El grupo de abogados brasileño Trench, Rossi e Watanabe y el estadounidense Gibson, Dun & Crutcher, serán los encargados de investigar, esclarecer y determinar el alcance de las denuncias realizadas por el ex director de la estatal Paulo Roberto Costa, quien acogiendose al secreto de confesión reveló que recursos de la estatal eran destinados a políticos del principal partido de gobierno.
De acuerdo a las declaraciones de Roberto Costa se conoce que al menos unos R$ 10 billones fueron desviados en una operación de lavado de dinero, conocida por tierra brasilera como "Lava -Jato". Otra denuncia que acosa a la petrolera fue la compra con sobreprecio de la refineria Passadena, en Texas, Estados Unidos.
"Petrobras firmó contratos con dos empresas independientes especializadas en investigación, una brasileña y otra estadounidense, con el objetivo de investigar la naturaleza, la extensión y el impacto de las acciones denunciadas", informó la mayor empresa de Brasil en un comunicado.
Las denuncias contra Petrobras fue fuertemente usado por durante las elección presidencial en Brasil. Pero el tema ya habia salido a luz con fuertes críticas al gobierno de la presidente Dilma Rousseff un año antes.
Para esclarecer el caso el oficialismos instaló una Comisión Investigativa en el Parlamento donde fueron convocados el ex presidente de la entidad Sergio Gabrielli y la actual ejecutiva Graça Foster, además entre otros ex funcionarios de instituciones gubernamentales que determinaron la compra de la refineria en 2006.
La petrolera, controlada por el Estado pero cuyas acciones cotizan en las bolsas de San Pablo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, informó que los respectivos contratos fueron suscritos el viernes y el sábado pasados.
La empresa admitió que las mismas denuncias motivaron la apertura de investigaciones en su contra por parte de los reguladores bursátiles de Estados Unidos y de Brasil y que los resultados de las investigaciones contratadas serán remitidas a tales órganos.
Las denuncias, también investigadas por la Policía Federal y el Congreso de Brasil, indican que una red de corrupción enquistada en la petrolera cobraba comisiones extraordinarias sobre cada uno de los contratos de la estatal para distribuir entre partidos aliados a Rousseff.
Las acusaciones, que salpican a una treintena de políticos, fueron hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa y por el empresario Alberto Youssef, que están presos desde hace varias semanas y aceptaron colaborar con la Justicia a cambio de reducciones en sus condenas.
Los dos delatores, que admitieron haber formado parte de la red de corrupción, supuestamente dijeron que cerca del 3% de cada contrato de la Petrolera era encaminado a formaciones políticas, principalmente al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
Youssef es propietario de una casa de cambio que supuestamente gestionaba los fondos captados irregularmente por la petrolera para beneficiar partidos políticos.
Las denuncias fueron esgrimidas varias veces por el candidato opositor Aécio Neves en la campaña para las elecciones presidenciales del domingo en Brasil, en las que Rousseff fue reelegida para un nuevo mandato con el 51,64% de los votos.
De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Veja el viernes pasado, dos días antes de las elecciones, tanto la jefa de Estado como su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, tenían conocimiento de la red de corrupción enquistada en Petrobras.
La información fue vehementemente negada por la mandataria, que anunció medidas judiciales contra el semanario, y desmentida por el abogado de Youssef, que dijo no haber escuchado a su cliente hacer tal acusación en ninguno de sus testimonios.
En el comunicado divulgado hoy, Petrobras indicó que las empresas contratadas verificarán todas las denuncias del ex director de Abastecimiento de la empresa, así como todos "los hechos y circunstancias correlativos que tengan impacto material sobre los negocios de la compañía".
La empresa anunció igualmente que solicitó aclaraciones a todas las empresas mencionadas supuestamente por los delatores como responsables por las irregularidades.
La estatal agregó que, paralelamente a las investigaciones, "está preparando medidas jurídicas adecuadas para exigir el resarcimiento de los supuestos recursos desviados y de los eventuales valores consecuentes de sobreprecios derivados de las empresas supuestamente participantes del cartel".
(Con informaciones de Infobae - Argentina y Valor Económico - Brasil, 28 octubre 2014)
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