Un proyecto
de reforma laboral en Chile, que busca fomentar la sindicalización y modificar
la negociación colectiva, amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza
para las empresas mineras, justo cuando intentan batallar contra débiles
precios del cobre y un galopante aumento en sus costos.
El gobierno
prometió enviar la iniciativa al Congreso el 29 de diciembre y, pese a que se
mantiene en reserva su contenido, trascendió que recortaría plazos para los
contratos colectivos y modificaría el derecho de contratar reemplazos ante una
huelga.
La
incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas podría retrasar una parte de
las inversiones mineras, previstas en US$104.000 millones para la próxima
década, afirman algunos ejecutivos del sector.
"No es
el momento para hacer una reforma laboral radical, porque hemos tenido
demasiados cambios y cada cambio genera incertidumbre", dijo a periodistas
el presidente de la chilena Antofagasta, Diego Hernández.
La
iniciativa laboral forma parte de una serie de reformas prometidas por la
presidenta socialista Michelle Bachelet en su ofensiva contra la desigualdad en
el país, y el Gobierno ha dicho que se implantará de forma "gradual".
En un
intento por poner paños fríos a las quejas de los empresarios, la ministra de
Minería, Aurora Williams, comentó que las preocupaciones del sector se han
hecho llegar y "el Ministerio del Trabajo la va a evaluar en su justa
dimensión".
Pero los
cambios que trascendieron son particularmente sensibles para la industria
minera, sobre la que trabajadores sindicalizados y de empresas contratistas
suelen ejercer mucha presión en demanda de mejores condiciones laborales.
Los envíos
de cobre representan más de la mitad de las exportaciones de Chile, cuya
economía atraviesa por una fuerte desaceleración que empresarios atribuyen en
parte a la cautela en las inversiones por la incertidumbre sobre las reformas.
"Lo
que tenemos son los titulares de la reforma y lo que hemos manifestado es que
nos gustaría mucho (...) conocer las propuestas que van a hacer para poder
aportar y tener una buena legislación", dijo Alberto Salas, presidente de
la empresarial Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
Algunas
faenas en las minas de Chile, el mayor exportador mundial de cobre, han sufrido
paralizaciones temporales en los últimos años por reclamos de trabajadores, lo
que ha presionado el precio del metal en los mercados internacionales.
El Consejo
Minero -que agrupa a las mayores firmas productoras- está evaluando el posible
impacto de los cambios que prepara el Gobierno en materia laboral. Pero su
presidente, Joaquín Villarino, declinó opinar "hasta que no tengamos una
posición consensuada".
Gigantes en
vilo. La industria del cobre en Chile es liderada por la estatal Codelco, pero
también tienen fuerte presencia gigantes como BHP Billiton, Glencore y Anglo
American y Antofagasta Minerals.
Las
modificaciones al marco laboral ocurren en un año marcado por la aprobación de
una millonaria reforma tributaria y la discusión de profundos cambios al
sistema educativo del país.
En un
intento por poner paños fríos a las quejas de los empresarios, la ministra de
Minería, Aurora Williams, comentó que las preocupaciones del sector se han
hecho llegar y "el Ministerio del Trabajo la va a evaluar en su justa
dimensión".
Pero
incluso los mismos representantes de los trabajadores se han quejado de no
tener acceso al diseño de la reforma que presentará el gobierno y de desconocer
la contundencia de los cambios.
Ante la
disconformidad, la semana pasada el Gobierno se reunió con sindicatos para
precisar los contenidos.
¿Reforma
razonable?. La Federación Minera de Chile, que agrupa a trabajadores de las
empresas privadas del sector, emitió un comunicado donde difundió contenidos de
la eventual reforma y pidió garantías adicionales.
Entre las
modificaciones que impulsaría el gobierno está la de extender beneficios a los
trabajadores que se sindicalicen, ampliar el universo de quienes pueden negociar
colectivamente, derecho a huelga irrenunciable y sin reemplazo.
Además,
figura establecer cada contrato como piso para el siguiente, ampliar las
materias a discutir además del salario y simplificar el proceso y los plazos de
la negociación colectiva.
Pero los
trabajadores también piden la derogación de un artículo sobre la
desincorporación de trabajadores por invalidez y mayores garantías en salud y
seguridad laboral.
El senador
del oficialista Partido Socialista Juan Pablo Letelier dijo a Reuters que la
modificación a la legislación laboral "es una reforma necesaria pero
tremendamente razonable".
"No va
a ser algo que genere una carga especial para los proyectos mineros en lo mas
mínimo", afirmó.
Mientras el
legislador consideró "excesivo" que algunos contratos colectivos
tengan duración de cuatro años y dijo que se debe debatir cuál es un plazo
razonable, Hernández de Antofagasta consideró que ese punto no se debería
ajustar.
"Hoy
el mínimo es dos años y máximo cuatro años que me parece que es bastante
adecuado. Reducirlo a un año estaríamos en constantes negociaciones colectivas
y eso no le hace bien ni a los trabajadores ni a las empresas", apuntó el
ejecutivo.
(Publicado por Agencias, 22 diciembre 2014)
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