El proceso comenzó a partir de la denuncia presentada por la empresa argentina Tort Valls S.A., que pidió una investigación por presunto dumping (vender un producto a un precio inferior al costo de producirlo, con el objetivo de competir más eficazmente) en operaciones de ingreso de fungicidas en distintas formulaciones presentados en formas o envases distintos a los utilizados en aplicaciones domisanitarios originarios de Uruguay, Chile, Perú y Estados Unidos.

El área de Defensa Comercial y Salvaguardias de la Dirección Nacional de Industrias ya realizó descargos ante las autoridades de comercio exterior de la vecina orilla.

La representación uruguaya argumentó que el margen de dumping determinado y presentado por la rama de producción nacional argentina para la empresa Fanaproqui S.A. "adolece de errores metodológicos insubsanables cuyo origen es la falta de representatividad de la información a partir de la cual fue calculado", según explicó a El País una fuente del Ministerio de Industria. También se presentó un informe certificado que detalla las ventas promedio en el mercado doméstico a precios comparables para la determinación del margen de dumping.

A comienzo de julio la Secretaría de Comercio Exterior de Argentina resolvió continuar el trámite sin aplicación de medidas anti-dumping provisionales. Las operaciones de importación que se despachen en plaza argentina de estos productos se encuentran sujetas al régimen de control de origen no preferencial.

La empresa Fanaproqui se dedica mayormente a la fabricación y comercialización de fungicidas para la agricultura. En 1997 la firma fue adquirida por Isusa, el principal fabricante de ácido sulfúrico y fertilizantes de Uruguay.

Por otra parte, Argentina cerró sin aplicación de derechos anti-dumping la investigación que involucraba a la filial local de la maderera Weyerhaeuser, en virtud que no se pudo demostrar que la exportadora vendiera al mercado argentino a un precio inferior del que vende en el mercado local.

"La autoridad de aplicación de Argentina aceptó las principales objeciones y recomendaciones que formulamos. No encontraron daño provocado por las exportaciones uruguayas", dijo la fuente consultada. Como informó El País, la investigación se había iniciado por la denuncia que presentara la empresa argentina Forestadora Tapebicuá por el ingreso de madera contrachapada desde China, Brasil y Uruguay. Se tomaba como base operaciones realizadas durante un período de entre dos y tres años hasta 2012.

En este caso también estaba involucrada la firma Urupanel que no presentó información sobre sus operaciones mientras duró la investigación. La maderera que funcionaba en Tacuarembó suspendió sus actividades a fines de julio y entró a concurso de acreedores (ver nota en página siguiente).

En 2012, Brasil había sancionado por dumping a empresas uruguayas de frazadas de fibra sintética, mediante la aplicación de derechos (tasas).

(Publicado por La Nación - Argentina, 18 agosto 2014)
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