La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) decidió ayer, ante la falta de respuestas concretas del Poder Ejecutivo en el marco del conflicto salarial, intensificar las medidas de lucha por lo que los jueces suspenderán las audiencias agendadas para los días martes 9, miércoles 10 y el jueves 11.
"Es una medida gremial histórica, aunque no es un paro porque vamos a trabajar en nuestras oficinas pero sin celebrar las audiencias", dijo a El País el presidente en ejercicio de la AMU, Marcos Seijas.
La gremial de los jueces exceptuó de llevar a cabo la medida gremial de suspender las audiencias en los casos de los jueces penales de turno, causas de menores infractores con medidas de internación, situaciones de violencia doméstica y expedientes de niños y adolescentes con derechos vulnerados.
El miércoles pasado, los jueces realizaron una concentración silenciosa en reclamo de una solución al diferendo salarial en el Poder Judicial, que también afecta a los actuarios, a los funcionarios y a los defensores de oficio, que también vienen llevando a cabo medidas gremiales.
La AMU, en una asamblea realizada el pasado 15 de noviembre, habilitó a la Comisión Directiva del gremio a "adoptar progresivamente" medidas gremiales hasta llegar, incluso al "paro total de actividades".
Previamente, y según lo resuelto por la asamblea, se deberá pasar por otra etapa, que será suspender el dictado de sentencias, dijo Seijas.
Además, la AMU decidió ayer pedirle una entrevista al presidente electo, Tabaré Vázquez, para conocer su opinión sobre el conflicto y la posible solución a través de la próxima ley de Presupuesto.
El conflicto salarial con el Poder Judicial tiene su origen en el aumento establecido en la ley de Presupuesto vigente desde el 1° de enero de 2011, que estableció un incremento para los ministros del Poder Ejecutivo sin considerar que esa medida también beneficiaba a los funcionarios del Poder Judicial, a los del Ministerio Público y a los de los registros públicos debido a las normas de "enganche" y equiparación salarial que están vigentes.
Tras advertir esa situación, el gobierno impulsó una ley interpretativa que estableció que los incrementos regían solamente para los ministros del Poder Ejecutivo. Pero esa norma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, lo que habilitó los reclamos de los funcionarios.
Los gremios implicados reclaman al gobierno un compromiso de una fecha para comenzar a cobrar sus salarios con el aumento, aunque aceptan negociar más adelante la retroactividad generada desde 2011.
El Poder Ejecutivo estimó que comenzar a pagar los incrementos salariales a todos los colectivos de funcionarios representará un aumento de US$ 60 millones en el presupuesto mensual del Estado.
"Punto de acuerdo".
Mientras tanto, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo que el "el gobierno está tratando de encontrar un punto de acuerdo" y señaló que los adeudos no se originaron por una inadvertencia del Poder Ejecutivo al redactar la ley de Presupuesto, que entró en vigencia el 1° de enero de 2011.
"Es un profundo error decir que hubo un error", indicó Cánepa ayer tras la reunión del Consejo de Ministros.
Y recordó que el artículo presupuestal que, según los funcionarios generó el adeudo, también fue votado por senadores opositores y que las declaraciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia sobre las leyes interpretativas propuestas por el Poder Ejecutivo se vincularon a razones de forma y no de fondo.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, pidió al director de Trabajo, Luis Romero, que coordine rápidamente una reunión en la que participen funcionarios registrales, judiciales e incluso escribanos para destrabar el conflicto salarial.
Los magistrados recibieron el respaldo de gremio internacional
El Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), que nuclea a jueces de 85 países, emitió una declaración en respaldo a los magistrados uruguayos en el marco del conflicto salarial con el Poder Ejecutivo.
La entidad internacional, que actualmente es presidida por la jueza uruguaya Cristina Crespo, manifestó su "apoyo" a los magistrados locales.
La UIM reclamó el "respeto" de la ley Orgánica de la Judicatura vigente desde 1985, que regula el funcionamiento y la escala salarial en el Poder Judicial uruguayo.
Además, la UIM manifestó su respaldo a la Asociación de Magistrados del Uruguay en "su búsqueda del cumplimiento" de los dos fallos de inconstitucionalidad dictados por la Suprema Corte de Justicia que declararon la ilegalidad de la ley interpretativa que estableció que el aumento salarial regía sólo para los ministros del Poder Ejecutivo.
Esa ley, a juicio de la agremiación internacional de jueces, tuvo como objetivo "vulnerar por lo tanto los principios de independencia y de equilibrio entre los poderes del Estado", manifestó la UIM en su declaración.
(Publicado por El País - Uruguay, 2 diciembre 2014)
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