Nueve años después, por este hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) falló a favor de los exjueces. Dispuso que se les pagara una millonaria indemnización.

Ante esto, la Procuraduría General (PGE) anunció ayer, en un comunicado, que se dio "inicio a las acciones de protección por parte de las autoridades involucradas en los hechos que generaron la responsabilidad del Estado".

Según el catedrático Agustín Grijalva, eso quiere decir que los diputados que votaron a favor del cese de los jueces tendrán que pagar las indemnizaciones.

La PGE precisó que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso el pago de una indemnización compensatoria ante la imposibilidad de que los exmagistrados y vocales puedan retornar a sus funciones". Ante esto, "el pronunciamiento de la CorteIDH, en cada caso, cerró categóricamente las puertas a la posibilidad de que sean reincorporados".

Gilmar Gutiérrez, diputado de Sociedad Patriótica (SP) en el 2004, argumentó que "la Carta Magna anterior y la actual son claras y expresan que los diputados no son responsables por los votos en el ejercicio de sus funciones. Esa inmunidad que el pueblo ecuatoriano le entrega a su representante no la tienen otros funcionarios públicos", aseguró.

Con este criterio coincidió Luis Villacís. A su juicio, el fallo de la CorteIDH se dio porque el Estado ecuatoriano se quedó en indefensión. "El Gobierno y el Procurador no actuaron para defender los derechos del Estado, no dieron el argumento que debieron entregarle a la CorteIDH en el sentido de que la acción del Congreso se dio cumpliendo un mandato constitucional de 1998", manifestó.

El abogado constitucionalista Ramiro García, director del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal, también cuestionó a la PGE.

A su juicio, la defensa de esta entidad fue "deplorable". También comentó que sería posible que se aplique una acción de repetición en contra de los diputados del 2004. "Pero recordemos que el actual Régimen cesó a más de 50 legisladores y a una Corte. Así que le veo muy aventurado que este recurso legal se aplique". Esto, al tener en cuenta la "falta de transparencia judicial en los últimos años".

Frente a estos cuestionamientos, la PGE señaló que el Estado ecuatoriano sí logró demostrar jurídicamente la inexistencia de violaciones a varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

El fallo de la CorteIDH también hizo referencia al cese de los vocales del Tribunal Constitucional, ocurrido en noviembre del 2004. En ese hecho, el ente determinó que el Congreso "no tenía competencia para el cese de los vocales" y que ellos no fueron notificados de la sesión en la que les destituyeron.

Ayer, el actual presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, indicó que la CorteIDH emitió un fallo que es vinculante y obligatorio para los Estados que forman parte de ese organismo. "Ahora lo que corresponde es cumplir con lo que dispone", precisó.

El funcionario dio declaraciones durante el seminario denominado Procesos constituyentes y modificaciones constitucionales, que comenzó ayer en un hotel del norte de Quito. Junto con Pazmiño se encontraba el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, quien prefirió no comentar sobre la sentencia. El magistrado argumento que no lo hacía porque todavía no había revisado el documento.

Acción de repetición

El catedrático universitario Agustín Grijalva sugirió que la acción de repetición también debería ser asumida por Lucio Gutiérrez, presidente de la República en el 2004.

El exjefe de Estado indicó que no tuvo nada que ver en la decisión del Congreso Nacional de cesar a los magistrados de la CSJ. Su intención solo era analizar la situación de los magistrados de la sala de lo Penal que eran tres.

(Publicado por El Comercio - Ecuador, 7 noviembre 2013)
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