El secretario general de la Presidencia de Paraguay, Juan Carlos López Moreira, afirmó que el gobierno de Horacio Cartes tiene la "postura firme" de "primero solucionar el problema de la deuda" y de las cuentas de la represa de Yacyretá, antes de avanzar en más obras.
El funcionario declaró que "mientras no se esclarezca la situación de las cuentas de la binacional" no proyectarán obras para aumentar la capacidad de generación de energía, como sugirió la presidenta argentina, Cristina Fernández, en su visita oficial a la semana pasada.
Fernández, dijo también que "si no hubiera sido" por su gobierno, "el que empezó en 2003, Yacyretá no estaría terminada".
La deuda es justamente uno de los puntos fuertes en la negociación, "ya que no existe aún acuerdo sobre el monto de la misma", según el portavoz del gobierno de Cartes.
Paraguay y Argentina comenzaron en junio, al cumplirse los 40 años de su entrada en vigencia, la revisión del tratado que rige la administración de la hidroeléctrica Yacyretá, de propiedad conjunta.
Paraguay sostiene que reconoce los aportes que hizo el tesoro argentino para la construcción de la represa, por un monto de US$ 6.000 mlls., "pero no así los intereses que figuran en las cuentas de la binacional" y que aumentarían esa cantidad a unos US$ 18.000 millones. "Nuestra postura es la de no aceptar los intereses porque el tratado dice que son aportes que no generan intereses. Por lo cual nuestra postura fue la de siempre, la de que primero está el arreglo de la clarificación de las cuentas y por último ver el tema de las obras, una vez que esté arreglado", explicó.
El gobierno de Cartes también pretende la regularización de las transferencias atrasadas a la margen paraguaya en concepto de energía eléctrica cedida a la Argentina. Este país solo emplea una pequeña parte del 50% de electricidad que le corresponde y, según el tratado original, el valor de venta del excedente se debía basar en el costo de producción, pero ese mecanismo nunca se aplicó.
En su lugar, en 1992 los gobiernos establecieron una tarifa fija, de US$ 0,03 dólares por kilowatio/hora, que debería estar vigente hasta 2048, el término de vida útil de la represa. El Congreso paraguayo reclama que nunca aprobó ese cambio, por lo que niega su validez e insiste en que la tarifa se eleve.
(Publicado por Agencias, 18 agosto 2014)
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