Uruguay acusó a la Argentina de manipular los datos de monitoreo ambiental a la pastera situada en Fray Bentos, y en Buenos Aires cuestionaron al gobierno de José Mujica por no informar sobre la contaminación real que habría en el río Uruguay.

En medio de esta disputa, hay un largo listado de irregularidades que del lado argentino desnudan una política de oscurantismo que rodeó a la CARU.

Con la resolución 817/2006, firmada por el entonces canciller Jorge Taiana, la Argentina comenzó a transitar un camino sinuoso en el manejo de datos que se mantuvo hasta ahora. En ese documento secreto, al que accedió LA NACION, el Gobierno decidió mantener bajo carácter "reservado" todas las actas que la CARU emitiera en relación con el conflicto por la ex Botnia. La medida se hizo retroactiva a las actas de 2002 en adelante. Ésta fue una decisión unilateral de la Argentina, y así se impidió conocer los informes de impacto ambiental que los científicos de ambos países tenían entre manos y que nunca se pusieron de acuerdo en divulgar.

El Gobierno sustentó esta decisión en la necesidad de "evitar que la circulación de las actas pueda poner en riesgo la posición de la Argentina" en el diferendo que se llevó a la Corte Internacional de La Haya. Pero la reserva de datos se mantuvo más allá del fallo que en 2010 emitió la justicia internacional y, al parecer, le sirvió a la Argentina para frenar informes de monitoreo ambiental.

"La reserva fue una estrategia clara de la Argentina para evitar que se dieran a conocer informes contrarios a la idea de contaminación que se quería mostrar a los asambleístas de Gualeguaychú con fines electorales", expresó a LA NACION un destacado diplomático uruguayo.

"El secreto es para la sociedad civil y la opinión pública claramente en violación de lo que establece la ley 25.831 sobre información pública ambiental y el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional", dijo a LA NACION Raúl Estrada Oyuela, ex representante argentino ante la CARU.

En medio de ello, fuentes confiables de la Cancillería aseguran que el carácter reservado que impuso unilateralmente la Argentina a las actas también le sirvió al Gobierno para no exhibir las abultadas "dietas" en dólares que varios funcionarios de la CARU recibían sin intervención de la Auditoría General de la Nación, ya que los presupuestos de esa comisión y su ejecución no se auditan.

El asambleísta de Gualeguaychú Jorge Fritzler dijo a LA NACION que en más de una oportunidad los habitantes de esa ciudad entrerriana le pidieron en vano a la CARU que entregara los informes de impacto ambiental. "Nunca quisieron transparentar la información, y tampoco el referente argentino en la CARU Hernán Orduna nos quiso recibir", añadió Fritzler.

Ayer, Uruguay pidió a la Argentina que los informes ambientales sobre la ex Botnia se hagan de los dos lados del río. Al parecer, este reclamo apunta a profundizar el digesto de la CARU que sostiene que la contaminación debe producir "efectos deletéreos o daños a los recursos vivos, riesgo a la salud humana, amenaza a las actividades acuáticas incluyendo la pesca, o reducción de las actividades recreativas". Nada de esto se sabe porque los informes de contaminación que dio a conocer Héctor Timerman fueron rechazados por Mujica por entender que sus resultados se manipularon. Por eso nadie sabe si el río está contaminado como consecuencia de la ex Botnia o de agroquímicos o desechos que se arrojan en otros lugares cercanos a la pastera.

Los ambientalistas de Greenpeace y de otras ONG consultados coincidieron en que los datos que hasta ahora dio a conocer la Argentina son "confusos". Los enredos jurídicos y reglamentarios que impuso la Argentina no hicieron más que aumentar los niveles de confusión.

Una resolución muy polémica

El documento que la Argentina emitió para no mostrar las actas.

Carácter "reservado"

Desde que el Gobierno emitió la resolución 817

2006, todas las actas y documentos que salían de la Comisión Administradora del Río Uruguay eran de carácter "reservado". Esa medida se hizo retroactiva a 2002 y la firmó el ex canciller Jorge Taiana. Hasta ahora la Argentina mantuvo el carácter reservado de todo lo actuado por la CARU, incluidos los informes ambientales.

Versión uruguaya

La respuesta que el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, le hizo llegar a su colega argentino, Héctor Timerman, fue más extensa y detallada que la comunicación que este le había enviado el martes. En la carta Almagro sostiene que Uruguay en todo momento actuó conforme a sus obligaciones con Argentina y en forma respetuosa con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 sobre UPM (ex Botnia). Almagro enfatizó que la autorización se produjo más de 390 días después de que se informara a Argentina sobre el pedido de aumento de producción de la planta de celulosa, sin que en ese lapso el país vecino formalizara sus objeciones.

La misiva detalla el proceso que tuvo la solicitud, destacando que Uruguay facilitó toda la información relevante del proyecto, incluyendo todos los datos complementarios que Argentina requirió.

"En base a estas informaciones, la República Argentina estaba en condiciones de comunicar al Estado uruguayo cuales eran los aspectos del proyecto que podrían causar un perjuicio sensible a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas, las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones sugeridas al mismo. Sin embargo, la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) continuó realizando sucesivos pedidos de información cuyo efecto no fue otro que el de obstaculizar el transcurso de los plazos previstos en las mencionadas normas, los que resultan de imperativo cumplimiento", acusa la carta.

En este sentido, ayer el vicecanciller Luis Porto sostuvo que Argentina "prejuzgó" la solicitud de UPM. Esta postura dilatoria argentina, según Almagro, "desnaturaliza" el proceso de intercambio de información.

"Para Uruguay no es aceptable que, mediante esta práctica, el derecho a la información con el que cuentan las partes, conforme a los artículos 7 a 12 del Estatuto, se vea transformado en un derecho de veto implícito sobre los proyectos que se llevan a cabo en el territorio de la otra parte", advierte el ministro.

Almagro recuerda que el 1° de octubre hizo en persona a Timerman una propuesta "ambiciosa y constructiva". Consistía, básicamente, en ampliar el Digesto del Río Uruguay para elevar los estándares de protección del río, analizar el agua con nuevos requerimientos ambientales, abordar la presencia de fósforo en el curso de agua, instalar equipos de estudio de calidad del aire y la medición continua de los efluentes de UPM y los presentes en la desembocadura del río Gualeguaychú.

"Esta iniciativa no solo refleja la buena fe y la buena disposición del Uruguay para continuar las negociaciones, hecho que no puede ser ignorado, sino que aporta una base concreta para avanzar en las mismas y poder alcanzar los más altos estándares internacionales para la protección del río, aplicables tanto a sus aguas como a los efluentes que se vierten en el mismo", sostiene Almagro.

El canciller termina su carta reiterando su voluntad de diálogo y señala que espera una respuesta argentina a la propuesta realizada.

Uruguay todavía espera que Argentina no lleve su molestia por el tema de UPM a la Corte Internacional de La Haya pero si eso sucede tiene la tranquilidad de que le asiste razón, dijo Porto. "Cualquiera sea el camino que se recorra, estamos tranquilos", aseguró

Porto se reunió ayer por la mañana con el embajador de Argentina en Uruguay, Dante Dovena, que se comprometió a ayudar a encontrar una solución para el cobro de "visas artísticas" que ha molestado a artistas uruguayos que deben pagarlas si quieren realizar espectáculos en la vecina orilla.

La solución seguramente pasará por la firma bilateral de un convenio similar al que Argentina tiene con Brasil, cuyos artistas están exonerados del pago. Porto no quiso establecer una relación entre el diferendo con UPM y las visas. "No tengo idea si es casualidad o no", señaló. "Los países chicos tenemos como herramienta el derecho internacional y el diálogo. Nosotros actuamos ajustados al derecho que es nuestro principal escudo", dijo Porto.

2 años de análisis: sin contaminación

El informe de los técnicos uruguayos en el Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay ratifica que 27 meses de análisis confirmaron que los efluentes de UPM cumplieron los estándares ambientales requeridos con la única excepción de la descarga de la pileta de pluviales número 4 en noviembre de 2001. En esa oportunidad el valor de pH superó el máximo permitido, detalla el informe completo al que accedió El País. En cuanto a la desembocadura del río Gualeguaychú, Eugenio Lorenzo y Gustavo Seoane, los autores del trabajo indican que "cerca de un sexto de aquellos (parámetros) para los que se dispone de estándar a cumplir presentaron en alguna ocasión valores superiores al estándar". La superación del estándar se produce con alta frecuencia en el caso del aluminio, el berilio, el hierro y el nitrógeno amoniacal.

(Publicado por La Nación – Argentina y El País - Uruguay, 17 octubre 2013)
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