"La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha observado con preocupación que al gobierno de Uruguay no le fuese posible enviar una delegación al recién concluido período de sesiones de la Junta, para discutir el estado del cumplimiento por el país de los tratados de fiscalización internacional de estupefacientes", indicó el organismo en un comunicado difundido en Viena.

"La JIFE continúa preocupada por el proyecto de ley que está siendo considerado en Uruguay y que de aprobarse legalizaría la producción, venta y consumo de hierba de cannabis con fines no médicos", añadió.

Citado por el comunicado, el presidente de la JIFE, Raymond Yans, señaló que la legalización de la marihuana "contravendría lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes" adoptada por 186 países, incluido Uruguay.

Yans añadió que "la hierba de cannabis está controlada debido a sus potenciales efectos de dependencia" y porque "de continuarse el desarrollo actual en Uruguay tendría serias repercusiones para la salud pública, particularmente para la juventud, además de ser una violación de los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes de la ONU".

Concluyó que la Junta "espera que el gobierno de Uruguay busque reanudar el diálogo con la JIFE a la mayor brevedad posible, antes de que avance el proyecto de ley en el país".

La JIFE es el órgano de fiscalización independiente y cuasijudicial encargado de promover y vigilar la aplicación por los Gobiernos de los tratados internacionales de fiscalización de droga: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

El proyecto de ley impulsado por el presidente José Mujica, y que convertiría a Uruguay en el primer país del mundo en asumir el control de todo el proceso de producción y venta de cannabis, fue aprobado el 31 de julio en la Cámara de Diputados. La bancada del Frente Amplio pretende sancionarlo en diciembre en el Senado.

La preocupación y advertencia de la JIFA van en línea que la posición que en los últimas semanas han mantenido la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Asociación de Química y Farmacias del Uruguay.

Estas instituciones alertaron sobre los efectos negativos que tendría la legalización de la marihuana, en el primer caso por los riesgos del consumo, y en el segundo por la inconveniencia de que se venda en farmacias.

Cecilia Idiarte Borda, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría, dijo el domingo a El País que esa institución no se proclama "ni a favor ni en contra", pero que sí apuntan a "advertir" los efectos nocivos de la marihuana.

"Lo que más nos preocupa es el descenso significativo en la percepción del riesgo de la marihuana, principalmente en los adolescentes, que es la edad de inicio del consumo", dijo Idiarte Borda. En ese sentido, agregó: "Una ley que pretenda regularizar el consumo puede dar la impresión de que el mismo es inocuo, y eso lo vemos en los consultorios".

Por su parte, los químicos advirtieron que renunciarán si se los obliga a vender marihuana en las farmacias. Aseguran que sin su supervisión, las farmacias se convertirían en kioscos. "Estamos muy preocupados por el posible desprestigio de la actividad, porque hoy la farmacia comunitaria tiene la obligatoriedad de entregar medicamentos controlados y con receta verde; pero a veces no se cumple con eso. Nos preguntamos qué pasará mañana si el químico detecta que se entregaron más cigarrillos que los registrados", dijo a El País Eduardo Savio, secretario de la Asociación de Química y Farmacia.

Proyecto se vota

El proyecto de la marihuana comenzó a votarse en la Comisión del Salud del Senado y será tratado en el plenario de la Cámara en diciembre. La iniciativa, que solo cuenta con los votos del FA, habilita a las farmacias a vender hasta 20 gramos mensuales de marihuana por usuario registrado.

(Publicado por El País - Uruguay, 20 noviembre 2013)
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