El Parlamento sancionó el 10 de diciembre una ley que transformó a Uruguay en el primer país del mundo en tener un mercado legal de esta hierba desde su siembra hasta su venta al público, que se realizará en una red de farmacias. El mandatario firmó la legislación el lunes por la noche, señaló el prosecretario Diego Cánepa.

Según la ley, cada persona interesada, previamente registrada, podrá comprar 40 gramos de marihuana por mes. También se habilita la posibilidad del cultivo personal de cannabis, de hasta seis plantas por familia y 480 gramos de cosecha anual.

Desde la sanción legislativa están corriendo los 120 días que tiene el gobierno para reglamentar la ley y definir aspectos esenciales que no están precisados en el texto legal: qué empresas serán autorizadas a cultivar la hierba, qué tipo de cannabis se venderá y cómo se hará el registro de usuarios, entre otros.

Funcionarios del gobierno estiman que el sistema comenzará a funcionar a mediados de 2014.

Con la promulgación de la ley quedó habilitada la posibilidad del cultivo hogareño de marihuana, único aspecto de la legislación que ya se encuentra funcionando.

Cómo funcionará?

El 11/12 Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar la producción, distribución y venta de marihuana, y el primero en el mundo en poner en manos del Estado el control de todos estos aspectos.

Los consumidores registrados tendrán que ser mayores de 18 años.

El Estado asume el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana o sus derivados.

Se creará un organismo estatal, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que dependerá del Ministerio de Salud Pública y que emitirá licencias y controlará la producción, la distribución y compraventa.

En definitiva, en cada etapa del proceso habrá de alguna manera u otra una presencia del Estado

¿Quiénes podrán comprar y cultivar?

Podrán comprar en farmacias autorizadas todos los uruguayos o residentes en el país, mayores de 18 años, que se hayan registrado como consumidores para uso recreativo o medicinal de la marihuana.

Adicionalmente, los usuarios podrán acceder al producto por dos vías:

Autocultivo personal (hasta seis plantas y un máximo de 480 gramos por cosecha al año).

Cultivo en clubes con membresía (con mínimo de 15 socios y un máximo de 45, y un número de plantas proporcional con un máximo de 99).

La tenencia máxima de una persona será de 40 gramos. También se establece en idéntica cifra el límite máximo que se podrá expender por persona al mes.

Aún no está claro cuál será el precio de la marihuana legal. Aunque el gobierno pretender competir con el narcotráfico estableciendo precios similares (por ejemplo, 1US$ por gramo), organizaciones de consumidores del cannabis aseguran que esta meta será difícil de cumplir.

Se podrá cultivar también con fines científicos y de uso medicinal, que se podrá obtener con receta médica y se habilita la producción del cannabis no psicoactivo conocido como cáñamo industrial.

También podrán cultivar productores en el país, que tendrán que contar con licencias del estado.

¿Cómo se otorgarán las licencias?

El proyecto de ley no especifica qué criterios se aplicarán para otorgar licencias, cuál será su costo, o a quiénes serán autorizados.

Lo que sí establece es que se crearán los registros correspondientes para la producción, el autocultivo y el acceso a la marihuana a través de farmacias.

Estos registros se enmarcarán en la ley de protección de datos sensibles o ley de habeas datas.

Y serán administrados por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis.

El volumen de marihuana previsto es de unas 25 toneladas anuales, que es lo que se consume en el mercado negro, de acuerdo a estimaciones del gobierno.

Según le dijo a BBC Mundo el director de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada, se prevé que se adjudiquen pocan licencias para la producción de marihuana, al menos al principio (podrían ser unas 20), a cultivadores que garanticen la seguridad y los niveles de cosecha necesarios para satisfacer la demanda.

Las primeras licencias se empezarán a otorgar a mediados del año que viene.

Toda plantación no autorizada deberá ser destruida con intervención de un juez y el IRCCA será el encargado de aplicar las sanciones por infracciones a las normas en materia de licencias.

(Publicado por El País y Agencias, 25 diciembre 2013)
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