mejor producto
legislativo, todas las instancias que propugnan por una mejor procuración de
justicia, indicó, como los expertos, académicos, analistas, legisladores
federales y locales, así como los integrantes de la sociedad civil.
En este
sentido, el abogado del Ejecutivo consignó que “las propuestas enriquecen la
vida jurídica. Estoy convencido de que la pluralidad política del Congreso de
la Unión nos ha permitido generar los acuerdos que busquen tener la mejor
normativa en favor de los mexicanos. Eso es lo que esperamos en este caso”,
sostuvo.
Y es que
durante la audiencia pública realizada en la sede de la Comisión Permanente en
el recinto senatorial, varios legisladores le hicieron ver a Castillejos si
este tipo de propuesta presidencial no era una suerte de unificación penal
disfrazada, lo que él rechazó categóricamente. "No es la intención", sostuvo.
Incluso la
senadora panista Pilar Ortega le señaló que su principal duda era "si no le
estamos dando un cheque en blanco al Congreso en el reparto de competencias y
que éste pueda decidir más allá de los parámetros que hoy existen en la
Constitución y que si no se podían generar problemas cuando, en virtud de que
la ley general plantea el tipo penal A y el tipo penal B; y entonces los
estados dicen, bueno, a mí me toca el C por esta facultad residual y después la
ley general se modifique"
Sobre el
punto, Castillejos Cervantes explicó que la intención del presidente Peña Nieto
con esta iniciativa "es tratar de meter orden al tema de las competencias
penales sin que dejemos de reconocer que algunas entidades federativas tienen
algunas características sociales o políticas propias que deben considerarse".
El
consejero jurídico de la Presidencia destacó enseguida que en el gobierno
federal "nosotros creemos que ésta es una solución constitucional que puede ser
una solución que meta orden a las competencias penales".
Humberto
Castillejos resaltó que "con algunas precisiones en la redacción" se podría
quitar la inquietud que se ha manifestado en el Senado de la República respecto
a esa idea de "unificación penal disfrazada”, pero al mismo tiempo “ya metiendo
un poco de orden en el tema”.
Porque lo
que sí resulta dañino, añadió, es que cada año se esté reformando la Carta
Magna para incorporar leyes generales, como los casos que ahora se analizan en
el Congreso de desaparición forzada y tortura, así como en materia penal.
Castillejos
Cervantes recomendó entonces que con independencia de la posición académica,
"creo que a partir de la lógica de esta República Federal y esta consideración
política, en la construcción de las competencias penales podríamos poner
ciertos parámetros constitucionales especiales que permitieran el ejercicio de
la facultad de reglar en ley general un bien jurídico tutelado, para evitar que
se piense que es una unificación penal disfrazada", señaló quien fuera diputado
local en la LVIII Legislatura del Estado de México.
(Publicado por Excelsior - México, 26 enero 2015)
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