La Cámara
de Apelaciones en lo Comercial descartó la demanda de un director de YPF que
había solicitado copia del contrato firmado con Chevron. Entendió que son
cuestiones que deben resolverse dentro de la propia compañía.
La Justicia
rechazó la demanda de un director de YPF designado por Repsol que había
solicitado una copia del contrato firmado con la estadounidense Chevron. Luego
de que la empresa se negara a darle la documentación, Luis García del Río,
representante de la petrolera española, judicializó el reclamo, pero el
miércoles pasado la Cámara de Apelaciones en lo Comercial Federal entendió que
la posibilidad de exigir por esa vía la documentación requerida se encuentra
vedada, dado que YPF tiene previstos mecanismos internos que deben ser
utilizados previamente.
Luego de la
firma del contrato entre YPF y Chevron, Luis García del Río y Carlos María Tombeur,
los dos directores que aún conserva Repsol en la petrolera controlada por el
Estado, solicitaron la documentación disponible, pero la conducción de la firma
rechazó el pedido y sólo les facilitó “la información pertinente” a la
evaluación del contrato para su aprobación en el directorio. A mediados de la
semana pasada, YPF puso en conocimiento de la Bolsa de Comercio el dictamen del
comité de auditoría de la empresa que respaldó la postura de Galuccio, al
considerar que los dos directores españoles se encuentran “incursos en una
situación de conflicto de interés” con YPF, dada la disputa que Repsol mantiene
abierta con la petrolera argentina en su demanda de una indemnización
millonaria por la expropiación de las acciones. La petrolera española había amenazado
con impugnar la inversión de Chevron en áreas asignadas a YPF si previamente no
se le ofrecía “un acuerdo razonable” para compensar la pérdida del control
accionario.
La negativa
al pedido de documentación volvió a promover suspicacias en torno de la
supuesta existencia de “cláusulas secretas” en el contrato. YPF, en cambio,
sostiene que la defensa de la confidencialidad de los detalles del contrato es
“estratégica” para evitar que Repsol encuentre una veta para impugnar el
acuerdo de inversión en Vaca Muerta. “García del Río y Tombeur se encuentran
incursos en una situación de conflicto de interés en relación con aquellas
cuestiones en que los intereses del grupo Repsol se encuentren en conflicto con
los de YPF en general, y en particular respecto de la celebración y el acceso a
la información asociada al acuerdo entre YPF y Chevron”, resolvió el Comité.
Luego del
rechazo, García del Río se presentó a la Justicia, pero los camaristas Gerardo
Vassallo, Juan José Dieuzeide y Pablo Heredia descartaron el pedido. El
tribunal reconoció que “la cuestión planteada por García del Río había sido
derivada al ámbito de la vía interna de evaluación por parte de un comité en un
todo de acuerdo con una aceptada y aceptable solución propia de un buen
gobierno corporativo”. Asimismo, entendió que no era ajeno al ámbito de
conocimiento del Comité de Auditoría de YPF “la dilucidación de conflictos
intrasocietarios vinculados al ejercicio del deber, derecho de los directores
de acceder a la información cuando es rehusado”. Finalmente, la sentencia
también resaltó que el “derecho-deber de información de un director no tiene
carácter absoluto o irrestricto, ya que podía estar sujeto a razonables límites
en determinados supuestos, incluyendo entre estos supuestos al caso del interés
de un director orientado a favorecer a personas vinculadas a él o a ciertos y
determinados accionistas. Esta restricción tiene por base la idea de que el
ejercicio del derecho a la información por parte de un director no pueda servir
de medio para obstruir o perjudicar la actividad social”.
(Publicado
por Página 12 – Argentina, 11 noviembre 2013)
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