La resolución del TCA, que es un órgano independiente de Justicia Administrativa, considera que los artículos recurridos "dañan el libre ejercicio de la medicina y la libertad de conciencia como derecho humano", por lo que resolvió suspender su aplicación hasta tanto se pronuncie sobre el recurso de impugnación presentado, señaló a Efe el abogado Gianni Gutiérrez que les representa.

El fallo definitivo del Tribunal se espera "para los primeros meses del 2015" dijo el jurista y destacó su confianza en que los cinco ministros que lo integran "definan la nulidad absoluta" de los artículos recurridos.

La decisión del TCA permite que los médicos se abstengan de realizar "cualquier actividad" que por su naturaleza o propósito contribuyan a la realización de un aborto.

La ley que habilita el aborto en Uruguay fue aprobada en diciembre de 2012 y la reglamentación permite la objeción de conciencia de los médicos y personal sanitario pero la limita a recetar el fármaco abortivo o practicar la interrupción del embarazo y los obliga a participar en todos los procedimientos previos y posteriores al mismo.

Tras la decisión del Tribunal los médicos pueden "negarse incluso a firmar" los "procedimientos administrativos" de cara a la realización del aborto, agregó el abogado.

Los cien médicos que impulsan el recurso son de todo el país y algunos no se oponen al aborto pero entienden que la legislación aprobada "se dirige en una sola vía" y "no da a la mujer toda la información necesaria sobre las consecuencias" de interrumpir un embarazo, señaló Gutiérrez.

La legislación uruguaya establece que toda mujer residente en el país puede solicitar que se les practique un aborto en cualquier centro público o privado, los cuales están obligados a realizar la intervención o a garantizar que se haga por terceros en casos de objeción de conciencia.

La solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo se hace hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones de comprobarse malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.

Previamente las pacientes deben pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social para recibir asesoramiento incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.

Las mujeres disponen de cinco días de reflexión y luego de ratificar su voluntad se les practica el aborto siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Apelación

El MSP presentará un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para que revea la suspensión de 11 artículos del decreto reglamentario de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tras el reclamo de 100 ginecólogos.

"En menos de una semana vamos a presentar un recurso", informó a El País el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo. "Todo está siendo estudiado por el departamento de jurídica. Recién hoy (por ayer) nosotros nos enteramos del fallo, y nos pusimos a trabajar con la celeridad que corresponde", explicó.

De todas formas, Briozzo advirtió que "si se confirma el fallo, habrá que hacer los cambios correspondientes al decreto" que reglamenta la ley. Pero aclaró que ello "no significará grandes cambios" y resaltó que el sistema "seguirá funcionando normalmente".

La suspensión de los artículos del decreto reglamentario que dispuso el TCA implica una ampliación en lo que respecta al alcance de la objeción de conciencia de los médicos ante la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La decisión habilita a los médicos a abstenerse en participar de todas las actividades preparatorias o posteriores a la realización de un aborto.

Los profesionales tampoco estarán obligados a firmar el formulario IVE, lo que debía hacerse en la primera consulta para que se procediera al proceso que terminaría en la interrupción del embarazo. También quedarán liberados de presentar por escrito su objeción de conciencia ante el prestador para el que trabajan.

Igualmente se suspendió el artículo que no permite a los médicos exponer su experiencia profesional y sugerir alternativas al aborto, para hacer a la paciente torcer su decisión.

De todas formas, sobre este punto, Briozzo advirtió que aunque el artículo 12, el que fue suspendido, manifiesta que "la intervención del equipo será el asesoramiento en temas técnicos con encare de disminución de riesgo y daño, sin la imposición de las convicciones filosóficas o personales de sus integrantes", el artículo 2, que no fue suspendido, advierte que "se deberá promover el respeto a la autonomía de la mujer" y que "el personal de salud interviniente debe abstenerse de imponer sus valores y creencias, así como sus visiones filosóficas y personales".

Briozzo consideró que la suspensión de los artículos "no modifica nada, porque el Ministerio ya ha sido respetuoso con las diferentes decisiones, y no ha obligado a nadie a presentar nada por escrito".

Y sostuvo que Salto, un departamento donde hasta principios de este año ningún ginecólogo aceptaba hacer abortos, "es un ejemplo paradigmático, porque se respetó la voluntad de todos los profesionales".

Llamado a médicos.

Desde el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), en tanto, llamaron a los ginecólogos a no negarle la atención a sus pacientes.

El ginecólogo Francisco Cóppola sostuvo que la suspensión a la decena de artículos que hizo el TCA, "no modificará el trabajo de los médicos", y que son "muy pocos" los que presentaron el recurso, si se compara con la cantidad de ginecólogos que hay en el país, "que son más de 600".

"Los que firmaron son casi todos de Salto, donde ya se sabía que esos médicos no realizaban abortos y tampoco participaban de las instancias previas", señaló Cóppola.

Por otro lado, el referente del SMU, que también es profesor adjunto de la cátedra de ginecología de la Facultad de Medicina, hizo un llamado a los médicos a que "no se nieguen a atender a sus pacientes".

"No hay que confundir la objeción de consciencia con retirarle la atención a los pacientes que lo necesiten", expresó el médico a El País.

Dictamen

En tanto, el abogado Agustín Amonte, quien junto a su colega Gianni Gutiérrez asesora al grupo de ginecólogos que se oponen al decreto, dijo a El País que el procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Rafael Ubiría, ya se pronunció a favor de declarar la nulidad de la disposición. El dictamen no es vinculante para los ministros del TCA, que resolverán sobre el fondo del asunto en los próximos meses.

Amonte agregó que tras la suspensión de 11 artículos del decreto reglamentario de la ley de aborto por parte del TCA, cómo se realizarán los procedimientos "es un problema del Ministerio de Salud Pública".

Denuncian que mala atención en parto ocasionó muerte de bebé

El senador colorado Alfredo Solari denunció que un bebé falleció en el departamento de Artigas, debido a la mala atención que su madre recibió durante el parto.

"Claudia Balbuena es una mujer casada, madre de cuatro hijos, de 36 años, residente de la ciudad de Artigas, que cursó un embarazo normal, bien controlado dando a luz a un varón que pesó 4.600 gramos el 31 de julio de este año. El parto fue muy traumático, causando una serie de fracturas y parálisis a su bebé, Ian Milan Viera Balbuena. Esas complicaciones le causaron indecible sufrimiento y lo llevaron a varias internaciones en su corta vida, falleciendo finalmente dos semanas después de nacer, el 14 de agosto. La clave de este nefasto resultado está en cómo fue atendido el parto", sostuvo Solari, a través de un documento que hizo público con el título: "Planteo frustrado por falta de quórum de la Comisión Permanente".

Los padres del bebé fallecido enviaron días atrás una carta a la dirección del Hospital de Artigas, la cual Solari hizo pública en su escrito. Ahí increpan a las autoridades preguntándoles por qué no se realizó la ecografía obligatoria a las 39 semanas de embarazo, para determinar si se haría un parto normal o por cesárea. También cuestionaron por qué en el parto de la mujer no había ni ginecólogo, ni pediatra. Por qué no fue el médico de guardia cuando la partera pidió ayuda. Por qué el bebé al nacer fue, siempre según su carta, "tironeado", lo que llevó a "quebraduras, parálisis de un brazo y derrame interno de sus ojos".

(Publicado por El País - Uruguay y agencia EFE, 16 octubre 2014)
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