Previamente la iniciativa legislativa fue expuesta por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, quien resaltó su importancia porque el Estado peruano contrata cerca del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) al año, es decir, están en juego unos S/. 50 mil millones.

Explicó que el proyecto de la nueva ley de contrataciones estatales buscará una mayor flexibilidad de los procesos, pero con un adecuado control, además de apuntar a una gestión por resultados.

Castilla señaló que el hecho de que haya mayor rigidez en las normas solo ha logrado que la corrupción en el Estado se incremente.

"La sobrerregulación facilita la corrupción y obstaculiza la eficiencia", manifestó el ministro Luis Miguel Castilla.

Agregó que lo complicado de los procesos de contratación hizo que en la actualidad se registren 1,4 propuestas válidas por proceso de compra, y últimamente se ha venido reduciendo hasta llegar a un solo proveedor, mientras que en Chile están entre seis y once, lo que refleja una mayor competencia.

Además, con la modificación planteada las controversias ya no paralizarán las obras estatales, pues la nueva propuesta establece que una junta de resolución de disputas facilitará la solución de los conflictos.

Dicha junta estará conformada por especialistas que resuelven las controversia en el momento, y en tiempo real en algunos casos, de manera que las obras no se detengan.

Castilla manifestó que los arbitrajes presuponen que hasta que no se emita el laudo arbitral se paraliza la obra pública y existen muchos ejemplos en el país.

Actualmente los arbitrajes pueden ir de seis a 24 o 36 meses y paralizan las obras, además que el Estado pierde el 50% de los casos.

Otro de los cambios que plantea la nueva ley es la homologación de criterios entre las entidades del Estado para las contrataciones, así como darles discrecionalidad a las autoridades para la firma de los contratos.

También se cambiará el valor referencial de los productos y servicios, por el valor estimado, lo que permitiría contratar a menores costos y con mayor calidad.

Uso de recursos en las regiones

Por la noche, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el dictamen de la Ley que establece medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y locales.

El ministro Castilla también expuso esta iniciativa que busca que las regiones con cuentas congeladas por casos de corrupción tengan continuidad en los servicios que prestan a la población.

Señaló que se necesita crear una unidad ejecutora transitoria y especial en las zonas con cuentas congeladas que no solucionen sus problemas en un plazo de 30 días.

Castilla dijo que cuando no se cuenta con un responsable de la ejecución del gasto hace que los retrasos con los proveedores comiencen a generar efectos indeseados en términos de multas, contingencias legales, juicios, entre otros.

(Publicado por La República - Perú, 25 junio 2014)
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