El Gobierno está estudiando modificar el Código penal para tipificar como delito de terrorismo la participación en conflictos armados en el extranjero, según ha anunciado en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. El objetivo de esta reforma es poder enjuiciar a los ciudadanos españoles que se han enrolado en las filas del autodenominado Estado Islámico (EI), medio centenar según los cálculos del Ministerio del Interior, sin esperar a que delincan en suelo español. Frenar el flujo de combatientes extranjeros que se han sumado a la organización yihadista y, sobre todo, prevenir el riesgo de que cometan atentados terroristas cuando regresen a sus países de origen, es uno de los objetivos de la coalición internacional, a la que el lunes se sumó oficialmente España en la reunión que representantes de unos 40 países celebraron en París.
Margallo ha dicho que el EI —que controla amplias zonas de Siria e Irak— es una "amenaza directa para la seguridad de toda la UE" y, "singularmente importante para España, que está en la frontera sur de Europa". En coherencia con esta afirmación, ha asegurado que España está dispuesta a colaborar en la lucha contra el EI con medidas políticas, diplomáticas, económicas o humanitarias.
El ministro ha asegurado que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la contribución militar, a la espera de que se produzca un reparto de papeles en el seno de la coalición y se reciba alguna demanda concreta, pero ha enumerado un listado de "medidas hipotéticas". Es decir, de aquellas que el Gobierno tiene sobre la mesa:
1. Utilización de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). Ha recordado que la cesión de las bases para la operación contra el yihadismo no estaría amparada por la OTAN ni el por el convenio bilateral con EE UU, por lo que requeriría una autorización expresa del Gobierno, de la que se informaría al Parlamento.
2. Transporte estratégico. Se podrían facilitar aviones de transporte como apoyo logístico. Dinamarca y Australia ya lo están haciendo para llevar las armas donadas por diversos países a las milicias kurdas de Irak (peshmergas).
3.Donación de material militar no letal. España lo ha hecho ya con Ucrania, a la que ha entregado 300 cascos y 500 chalecos antifragmentos.
4. Donación de material militar letal. EE UU, Francia, Italia, Chequia, Reino Unido y Alemania han entregado armamento a las autoridades kurdas iraquíes, con el visto bueno de Bagdad. España dispone de un stock de 25.000 fusiles Cetme que podría donar.
5. Aviones de vigilancia, inteligencia, reconocimiento y reabastecimiento. Fue la principal aportación española en la operación de la OTAN que derrocó al dictador libio Gadafi en 2010.
6. Asesoramiento y formación militar. España ya lo está haciendo con los ejércitos de Mali y Somalia, en el marco de la UE. Podría hacerlo también en Irak o Jordania (para formar a los opositores sirios).
Margallo no mencionó la participación de España en los ataques aéreos que está realizando EE UU en Irak y a los que podrían sumarse Francia y Reino Unido, así como algún país del Golfo. Fue una forma implícita de descartarla. También dijo que cualquier apoyo militar deberá ser respetuoso con los principios y objetivos de la Carta de Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario –en el caso de Irak hay una petición de las autoridades legítimas, lo que no sucede en Siria-- y que el Gobierno buscará en todo caso el consenso de la oposición.
Acción consensuada
En todo caso, los principios inspiradores de la colaboración española tendrán que basarse en el respeto a la legalidad de la ONU y al derecho internacional; implicar un apoyo expreso al Gobierno legítimo iraquí respondiendo a sus demandas y que la estrategia a seguir forme parte de una acción consensuada y a largo plazo.
Esta misma mañana, un par de horas antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, el ministro de Exteriores ha asegurado en un desayuno informativo que la posibilidad de participar con tropas es hoy por hoy "una opción muy alejada".
(Publicado por El País y El mundo - España, 16 septiembre 2014)